Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0499/2019-S2 Sucre, 12 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 24923-2018-50-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 11/2018 de 26 de julio, cursante de fs. 623 a 630 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Maldonado Patzi contra Esteban Urquizu Cuellar, Gobernador; Emerson Mirko Martínez Tapia, Juez Sumariante; y, Félix Roque Castro, Director General de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 11 y 17 de julio de 2018, cursantes de fs. 174 a 186 vta.; y, 230 a 231, el accionante expuso los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Desde octubre de 2005, ingresó a trabajar como servidor público al entonces denominado Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) -hoy Dirección Departamental a la Persona con Discapacidad (DIDEPEDIS)-, ocupando distintos cargos según diferentes contratos que suscribió con la entonces Prefectura Departamental -ahora Gobierno Autónomo Departamental- de Chuquisaca; siendo el último el Contrato de Prestación de Servicios de Personal Eventual a Plazo Fijo RR.HH. 038/2018 de 3 de enero con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. En tal contexto, desempeñaba las funciones de "PROFESIONAL (IMPLEM. Y DESARROLLO DEL COMPLEJO PRODUCTIVO APICOLA EN CHUQUISACA)" -sic-, hasta que mediante Resolución Final de Proceso Administrativo Interno 83/2017 de 24 de abril, fue sancionado con la destitución "...por supuesta contravención al ordenamiento jurídico administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria..." (sic) -ante la denuncia presentada en su contra el 16 de diciembre de 2016-; tal determinación fue confirmada por las Resoluciones de Revocatoria de Autoridad Sumariante G.A.D.CH. 92/2017 de 28 de noviembre y la Administrativa Gubernamental CH/ 021 de 10 de enero de 2018 (que resolvió el recurso jerárquico y fue notificada el 18 de igual mes y año).
Acusó que en el precitado proceso fue tratado cual servidor público común, sin considerar los beneficios que le otorgaban las normas especiales por ser una persona con discapacidad motora de 74%; además de haberse tramitado con una serie de irregularidades, pues:
- a)Se originó en los Memorándums de llamadas de atención RR.HH. 001/2016 de 25 de abril, 011/2016 de 12 de julio, 0710/2016 de 12 de diciembre (por abandono de funciones) que no contaban con informe previo ni respaldo de registro biométrico o de otra índole; y, el Memorándum S.D.PyE. P. 005/2016 de 9 de diciembre (por incumplimiento a órdenes superiores) que no obstante a estar refrendado por el registro biométrico, carecía de un informe que dé cuenta sobre la orden incumplida, además se emitió sin considerar su justificativo de inasistencia a una marcha en razón a su discapacidad;
- b)No tomó en cuenta que los dos primeros Memorándums se pronunciaron en diferentes contratos (027/2016 de 12 de enero y 517/2016 de 5 de julio); y, las últimas dos llamadas de atención fueron inherentes al contrato 645/2016 de 5 de octubre;
- c)Las Resoluciones: de Inicio de Proceso Administrativo Interno 45/2016 de 21 de diciembre; Final de Proceso Administrativo Interno 83/2017; y, de Revocatoria de Autoridad Sumariante G.A.D.CH. 92/2017, fueron notificadas incumpliendo el plazo legal previsto a tal efecto;
- d)La Autoridad Sumariante ignoró el contenido de los arts. 46, 47 y 54 incs. a), b) y c) del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca aprobado por Resolución Administrativa Gubernamental CH/ 132 de 5 de abril de 2017; y, fundó su fallo en la contravención de los arts. 21 incs. a), b), g), h),
- i)y j); 57 inc. k); y, 66 del Reglamento Interno de Personal CH/ 008 de 8 de enero de "2018" -lo correcto es 2016-; por lo que, consideró que se empleó una norma interna no vigente;
- e)El plazo probatorio duró catorce días hábiles administrativos, incumpliendo con el término legal establecido por el art. 22 inc. b del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, modificado por su similar DS 26237 de 29 de diciembre de 2001; y,
- f)Se valoró "...de forma incorrecta la prueba documental de cargo..." (sic) y no se consideró el acta de declaración informativa de 10 de abril de "2016" -particularmente en lo que atañe a la sexta pregunta-.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
Señala como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes del derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, la igualdad de las partes y la valoración razonable de la prueba; al trabajo; y, a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad; el derecho de sus hijos al desarrollo integral; y, "...los derechos y garantía fundamental de mi familia..." (sic) citando para el efecto los arts. 46.I; 59.I; 60; 62; 64.II; 70.1 y 4; 71.II y III; 72; 115; y, 164.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela disponiendo la reincorporación a su fuente laboral, en el cargo que ocupaba con igual haber mensual y el pago de salarios y sueldos devengados "...con más la restitución de todos los derechos inherentes al cargo y demás condenaciones de ley" (sic).
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública se realizó el 26 de julio de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 621 a 622; y, 643 a 645, produciéndose los siguientes actuados:
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