0498/2023-S4

La parte impetrante de tutela, ratificó el memorial de acción de amparo constitucional, señalando que:

1. a)El 14 de julio de 2020, el Fiscal de la causa solicitó ampliación de su detención preventiva de la solicitante de tutela, cuyo verificativo fue llevado a cabo recién el 8 de septiembre de igual año, es decir que la audiencia de ampliación se realizó cuando ya venció el plazo de la etapa preparatoria, la cual concluía en agosto del referido año; no obstante, el Juez de la causa el aludido 8 de septiembre de dicho año unificó dos actos, una cesación a la detención preventiva solicitada y una petición de ampliación por el Ministerio Público, rechazando la primera y aceptando la segunda, utilizando para ello el art. 239.4 del adjetivo penal, cuando el mismo fue utilizado para solicitar la cesación a la detención preventiva, invirtiéndola en su contra y sin que exista base legal para disponerla; agravios que fueron deducidos en el recurso de apelación, alegándose que el Juez de la causa no podía utilizar un derecho e invertirlo en contra de la accionante, tampoco podía disponer la ampliación de la cesación a la detención preventiva sin que exista ampliación de la etapa preparatoria; no obstante, el ex Vocal hoy demandado a momento de resolver el recurso, incurrió en incongruencia omisiva, pues si bien advirtió el error en el que incurrió el inferior, al utilizar el art. 239.4 del CPP, decidió confirmar el fallo apelado y en consecuencia la ampliación de la detención preventiva; y,
2. b)El referido Vocal ahora demandado, alegó que si bien es cierto que no existiría ampliación de la etapa preparatoria, existiría una imputación formal en contra de Félix Vallejos Vallejos -hermano de la accionante?; por lo que, conforme el art. 134 de la norma procesal penal, la ampliación de la etapa preparatoria por si sola ya estaría ampliada, aspecto totalmente incongruente, ya que ninguna etapa preparatoria en el marco del debido proceso se amplía de por sí, pues deben existir actos formales, materiales y legales que den cuenta de ello; sin embargo, no cursa en el cuaderno una ampliación por parte del Ministerio Público o autoridad jurisdiccional;
3. c)Aclaró que el reclamo de la impetrante de tutela versa en la incongruencia omisiva en la que incurrió el citado Vocal demandado, pues si bien identificó que el Juez de primera instancia utilizó de manera errónea el art. 239.4 del CPP; empero, pese a esa omisión procesal advertida, decidió confirmar la ampliación de la detención preventiva sin que exista ampliación de la etapa preparatoria, utilizando el art. 130.II del adjetivo penal, para confirmar el fallo apelado; y,
4. d)Argumentos con base en los cuales ratificó su petitorio de que se deje sin efecto el Auto de Vista 240 y se emita uno nuevo en el marco de lo previsto por el procedimiento penal, el cual fue complementado solicitando que no se utilice el art. 239.4 del adjetivo penal y que no se dé por sí la ampliación de la etapa preparatoria, la cual no existe en el caso.

Mirael Salguero Palma, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 9 de marzo de 2021, cursante de fs. 134 a 135 vta., refirió que:

1. 1)La accionante pretende que la justicia constitucional ingrese a revisar la labor de la jurisdicción ordinaria, incumpliendo los presupuestos para su consideración, debido a que no señaló las razones del por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica sino que a lo largo de toda la acción interpuesta realiza una relación de antecedentes que no son coincidentes con los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista confutado;
2. 2)Basó su determinación en el art. 301 del CPP, ya que conforme obrados se evidencia que Félix Vallejos Vallejos fue imputado y cautelado; por lo que, no podía decirse que la etapa preparatoria duraría seis meses y se encontraría agotada, resultando en el caso la investigación compleja, existiendo multiplicidad de imputados, por cuanto en esa clase de delitos debe encontrarse patrimonio y vincularlo con actividades ilícitas, siendo otros imputados buscados a la fecha, mencionándose cuatro personas incluido Bismark Padilla, complejidad en razón de la cual se encuentra vigente el art. 134 del CPP, habiéndose posteriores imputaciones como el caso de Félix Vallejos Vallejos; por lo que, aunque la defensa refiera que no se amplió formalmente la etapa preparatoria resolvió ampliar el plazo conforme el art. 301 del adjetivo penal, al existir una imputación reciente, por lo tanto la situación de la imputada no se encuentra en el vacío, encontrándose de por sí ampliada dicha etapa, corriendo el plazo de la detención preventiva de la imputada;
3. 3)No se basó en el art. 239.4 del CPP, al constituir el mismo un derecho por el que se solicita la cesación a la detención preventiva por vencimiento del plazo, aspecto que fue reflejado en el Auto de Vista, señalándose que no era correcto, pues daría a entender que se está permitiendo la detención por el lapso de doce meses, por cuanto se amparó en el art. 301.II del CPP ; y,
4. 4)La SCP 1608/2013 de 19 de septiembre, establece que a los Tribunales de apelación no se les está permitido anular obrados, por cuanto deben resolver el caso llevado a apelación precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión, aspecto que fue cumplido al emitirse el Auto de Vista, habiéndose respetado las garantías del debido proceso, enmarcado en el principio de congruencia y verdad material; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

Fredy Guzmán Zapata, en representación del Ministerio Público, señaló que:

1. i)Dentro del proceso penal de referencia no solamente fue imputada la hoy accionante, existiendo a la fecha cuatro imputaciones formales;
2. ii)La etapa preparatoria de acuerdo al art. 134 del CPP es de seis meses; sin embargo, la misma, puede ser ampliada, así la 0SCP 1780/2011-R de 7 de noviembre, en el apartado III, establece que en caso de existir varias imputaciones como en el caso, el término establecido por norma debe computarse desde la notificación con la última imputación formulada por el Ministerio Público, el cual además determina que no se requiere de la presentación de un requerimiento fiscal motivado solicitando la ampliación de la etapa preparatoria, requiriéndose simplemente la presentación de otra imputación formal para interrumpir el plazo de los seis meses, para que nuevamente sea computado, habiendo ocurrido ello en el caso presente; y,
3. iii)La solicitante de tutela a la fecha no se encuentra con detención preventiva, obteniendo su libertad con base en el art. 239.1 de la norma procesal penal, cesación concedida el 8 de noviembre de 2020, anterior a la presentación de esta acción de defensa, por cuanto habiendo recobrado su libertad no era posible interponer una acción constitucional, argumentos por los que solicitó se deniegue la tutela impetrada y se mantenga vigente el Auto de Vista impugnado. Félix Vallejos Vallejos a través de su abogada, señaló que se adhiere a la solicitud de la accionante, pues el Ministerio Público para ampliar el plazo de la detención preventiva tendría que haber solicitado la ampliación de la etapa preparatoria al encontrarse investigando una organización criminal, aspecto que no ha sucedido; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 31/2021 de 15 de marzo, cursante de fs. 152 vta. a 159 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 240, disponiendo la emisión de nuevo fallo que deberá ser sustentado en derecho de acuerdo a las disposiciones legales y constitucionales señalado en esta Resolución constitucional, basándose en los siguientes fundamentos:

1. a)El Juez cuando ejerce control jurisdiccional debe realizar control sobre los plazos procesales, el cual constituye un derecho, por cuanto en el caso el hecho de que el Juez de la causa y el Vocal demandado hayan argüido que automáticamente se genera o empieza a computar el plazo con la presentación de la imputación, dicha postulación resulta contraria a los entendimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la jurisprudencia constitucional contenida en la "Sentencia N° 1036 del año 2002" (sic), en sentido de que de ninguna manera es requisito cumplir los seis meses de la etapa preparatoria, sino que considerando la naturaleza del proceso y ejerciendo control jurisdiccional debe fijarse un plazo al efecto, por cuanto a momento de la imputación es cuando debe decidir sobre la duración de la etapa preparatoria; por lo que, una vez recibida una segunda imputación o ampliación de imputación, el Juez no está exento de generar nuevamente el control jurisdiccional encontrándose obligado a fijar un plazo dentro esta etapa preparatoria;
2. b)El Vocal demandado transgredió el art. 134 y 301 del CPP, ya que debió corregir la interpretación que creyó errada, disponiendo la revocatoria o nulidad del fallo de primera instancia, pues se le tiene permitido dictar nuevo fallo;
3. c)Negó la existencia de control jurisdiccional del plazo, pues conforme lo señalado una vez recibida la imputación el Juez de Instrucción está obligado a fijar un plazo que no exceda los seis meses, de acuerdo a la naturaleza del proceso; por cuanto de ninguna manera es excusable el hecho de que el Juez ejerza un control jurisdiccional en cuanto al término y no opera una continuación automática, sin el ejercicio del control jurisdiccional; y,
4. d)En la actuación del Vocal demandado se advierte vulneración al debido proceso en su vertiente de garantía jurisdiccional "además en su vertiente de una no adecuada valoración y motivación por existir una incongruencia" (sic), existiendo motivación insuficiente en relación a la decisión asumida, pues después de advertir el error emitió criterio distinto, olvidándose del control efectivo que debe realizar el Juez con relación a la duración de la etapa preparatoria.