Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0497/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 57839-2023-116-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 135/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 147 a 149, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Henry Paredes Delgadillo en representación de Alfredo Cuellar Mercado contra Hugo Eduardo Arandia López, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); y, Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 47 a 51, el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 10 de febrero de 2023 presentó un memorial dirigido a Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez, General de Brigada Aérea -demandado-, en su condición de Comandante General de la FAB, solicitando se extienda a su favor el "...Memorándum de Pase al Servicio Pasivo (Promoción 1987-35 años de servicio)" (sic), en virtud al Memorándum 134/2022 de 27 de octubre, de pase a la letra "A", cumpliendo los requisitos establecidos en la ley; no obstante, luego de haber tramitado su autorización judicial de viaje para recoger personalmente dicho documento -encontrándose con arresto domiciliario en la causa con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 30227249-, le informaron verbalmente que el trámite aún continuaba en Asesoría Legal.
En este contexto, el 17 de abril de 2023 reiteró su solicitud, haciendo mención esta vez al art. 86 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) -Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992-, y la obligación de la autoridad requerida de entregarle el mencionado Memorándum, siendo notificado en la misma fecha con la Resolución de 24 de febrero de 2023, ordenando que con carácter previo adjunte fotocopias legalizadas de los documentos, que ya fueron presentados en originales a la Dirección General de Bienestar y Seguridad Social (DIGESS) del Ejército; razón por la cual, el 3 de mayo de 2023, presentó otro memorial adjuntando las copias legalizadas exigidas sin justificativo legal y reiterando su solicitud. Ante la falta de respuesta, el 5 de mayo de 2023 presentó un memorial dirigido al General del Ejército Hugo Eduardo Arandia López -ahora accionado-, en su condición de Comandante en Jefe de las FF.AA. y autoridad jerárquica, solicitando la realización de gestiones para la entrega del Memorándum; no obstante, tampoco obtuvo respuesta positiva o negativa.
Hasta la interposición de la presente acción tutelar, ambas autoridades y sin justificativo alguno, omitieron su obligación de dar respuesta formal, pronta y oportuna al fondo de su petición, lesionando su derecho fundamental a la petición; además, de colocarlo en inseguridad jurídica e indefensión, cuando era su obligación legal entregar dicho documento, máxime si este constituye requisito habilitante para el ejercicio de otros derechos como la seguridad social, derivado de los derechos a la dignidad humana, a la vida y a la salud, que comprende el beneficio de su jubilación, necesario para su subsistencia y la de su familia; considerando que, sin el aludido Memorándum no puede continuar los trámites para acceder a su jubilación y tampoco a la devolución de sus aportes a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), a la Mutualidad Teniente General Germán Busch (MUGECUSCH) y a la Asociación Pro-Jubilados de la Fuerza Aérea Boliviana (ASOFAB), pese a cumplir los requisitos establecidos para el trámite de jubilación de las FF.AA. de la gestión 2023 contenidos en el Instructivo "MD-SD-DGAA.U.RR.HH.SSPH.SSO", que otorga el plazo para trámites rezagados hasta el 10 de junio de la misma gestión, de ahí la urgencia de la acción de amparo constitucional interpuesta.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la petición, a la jubilación, a la defensa, al principio de seguridad jurídica y a la seguridad social, este último vinculado a la vida, a la salud y a la dignidad humana; citando al efecto, los arts. 24, 45 y 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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