0501/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0501/2019-S4 Sucre, 12 de julio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 27540-2019-56-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 01/2019 de 30 de enero, cursante de fs. 251 a 263 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jacinto Edgar Torrelio Salazar, Administrador a.i. de la Caja Nacional de Salud Regional Oruro (CNS), contra Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental y Mario Gustavo Rocha Castro, ex Fiscal Departamental ambos de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de enero de 2019, cursantes de fs. 211 a 221 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Marco Antonio Gosbel Ramos, por la presunta comisión del delito de extorsión, ante la providencia de conminatoria por cumplimiento del plazo de la etapa preparatoria, para que el Ministerio Público emita el respectivo requerimiento conclusivo, el 20 de junio de 2018, Lucio Alberto Cruz Loza, Fiscal de Materia, en franco incumplimiento de los deberes de su cargo, pronunció Requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor de la mencionada persona, señalando que no existían suficientes elementos de prueba que creen convicción sobre su participación en el hecho investigado.

Ante el conocimiento de dicha Resolución, 18 de julio del referido año, impugno la misma; la cual fue resuelta por Mario Gustavo Rocha Castro, entonces Fiscal Departamental de Oruro, quien emitió la ilegal Resolución 74/2018 de 24 de agosto, realizando una transcripción de la Resolución impugnada y el memorial de impugnación, sin la mínima sujeción a los deberes de fundamentación y valoración debida de la prueba como componentes del debido proceso, para determinar que en la causa existe insuficiencia probatoria para fundar una acusación, llegando a esgrimir argumentos falaces para pretender hacer ver que en antecedentes no se encontraría siquiera la declaración de la víctima, para así intentar la pertinencia de la aplicación del principio indubio pro reo, a favor del denunciado, lo que permite establecer que la Resolución jerárquica impugnada, fue pronunciada sin considerar ni razonar sobre las afirmaciones y exposiciones que realizó en la impugnación y sin solventar por qué no son valederos los medios de prueba señalados tanto en la impugnación como por el mismo investigador asignado al caso a efectos de formular el pliego acusatorio, en una evidente parcialización en desmedro de la igualdad de partes, omisión que atenta a los intereses de la institución a la que representa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados El accionante denunció como lesionado el derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación de las resoluciones, igualdad de las partes procesales y valoración razonable de la prueba, citando al efecto a los arts. 115.II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio