Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0498/2019-S1 Sucre, 9 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad
Expediente: 27628-2019-56-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 03/19 de 26 de enero de 2019, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Magaly Rocha Gutiérrez en representación sin mandato de Freddy Cruz Gonzales contra Julio Nelson Alba Flores, Andrés Adhemar Rueda Esquivel y Susana Zabala Dávila, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto; y, Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera, todos de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 25 de enero de 2019, cursante de fs. 29 a 30 vta., el accionante por intermedio de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 5 de noviembre de 2018, la Fiscalía Corporativa de delitos Patrimoniales, presentó ampliación de imputación contra su persona por la presunta comisión del delito de robo agravado, ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, autoridad judicial que rechazó llevar adelante la audiencia de medidas cautelares por ser incompetente, remitiendo los antecedentes ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de ese departamento, que celebró el acto procesal el 5 de igual mes y año, lográndose enervar los riesgos procesales previstos en el Código de Procedimiento Penal (CPP) en sus arts. 234.1 relacionado con los elementos familia y domicilio, 234.10 peligro para la sociedad y la víctima; y, 235 peligro de obstaculización, disponiendo su detención preventiva porque estaría latente el elemento trabajo, establecido en el art. 234.1 del referido Código, remitiéndose los antecedentes al citado Tribunal de Sentencia para la prosecución de la causa.
El 15 de noviembre de 2018, solicitó la cesación de la medida extrema, al amparo del art. 239.1 del CPP, mereciendo el proveído de 21 de igual mes y año, fijándose audiencia para el 27 del mes y año referidos; en la fecha indicada, antes de que se instale el acto, el Presidente del Tribunal manifestó verbalmente que carecían de competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva al no encontrarse acusado formalmente, siendo competente el Juez Decimotercero de Instrucción Penal de la capital del departamento de Santa Cruz, afirmación que no se encuentra registrada en el acta de audiencia; por lo que, el mismo día se presentó memorial solicitando la declinatoria de competencia, mereciendo Auto de 29 de noviembre de 2018, fundamentando "...ESTECE A LO RESUELTO EN AUDIENCIA" (sic). Posteriormente, el 5 de diciembre de igual año, planteó nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, obteniendo por respuesta el Auto de 6 del citado mes y año, que declaró no ha lugar a su pretensión, al no contar con acusación formal, debiendo acudir al Juez que ejerce el control jurisdiccional; por lo que el 11 de diciembre de 2018, interpuso dicha solicitud ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo del indicado departamento, por encontrarse en suplencia legal a raíz de la vacación judicial, fijándose audiencia para el 20 del igual mes y año; sin embargo, esa actuación judicial, no se llevó adelante por falta de notificación a la víctima, programándose nueva fecha para el 28 de diciembre de 2018; celebrada la audiencia, la autoridad judicial rechazó su solicitud de cesación de la extrema medida, en razón a que en la Resolución que dispuso la aplicación de la medida de ultima ratio, por error se transcribió que estarían latentes los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1, 2 y 10 y 235.1 y 2 del CPP.
El 31 de diciembre de 2018 el Ministerio Público presentó ante el "...TRIBUNAL 12VO DE SENTENCIA EN LO PENAL..." (sic), requerimiento conclusivo, solicitando la suspensión condicional del proceso, señalándose audiencia para el 9 de enero de 2019, sin llevarse a cabo la misma, debido a la falta de notificación de las partes; por lo que, impetró audiencia el "...08 DE ENERO DE 2019..." (sic), y por Auto de 9 de enero del indicado año dispuso "...ESTESE A LO RESUELTO FOJAS 182..." (sic); así, debido a la omisión inherente a la tramitación de la suspensión condicional del proceso, solicitó el 14 del mismo mes y año la bifurcación del proceso para que se pueda realizar la audiencia ante la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, siendo favorablemente respondido por el Tribunal de Sentencia mencionado; empero, estando habilitada en el sistema la prenombrada Jueza de Instrucción Penal del referido departamento instruyó a sus funcionarios para que no se recibiera nada del mencionado Tribunal, especialmente el expediente de su caso, vulnerando su derecho a la libertad vinculado con el debido proceso.
I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela, considera lesionado su derecho a la libertad vinculado con el debido proceso, citando al efecto únicamente el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, en audiencia, sostuvo como vulnerados sus derechos a la defensa, a la igualdad y al principio de celeridad invocando el art. 180.I de la Norma Fundamental.
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