Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 12 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 27418-2019-55-AAC Departamento: Santa Cruz
Partes: Rodrigo Remy Aquino Alvarado en representación legal de la Estación de Servicio "Tero Tero de Chichita", Donald Moreno Añez, por la Estación de Servicio de Combustibles "San Silvestre"; y, Waminq'a Inti Serrano López, en representación legal de Silvia Córdova Vargas de la Estación de Servicio "R & E 3000 Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y Walter Bernardo Vargas Sáenz, representante legal de la Estación de Servicio "Vardona" contra Gary Andrés Medrano Villamor, Director Ejecutivo Nacional a.i.; y, Northon Nilton Torrez Vargas, Director Técnico de Transporte y Comercialización, ambos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo fundamentado y resuelto en la , que revocó la Resolución 04 de 8 de enero de 2019, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -constituida en Tribunal de garantías- y denegó la tutela solicitada, desconociendo que en consideración al principio de favorabilidad, el demandado puede y debe aplicar en ejecución de sentencia la sanción menos gravosa para los accionantes. En todo caso, considera que debió CONFIRMAR la Resolución Constitucional citada; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, sobre la base de la siguiente fundamentación y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus de fundamentación y motivación; a la igualdad; al trabajo, a la libertad de empresa y al principio de seguridad jurídica; por cuanto las autoridades administrativas de la ANH, instruyeron a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Distrital Comercial Oriente de Santa cruz, el corte de suministro de combustibles líquidos a las Estaciones de Servicios a las que representan, alegando el cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en procesos contencioso administrativos en los que se ratificó una sanción determinada en función a disposiciones abrogadas estando en vigencia el Decreto Supremo (DS) 1499 de 20 de febrero de 2013 que establece para estos mismos casos una sanción más benigna y existen decisiones del citado Tribunal Supremo de Justicia que en atención a dicho decreto, modularon expresamente su línea jurisprudencial para cambiar y aplicar esta nueva sanción menos gravosa a otras Estaciones de Servicio de Combustibles; por lo que, solicitan se conceda la tutela invocada disponiendo el restablecimiento del suministro de combustibles así como la aplicación de la norma menos gravosa conforme a la nueva línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia.
En consecuencia, correspondía en revisión, que la Sentencia Constitucional Plurinacional, verifique si los extremos denunciados eran evidentes para conceder o denegar la tutela, debiendo haber desarrollando para ello, los siguientes temas:
- i)El debido proceso en el ámbito administrativo sancionador,
- ii)El principio de retroactividad en la ley a partir del principio de favorabilidad y su vinculación con el principio de seguridad jurídica,
- iii)Fundamentación y motivación como elementos del debido proceso;
- iv)Motivos de la disidencia y análisis del caso concreto.
II.1. El debido proceso en el ámbito administrativo sancionador
El art. 115.II de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho al debido proceso, expresado, de manera simplificada, en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos casos que se hallen en una situación similar ().
Este derecho, principio y garantía fundamental constitucional de orden material y formal, es de observancia ineludible no solo para las autoridades jurisdiccionales sino también para autoridades administrativas en el marco de sus facultades y competencias, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos ciudadanos y limitar cualquier posibilidad de actuaciones arbitrarias, existiendo al respecto amplia jurisprudencia constitucional, como la contenida en la 1, la que a su vez se refiere a las , , , , ; y las , y , entre otras.
Asimismo, el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -que es parte del bloque de constitucionalidad según la - contempla al debido proceso como una garantía para el ejercicio de otros derechos humanos2, por ello, su aplicación es amplia y no se limita a procesos judiciales, sino a todas las instancias procesales en las que se determinan derechos y obligaciones de cualquier otra naturaleza; en el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que las garantías generales del art. 8 de la CADH, deben estar presentes en la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; en ese sentido, cuando la citada Convención hace referencia al derecho de toda persona a ser oída por una juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a "...cualquier autoridad pública, sea administrativa -colegiada o unipersonal-, legislativa o judicial "que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas"3.
De lo anotado, se establece que tanto desde la Constitución Política del Estado como del bloque de constitucionalidad, el principio, derecho y garantía del debido proceso, no sólo es aplicable a materia penal, sino a todos los ámbitos en los que se definan los derechos u obligaciones de las personas y, por ende, se aplican al ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública.
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