Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0498/2019-S2 Sucre, 12 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27307-2019-55-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 5 de 23 de enero 2019, cursante de fs. 314 a 318, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Skarlyn Mariely Palma Verduguez en representación legal de Fernando Chueca Aguinaga, Maria Rosario Diez Dibos, NN y AA contra Elva Terceros Cuellar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 28 de diciembre de 2018 y el 7 de enero de 2019, cursantes de fs. 198 a 216; y, 218 a 221 vta., respectivamente, los accionantes a través de su representante legal, expresaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Los predios "El Curizal de San Miguel, Dinamarca, Santo Domingo, Honolulo, California, Agua Clara, Las Palometas, El Soldado y Laguna Azul" de su propiedad, fueron trabajados como una sola unidad productiva para un manejo más eficiente en la actividad ganadera de dichos predios, cumpliendo así con la función económico social (FES) en cada una de ellas.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el proceso de saneamiento efectuado sobre dichos predios, a través de la Resolución Suprema (RS) 19437 de 2 de septiembre de 2016, resolvió la consolidación de una superficie de 500,0000 ha, disponiendo la declaratoria de tierra fiscal del resto de la superficie mensurada de propiedad de la familia Chueca Diez. Resolución que fue impugnada en demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Agroambiental, mereciendo la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sa 2a 37/2018 de 10 de julio, que si bien declaró probada la indicada demanda y nula la referida Resolución Suprema, sólo lo hizo en relación a los predios El Curizal de San Miguel, Honolulo, Agua Clara y El Soldado.
Alega que, la indicada Sentencia, fue emitida apartándose del debido proceso, pues incurre en falta de fundamentación y congruencia, así como en omisión de valoración de prueba producida, a saber: "1" Omitió valorar la prueba ofrecida en relación a la marca del ganado y su registro, existente en las indicadas propiedades, desconociendo la titularidad del ganado al no haber registrado la misma por cada predio, aduciendo que la marca "P" ya habría sido utilizada por los predios "Totaizal" y "Achachairusal", cuando en realidad lo que correspondía era que realicen una valoración de la prueba consistente en la certificación que acreditaba que dicha marca con la que contaba el ganado de los predios, correspondía a los anteriores cuatro propietarios y vendedores (Mario Armando Ávila Suarez, Francisco Urenda Panadero, Francisco Pérez Yoma y Carlos Urenda Segeres), y no limitarse a la simple transcripción del Informe Técnico - Legal JRLL-USB-INF-SAN 937/2016 de 14 de julio; "2" Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental, el propietario de un predio no está obligado a registrar una marca diferente para cada predio, sino que el ganado verificado en campo lleve aquella que corresponda a su propietario, línea jurisprudencial que fue corroborada en la , motivo por el cual no correspondía la exigencia del registro de una marca del ganado diferente para cada predio; "3" La Resolución cuestionada, desconoce la actividad ganadera desarrollada en los predios, como una sola unidad productiva, no obstante que se tratan de predios colindantes que pertenecen a las mismas personas, cuyo ganado verificado en campo, en todos los predios llevaban la marca "P" y la "C" que corresponde a sus mandantes; y, "4" Omitieron pronunciarse sobre lo denunciado respecto a que, los formularios de registro de la FES fueron llenados en pericias de campo, sobre la base de información proporcionada por personas ajenas al saneamiento, quienes no se acreditaron como representantes legales de los propietarios, invalidando esta encuesta.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Señalan como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia y coherencia de las resoluciones, a la defensa por omisión valorativa de la prueba e igualdad de las partes en la aplicación de la ley, citando al efecto los arts. 115 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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