0508/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0508/2019-S1 Sucre, 9 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 27333-2019-55-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 15 de enero de 2019, cursante de fs. 177 a 184 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Delfín Colque Duran contra Iván Wilfredo Villa Bernal y Jacqueline María Eugenia Morato Rojas, Director de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba y Jefa a.i. de la Unidad de Asuntos Jurídicos ambos del Tribunal de Revisión; e, Hilda Bustillo Paredes y Vicente Salazar, Presidenta y Secretario, respectivamente del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Quillacollo del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de enero de 2019, cursante de fs. 47 a 52 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como consecuencia de la denuncia presentada por Lidia Coronel Yapu, Justino Mamani Barreto y otros ante la Dirección Distrital de Educación de Quillacollo del departamento de Cochabamba, le iniciaron un proceso disciplinario por la supuesta vulneración del art. 11 inc. b) de la Resolución Suprema (RS) "212414" presuntamente por no haber rendido cuentas del dinero recaudado por concepto de rifas, kermes y demás actividades en calidad de Director de la Unidad Educativa "Cristina Prado" del municipio antes mencionado, a ese efecto el Tribunal Disciplinario del referido municipio por Auto inicial de proceso disciplinario de 18 de abril de 2018, calificó la falta en los arts. 10 inc. n) y 11 inc. b) de la precitada norma; sin embargo, dicha decisión fue anulada por proveído de 14 de mayo de igual año, con el argumento de que se omitió la tipificación del art. 10 inc. n) cuando en realidad se incluyó sin ningún motivo.

Posteriormente, el aludido Tribunal Disciplinario el 14 de mayo de 2018, dictó el Auto de Inicio de Proceso Disciplinario estableciendo que en la denuncia de 5 de mayo de "2017" se hizo constar que su persona discriminaba y botaba a los estudiantes, que existía cobros irregulares dentro el colegio de los cuales no se rendía cuentas, malos tratos a los padres de familia; además, de tenerse presente la denuncia de 16 de junio de 2017 en la que se hace notar que refiere a la presentación de un informe económico de las gestiones 2015 y 2016. Con esos argumentos se abrió el proceso disciplinario por la presunta falta de rendición de cuentas previsto por el art. 11 inc. b) de la RS "212414", haciéndose constar la existencia de cuatro informes económicos, la discrepancia entre talonarios entregados y existentes, inexistencia de devolución de aportes y otros.

Señaló que por Auto de 13 de agosto de 2018, se abrió un término de prueba de veinte días, en la cual, aportó elementos probatorios de descargo, incluidas las declaraciones testificales y el manejo de recursos de las actividades realizadas en la unidad educativa; al cabo de dicho término, el Tribunal Disciplinario dictó la Resolución 004/2018 de 16 de octubre, declarándolo autor de la comisión de las faltas previstas en el art. 11 inc. b) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio disponiendo su destitución del cargo de Director de la Unidad Educativa. Una vez interpuesto el recurso de apelación, la Dirección Departamental de Educación por Resolución 036/2018 de 12 de noviembre, revocó el Auto 004/2018 anulando obrados hasta la emisión de una nueva resolución final.

Como consecuencia de la anulación del fallo, la Dirección Distrital de Educación de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dictó la Resolución 007/2018 de 27 de noviembre, disponiendo nuevamente la destitución de su cargo de Director, sin una fundamentación y motivación intelectiva y coherente; por cuanto, los fundamentos que se pretende esgrimir son absurdos y contradictorios, no obstante que los testigos de manera uniforme indicaron que en su condición de Director nunca manejó dinero sino que estos eran administrados por los padres de familia a través de la junta escolar; es así que, el 30 de igual mes de 2018, interpuso recurso de apelación, a objeto de que la Dirección Departamental de Educación, haga respetar el debido proceso; sin embargo, dicha institución mediante Resolución 042/2018 de 7 de diciembre, confirmó el fallo de primera instancia, sin considerar los fundamentos expuestos en su memorial, limitándose a realizar una relación del proceso.

Agrega que, la Resolución supra referida, vulneró el derecho a la presunción de inocencia, al expresar que su persona debió utilizar los medios probatorios para demostrar su exculpación y que la prueba presentada y aportada a la demanda por parte de los denunciantes así como las declaraciones de los testigos de descargo lograron demostrar las faltas cometidas y que no existen pruebas o testimonios de descargo que desvirtúen las trasgresiones denunciadas; empero, la Resolución 007/2018 con una clara falta de motivación y contradicción pese a que en el tercer Considerando se hace constar las declaraciones de los testigos, se le resta valor legal, alegando que las mismas no se ajustan a la documentación que cursa a fojas 150, 151 y 152, sin explicar a cuál se refiere y los fundamentos por los que no se le otorga validez probatoria cuando en realidad le eximen de responsabilidad. Asimismo, la citada Resolución en ninguna parte hace referencia a los fundamentos de su recurso de apelación dejándole librado a un juzgamiento en única instancia, situación expresamente prohibida por los arts. 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica la misma que forma parte del bloque de constitucionalidad.

Sostiene que, se vulneró el debido proceso en su componente de derecho a recurrir y a la presunción de inocencia, porque no fundamenta las razones por las cuáles no se tomó en cuenta las declaraciones testificales que le absuelven de responsabilidad pretendiendo "obligarme" a demostrar su inocencia a esto se suma que los denunciantes nunca ratificaron su denuncia; además que, el mencionado Tribunal, no tomó en cuenta que uno de los denunciantes (Emigdio Eliseo Herrera de la Riva) al prestar su declaración como testigo, le absolvió de responsabilidad expresando que, nunca manejó dinero, sino que fue la Junta escolar integradas por padres de familia; asimismo, no se da una respuesta puntual y específica a las alegaciones planteadas en el recurso de apelación y contrariamente acude a argumentos evasivos para evitar cumplir con su obligación de pronunciarse sobre el fondo de los cuestionamientos, omisión que vulnera el debido proceso al coartar su derecho a recurrir.

Finalmente señala que la Resolución 042/2018 de 7 de diciembre, no dio respuesta puntual y específica a todas y cada una de sus alegaciones planteadas en el recurso de alzada, contrariamente acudió a argumentos evasivos para no cumplir con su obligación de pronunciarse sobre el fondo de los cuestionamientos referidos en su memorial de apelación incidental de 30 de noviembre de 2018.

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, a la presunción de inocencia y el "derecho a recurrir"; señalando al efecto los arts. 13.I, 115.II, 116.I, 117.I, 128 y 129 de la CPE; 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.