Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 11 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26864-2018-54-AAC Departamento: Beni Partes: Carlos Vicente Vaca Barrios contra Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada, Omar Michel Duran, Consejeros; y, Vicente Remberto Cuellar Tellez, Director Nacional de Recursos Humanos, todos del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirmó la Resolución 09/2018 de 28 de noviembre, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento de Beni y concedió la tutela solicitada únicamente respecto a las autoridades que emitieron la Resolución RR/DNRH 026/2018 de 4 de octubre, dejándola sin efecto y dispuso que las autoridades demandadas que emitieron la Resolución dejada sin efecto, emitan una nueva conforme a los argumentos vertidos en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional.
En todo caso, considero que debió CONFIRMAR dicha Resolución Constitucional; y, en consecuencia, conceder la tutela definitiva e íntegra sobre la garantía de inamovilidad laboral; por tanto, la parte resolutiva que debió ser sustentada sobre la base de los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La accionante denunció que los representantes del Consejo de la Magistratura, vulneraron sus derechos al trabajo, garantía de inamovilidad laboral, remuneración y salario justo, seguridad social; toda vez que se le agradeció sus servicios sin considerar su condición de padre progenitor de una niña menor de un año; por lo que, solicitó que:
- a)La reincorporación inmediata a su fuente laboral como funcionario receptor de DD.RR Técnico III;
- b)El uso y goce de sus derecho a la seguridad social de corto y largo plazo;
- c)El pago de sus salarios devengados actualizados al día de su reincorporación; y,
- d)El pago de costas.
En consecuencia, correspondía en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se debió desarrollar los siguientes temas:
- 1)La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados ;
- 2)Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material;
- 3)La concesión de la tutela debe disponer los efectos jurídicos más favorables, independientemente de la modalidad de acceso a la justicia constitucional de la o el progenitor; y,
- 4)Análisis del caso concreto. II.1. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados. El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios.
En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE).
Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado, a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: "Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal". Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/20121 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la . Lo que implica además la protección del ser en gestación; así, en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la de 20053, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción.
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