Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0504/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 69306-2024-139-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 277/2024 de 13 de noviembre, cursante de fs. 205 a 210, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Elena Limachi Zambrana contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales el 14 y 21, ambos de octubre de 2024, cursantes de fs. 134 a 143; y, 150 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 7 de diciembre de 2023, fue notificada con el Auto Inicial de Sumario Administrativo 399/2023 de 8 de agosto, atribuyéndole el consumo de bebidas alcohólicas la noche del 4 y madrugada del 5 de julio de ese año, en oficinas de la Unidad de Personas con Discapacidad y Adultas Mayores, contraviniendo los arts. 157.I incs. a) y b) del Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009 -Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS)-; 15 incs. f) y l) del Reglamento Interno de Personal; y, 5 incs. d) y e); 6 incs. b), c), d), h) y k) en concordancia con el art. 7; 9 incs. c), k) y l) del Código de Ética del GAM de La Paz.
Frente a lo cual, por memorial de 20 de diciembre de 2023, respondió que era personal eventual, en vigencia del Contrato Eventual para Personal No Permanente -ITEM C-976-, por lo que de conformidad a la cláusula segunda, en previsión de los arts. 6 del el Estatuto del Funcionario Público (EFP); 60 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; y, 18.5 inc. e) del DS 26115 de 16 de marzo de 2001, no se encontraba bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público ni de la Ley General del Trabajo; además denunció vulneración al principio non bis in idem, por existir un proceso penal por hechos distintos en investigación.
Posteriormente, la Autoridad Sumariante mediante la Resolución Administrativa Sumarial 020/2024 de 26 de enero, sostuvo que, pese a su denominación contractual, era servidora pública por encontrarse sujeta a subordinación y dependencia del Estado, además de percibir remuneración pública; también señaló que no había vulneración al principio non bis in idem porque el proceso penal y el administrativo se referían a bienes jurídicos diferentes, declarando en consecuencia la existencia de responsabilidad administrativa y dispuso su destitución; decisión contra la cual, interpuso recurso de revocatoria denunciando vulneración al debido proceso por falta de congruencia por ausencia de análisis sobre la condición de personal eventual, puesto que se excluyó de responsabilidad a Oscar Meliton Limachi Quiroz y Maribel Faviola Apaza Mamani, por ser consultores de línea, interpretación que consideró arbitraria; también observó falta de fundamentación y motivación toda vez que se le atribuyó la contravención del art. 157.I incs. a) y b) -del DS 0181-, cuando del informe de la acción directa se establece que se encontró "regado por el piso", sin establecer de manera clara qué bienes o utensilios fueron utilizados de manera incorrecta, pues tampoco se indica la existencia de daño a alguna documentación, existiendo ausencia de individualización de la participación de los involucrados.
En virtud a lo cual, se emitió la Resolución Administrativa Sumarial 122/2024 de 30 de abril, que ratificó la decisión de su destitución confirmando el fallo impugnado, bajo el argumento que los consultores de línea estaban correctamente excluidos del proceso por la naturaleza administrativa de sus contratos, al amparo del DS 0181; asimismo, que los elementos como el acta de registro del lugar del hecho y el acta de requisa constituían prueba suficiente para considerar que la accionante hizo uso arbitrario de bienes institucionales al encontrarse en instalaciones municipales fuera de horarios laborales verificándose comidas, bebidas (agua, coca cola) que, evidenciaban uso indebido de los bienes.
Determinación contra la cual planteó recurso jerárquico, alegando la vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, cuestionando que la referida Resolución Administrativa Sumarial 122/2024, estableció que se encuentra amparada por la Ley que incorpora a los Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo y que es servidora pública, siendo contradictorio que le reconozcan esa condición para sancionarla, pero no para reconocerle derechos laborales, pues no goza de bono de antigüedad ni vacaciones, sin considerar además que los otros involucrados consultores de línea fueron excluidos de responsabilidad sin tomar en cuenta el art. 7 del DS 0181 que establece responsabilidad por la función pública; asimismo, respecto al art. 157 del referido Decreto Supremo no se señaló qué equipos, cuál flujo documentario se habría perturbado; es decir, cuál es la acción específica que habría realizado y por la que se pretende sancionarla con su destitución, siendo que respecto al hecho que presuntamente hubiera consumido bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del GAM de La Paz, no guarda relación con el acta de registro de lugar de los hechos, puesto que no se encontró bebidas alcohólicas.
Sin embargo, Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del GAM de La Paz -hoy demandado- emitió la Resolución Ejecutiva 0729/2024 de 6 de septiembre, que ratificó la sanción de destitución; sin considerar que se le endilga el hecho de que el 4 y 5 de julio de 2023, junto a otras personas (consultores de línea) habrían consumido bebidas alcohólicas en la Unidad de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores del GAM de La Paz; empero sin establecer cuál es la acción u omisión específica con la cual contravino las normas señaladas en las indicadas Resoluciones Administrativas, puesto que ninguno de los preceptos legales se adecúa al hecho que se le sindica, tampoco determinó el grado de participación de cada uno de los involucrados, máxime cuando ninguna de las normativas citadas estipula la sanción de su destitución, pretendiéndose sancionarla con normativa inexistente, ya que en el Código de Ética no existe el art. 6 incs. b), c), d) y h). De igual modo, se le pretende sancionar con su destitución por supuestamente habría consumido bebidas alcohólicas en instalaciones del GAM de La Paz; empero, del acta de acción directa y acta de registro del lugar del hecho no se evidenció la existencia de bebidas alcohólicas, por lo que no se puede asumir ese hecho, aspecto que fue observado, pero no mereció respuesta y por el contrario se modificó el hecho atribuido en todo el proceso sumario. En consecuencia, el referido fallo carece de requisitos de forma y de fondo y de fundamentación jurídica, puesto que contiene una relación de circunstancias generales, adoptándose una conducta omisiva con la abstracción del principio de tipicidad, por cuanto la sanción que se le impuso debió responder exactamente a la penalidad establecida para la conducta descrita como falta en el ordenamiento legal correspondiente, establecido con anterioridad a la realización de la conducta; es decir, que para las presuntas faltas que se le atribuyen, el ordenamiento legal o administrativo tendría que preveer expresamente la sanción de destitución; consiguientemente, la Resolución Ejecutiva 0729/2024, carece de fundamentación y motivación; toda vez que, no existe una explicación clara, concreta y precisa de las razones por las cuales se limitó a confirmar el fallo impugnado, sin responder los puntos observados en el recurso jerárquico.
Mostrando 15 de 71 parrafos.