Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSNAL PLURINACIONAL 0495/2019-S4 Sucre, 12 de julio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 27478-2019-55-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 002/2019 de 29 de enero, de fs. 1074 a 1078 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alex Fernando Núñez Vargas contra Omar Michel Durán, Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros y Marita Tordoya Guzmán Jueza Disciplinaria Segunda del Distrito de Beni todos del Consejo de la Magistratura
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 22 de octubre de 2018, cursante de fs. 3 a 19 vta., subsanado el 30 de febrero de 2018 (fs. 44 a 55 vta.), el accionante expresó los siguientes aspectos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Como Juez en materia laboral, conoció un proceso de reincorporación seguido por Saúl Ortiz Nava contra la empresa NUDELPA limitada (Ltda.), en cuyo trámite y por denuncia presentada por el demandante, fue sometido a proceso disciplinario que culminó con la Resolución de Segunda Instancia 016/2018 de 17 de abril, por la que las autoridades demandadas, declararon improbada la comisión de la falta inmersa en la sanción del art. 187 inc. 9) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- y probada la falta grave descrita en el inc. 14) de la misma disposición legal, aplicando la sanción de suspensión de un mes sin goce de haberes, al haber considerado que por las pruebas de presentadas, resultaba evidente la dilación y retardación en la tramitación del proceso laboral que tuvo a su cargo al no haber impreso la celeridad prevista en la ley para los procesos laborales que son sumarios.
La Resolución pronunciada por las autoridades demandadas, contiene una valoración subjetiva, tendenciosa, incongruente y arbitraria que fue dirigida a demostrar la supuesta negligencia y retardación de justicia sin fundamentación y motivación porque no señaló ni demostró la violación o incumplimiento de ningún precepto jurídico normativo y/o procedimiento laboral, resultando evidente la vulneración del debido proceso. A ello añade, que al ser subjetiva e incongruente, infringió también, el derecho a la defensa al haberse pronunciado sobre hechos que no fueron denunciados ni formaron parte de la controversia. Apuntó que en" la denuncia escrita que cursa a fs. 99 - 100 vta..." (sic.), Saúl Ortiz Nava, observó que como Juez del proceso, abrió un término de prueba de diez días que venció el 13 de octubre de 2016, en ese sentido motivó que el 17 del mismo mes y año, solicitara su clausura, petición que mereció la providencia "estese al proveído de la fecha", vulnerando el principio de motivación y el art. 157 del Código Procesal del Trabajo (CPT). Añadió el denunciante, que el 10 de mayo de 2017, refirió por cuarta vez, la clausura del término probatorio, misma que fue denegada por no haber lugar a lo pedido al existir prueba pendiente de producción. En la indicada acusación se señaló que la parte demandada tuvo ciento cuarenta y nueve días para requerir audiencia y que de esa forma, como Juez del proceso incumplió en forma dolosa y flagrante el debido proceso.
Sin embargo, en la Resolución pronunciada por la Jueza Disciplinaria del departamento de Beni, dispuso ilegalmente su suspensión por un mes, considerando hechos no denunciados y que no fueron objeto de controversia, tal cual acreditó en el desglose y revisión de la Resolución impugnada, en la que fueron considerados como negligencia los siguientes actos:
- a)Haber fijado audiencia para el 12 de enero de 2017, citando erróneamente el día y provocando que la empresa demandada interpusiera maliciosamente un incidente de nulidad de audiencia, con la clara intención de demorar la tramitación del proceso; y,
- b)Luego de dicho señalamiento erróneo, fijó nuevo día y hora de audiencia para un mes después, con la excusa de tener fijadas otras audiencias con antelación; empero, la tablilla de audiencias evidenció que existieron días en los que no existía ninguna; sin considerar primero, que quien señaló dicho acto procesal fue el Juez suplente legal; y, segundo, que se deben reservar días libres para resolver las causas, incidentes y excepciones, a lo que se añade, la saturación de procesos sin resolver desde la gestión 2009 inclusive, situación sobre la que no se le permitió defenderse y tampoco se consideró que los actuados del proceso se encuentran en revisión por el Tribunal de alzada al haber sido apelados.
Agregó que en la Resolución impugnada se afirmó que existió una supuesta retardación de justicia y negligencia, que no fue objeto de la denuncia únicamente se refirió a la presuntamente ilegal, producción de prueba pericial de descargo por ser extemporánea y por haberse negado a clausurar el periodo probatorio, por ello fue infundada, sin motivación, arbitraria, ilegal, incongruente y subjetiva.
Denunció también, que si se hubiese valorado la prueba que aportó al proceso disciplinario seguido en contra, se tendría que haber evidenciado que no existió negligencia de su parte porque todos los actos ordenados en el proceso laboral, eran necesarios tales como el oficio dirigido a la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, solicitando la documentación original de la acción de defensa presentada por Saúl Ortiz Nava, que debió ser objeto de grafotecnia forense de manera que la demora fue atribuible a la Sala ya mencionada y no a su negligencia como se consideró erróneamente. Respecto a la prueba pericial cuya producción en el referido proceso fue admitida, mediante varias notas, reiteró al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que el perito designado realice la pericia caligráfica ordenada sin respuesta alguna, como también ocurrió, con las notas dirigidas al Comando de la Policía para que remita terna de peritos en grafotecnia.
Sobre la actuación de los Consejeros de la Magistratura ahora demandados, señaló que pese a la claridad de los fundamentos de su recurso de apelación, no fueron atendidos en la Resolución de apelación porque fue considerado difuso y poco claro, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa. Señaló también, que los accionados omitieron pronunciarse sobre todas las pruebas producidas durante el trámite del proceso disciplinario en primera instancia, pues si lo hubieran hecho, el resultado habría sido diferente.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes motivación, fundamentación; congruencia y valoración de la prueba, citando al efecto, los arts. 13.II, 14.I, 115.II, 128 y 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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