0499/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0499/2019-S1 Sucre, 9 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 27591-2019-56-AL Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 01/2019 de 13 de febrero, cursante de fs. 36 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guido Rojas Mamani contra Iván Sandoval Fuentes y Mirna Sandra Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 12 de febrero de 2019, cursante de fs. 20 a 25 vta., la parte accionante, manifiesta los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, previsto y sancionado por los arts. 335 y 346 bis, del Código Penal (CP), el 16 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, en la cual, el Juez de control jurisdiccional dispuso su detención preventiva por la supuesta concurrencia de los requisitos previstos por los arts. 233.1, 234.10; 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) referidos a la probabilidad de la autoría del ilícito señalado, el peligro efectivo para la sociedad y que el imputado pueda influir de forma negativa en sus compañeros de estudio de la facultad.

En la audiencia de recurso de apelación incidental efectuado el 6 de febrero de 2019; respecto al riesgo procesal del art. 234.10 del CPP, hizo conocer a los Vocales demandados que en la audiencia de consideración de medidas cautelares presentó los siguientes elementos probatorios, Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), de antecedentes policiales y el certificado de bloqueo de la página web www.paydiamond, los mismos que no fueron valorados por el Juez de control jurisdiccional a más de vincular dicho riesgo procesal con el supuesto hecho y los elementos constitutivos del tipo penal de estafa agravada con víctimas múltiples, vulnerando flagrantemente su derecho al debido proceso y a la defensa.

Con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, dio a conocer al Tribunal de alzada que en la audiencia de medidas cautelares el representante del Ministerio Público y la víctima, no presentaron prueba alguna a objeto de acreditar el riesgo procesal, empero la autoridad judicial para fundamentar el mismo, de forma desatinada se basó en "puras suposiciones", al mencionar que existirían otras personas que hubieran entregado dineros y la existencia de supuestos universitarios, por lo que existiría elementos objetivos para considerar que el imputado pueda influir de forma negativa en estas personas.

Sin embargo, los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 28/2019 de 6 de febrero, ratificaron la Resolución de medidas cautelares, sin fundamentar ni motivar correctamente la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.10 del CPP, toda vez que estas autoridades relacionaron la concurrencia del mismo, con el supuesto hecho de estafa agravada con víctimas múltiples, con argumentos que solo le compete al Tribunal de Sentencia, denotándose indirectamente como una sentencia anticipada, además de no haber valorado las pruebas presentadas en audiencia; asimismo, tampoco existe una correcta fundamentación ni motivación sobre el riesgo procesal del art. 235.2 del citado Código, porque en base a simples suposiciones alegaron que su persona podía influenciar de manera negativa a los testigos -supuestos universitarios- sin tener una prueba material y verificable de dichas personas, de las que presuntamente faltaría sus declaraciones y determinaron su detención preventiva en base a resoluciones carentes de fundamentación y motivación.

Señala que las autoridades demandadas, como Tribunal de segunda instancia tenían la obligación de observar las irregularidades de la autoridad jurisdiccional; empero, no obraron de esa forma, al contrario se limitaron a repetir los fundamentos arbitrarios del Juez a quo, al no responder los agravios reclamados en audiencia y vincular la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.10 del CPP con el tipo penal de estafa agravada con víctimas múltiples, además de no valorar las pruebas presentadas.