0499/2021-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0499/2021-S2 Sucre, 1 de septiembre de 2021

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad

Expediente: 35817-2020-72-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 05/2020 de 16 de septiembre, cursante de fs. 25 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhonny Antonio Romero Marin, Ronny Gil Roca y Víctor Hugo Nachón Quipi contra Fernando Daniel Mejia Gallardo, Fiscal de Materia y Cristian Alejandro Rioja Velasco, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2020, cursante a fs. 1 y 4 a 8 vta., los accionantes refirieron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de delito de tráfico de sustancias controladas, emergente de un hecho iniciado el 20 de enero de 2020, en el país de España, sin que haya control jurisdiccional; y que la notificación se hizo llegar al Estado Plurinacional de Bolivia, en febrero del mismo año, siendo investigados en desconocimiento de sus personas, desde el señalado mes hasta mayo de similar año; encontrándose radicada la causa en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102012001941; por ello, denunciaron su persecución ilegal y procesamiento indebido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad al estar ilegalmente perseguidos e indebidamente procesados, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116, 120, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo el cese de la persecución y el procesamiento indebido; asimismo, se "remitan al procedimiento". I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías