Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0509/2019-S2 Sucre, 12 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 24983-2018-50-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 01/2019 de 3 de mayo, cursante de fs. 1464 a 1471 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Benito Pineda Urquizo y Vicenta Zoto Cayo de Pineda contra Eliana del Milagro Suárez Valencia, ex Jueza; y, Loida Rita Iriarte Ramos, -en suplencia legal- del Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Primero; Manuel Estrada Baldiviezo, ex Juez del entonces Juzgado de Instrucción en lo Civil y Comercial Quinto; y, Mabel Norma Rocha Vera, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta todos de la Capital del departamento de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 16 y 23 de julio de 2019, cursantes de fs. 358 a 395; y, 400 a 408 vta., los accionantes señalaron:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso ejecutivo desarrollado ante el entonces Juez de Instrucción en lo Civil y Comercial Quinto -actual Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero- de la Capital del departamento de Tarija, interpuesto por Israel José Noguera Garnica contra Aquilino Pineda Soto-deudor, Jaime Ramiro Pineda Soto, Benito Pineda Urquizo y Vicenta Zoto Cayo de Pineda como garantes, en ejecución de Sentencia de forma arbitraria e ilegal, mediante Auto de 12 de septiembre de 2013, dispuso que el bien inmueble embargado sea rematado sobre el valor fiscal o catastral, aplicando indebidamente el art. 534.I del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) sin tomar en cuenta que fue declarado inconstitucional a través de la , por tal motivo fue evaluado catastralmente en Bs132 611,29.- (ciento treinta y dos mil seiscientos once con 29/100 bolivianos) equivalentes a $us19 053,34.- (diecinueve mil cincuenta y tres con 34/100 dólares estadounidenses); determinación que vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales en su condición de personas adultas mayores y propietarios del inmueble rematado y adjudicado ilegalmente.
La aludida autoridad judicial omitió aplicar la normativa que quedó vigente, que establecía que la base de la subasta o venta judicial debía ser fijada con una tasación pericial; que en su caso era muy lejana a la valuación fiscal o catastral pues el valor comercial o pericial de su propiedad era de $us210 680,68.- (doscientos diez mil seiscientos ochenta con 68/100 dólares estadounidenses), aspecto que resultaba relevante pues la deuda por concepto de capital más intereses asciende a $us11 050.- (once mil cincuenta dólares estadounidenses). En tal virtud dicha diferencia entre el avaluó catastral y el pericial, y sobre la base en que fue rematado el bien inmueble, era desproporcional e irracional y afectó el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada; y, por consecuencia el debido proceso en sus elementos a la tutela judicial efectiva, a una justicia material y a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados con autoridad de cosa juzgada.
En tales circunstancias, el precitado Auto de 12 de septiembre de 2013, de remate fue impugnado a través de un incidente de nulidad (acusando el desconocimiento e inaplicación -por el Juez de la causa- de la ); declarado improbado; por lo que -en virtud a la Resolución de unificación de la representación entre todos los codemandados- Aquilino Pineda Soto interpuso el recurso de apelación resuelto por el Auto de Vista 14/2014 de 22 de septiembre, que confirmó el Auto apelado, considerando que todas las etapas procesales habían precluído y retrotraerlas conculcaría la seguridad jurídica; puesto que, oportunamente los ejecutados no observaron el señalamiento de audiencia de remate y auto de su aprobación, argumento que resulta impertinente.
Posteriormente, presentaron un incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo el 28 de septiembre de 2016, adjuntando el informe pericial de avalúo y reiterando la inobservancia e inaplicación de la ; empero, dicho incidente fue declarado improbado por haberse convalidado el defecto procesal; por lo que, recurrieron en apelación acusando que no se efectuó ninguna valoración de la prueba pericial; una vez concedido el recurso, la autoridad judicial declaró su caducidad mediante Auto de 9 de enero de 2017; en esta circunstancia, formularon contra dicho Auto un incidente de nulidad y que ante su rechazo interpusieron el recurso de apelación, resuelto por Auto de Vista SC1°142-AV 104/2017 de 1 de junio, que dispuso anular obrados y con reposición hasta "fs. 524-525" (sic) del expediente; sin embargo, Eliana del Milagro Suárez Valencia, ex Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Primera de la Capital del departamento de Tarija -ahora codemandada-, en aparente observancia de dicha disposición, dictó el Auto de 11 de septiembre de 2017, en el numeral 1, reiterando la anulación de obrados hasta el Auto de 4 de enero del mismo año -que disponía conceder el recurso de apelación en el efecto devolutivo-; empero, no fundamentó ni especificó si la nulidad declarada afectó a otros actos procesales anteriores o posteriores al declarado nulo.
Asimismo, acusaron que se incumplió el Auto de Vista SC1° 142-AV-104/2017, al no haber concedido el recurso de apelación, pues correspondía reanudarse el término para que los sujetos procesales puedan o no contestar el recurso y vencido el plazo dictar el "Auto de concesión" (sic); pero, de manera equivocada la Jueza concedió un recurso ya concedido y resuelto; por lo que, el 13 de marzo de 2018, presentaron tres incidentes de nulidad procesal, -dos a través de su representante Aquilino Pineda Soto-, con distintos fundamentos de hecho y derecho; y, un tercero formulado por Benito Pineda Urquizo; sin embargo, la precitada Jueza solo resolvió dos, mediante Auto de 5 de abril de igual año; omitió responder a uno de los incidentes planteados por Aquilino Pineda Soto, emitiendo -en consecuencia- una Resolución judicial incongruente; por lo que, plantearon un nuevo incidente de nulidad de obrados; sin embargo, Loida Rita Iriarte Ramos en suplencia legal del Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del departamento de Tarija, continúo con la ejecución del mandamiento de lanzamiento; no obstante, a existir medios legales como los incidentes y recursos pendientes e incluso Autos de Vista con autoridad de cosa juzgada que no fueron cumplidos.
El último incidente de nulidad procesal planteado con relación a la problemática fue el 4 de julio de 2018, denunciando en lo principal la falta de resolución del incidente de nulidad presentado por Aquilino Pineda Soto.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Alegan como lesionados sus derechos a la vivienda; a la propiedad; al debido proceso en sus vertientes de tutela judicial efectiva, fundamentación y congruencia; a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados (cosa juzgada); y, a los principios de proporcionalidad, justicia material y supremacía constitucional; citando al efecto los arts. 56, 115, 117.I, 137 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga:
- a)Dejar sin efecto: "...la Resolución judicial de fs. 66" (sic) -Auto de 12 de septiembre de 2013-, pronunciándose una nueva; "...las Resoluciones Judiciales de fs. 177-178 y de fs. 202-205 vta..." (sic) -Auto de 4 de julio de 2014 y Auto de Vista 17/2014 de 22 de septiembre, respectivamente-, pronunciadas por el ex Juez Manuel Estrada Baldiviezo y Mabel Norma Rocha Vera, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de la Capital del departamento de Tarija;
- b)De "forma alternativa" (sic), se disponga que Loida Rita Iriarte Ramos -Jueza en suplencia legal del Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del mismo departamento- dicte resolución judicial restableciendo el debido proceso;
- c)Se corrijan las irregularidades y errores judiciales -como la falta de notificación de Benito Pineda Urquizo-; y, resuelva los incidentes pendientes, especialmente el de 13 de marzo de 2018;
- d)Se cumplan los Autos de Vista SC1°142-AV 104/2017 y SC1 78-AV 55/2017;
- e)Se conceda el recurso de apelación "de fs. 514 a 518 vta." (sic);
- f)Dejar sin efecto el Mandamiento de Lanzamiento, mientras no se cumpla con la notificación de Benito Pineda Urquizo;
- g)Se resuelva el incidente de nulidad de actos procesal "de fs. 897 a 902 vta." -de 13 de marzo de 2018-; y, los presentados el 4 de julio de igual año; y,
- h)Se otorgue tutela provisional, ante la inminencia del lanzamiento, en consideración de la afectación del derecho a la vivienda digna como personas de la tercera edad, en tanto se resuelvan los incidentes y recursos de apelación pendientes.
I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional
La Sala Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución SC1°-AI 20/2018 de 24 de julio, cursante de fs. 410 a 414 vta., declaró improcedente la presente acción de amparo constitucional; consecuentemente, los accionantes mediante memorial presentado el 30 de julio del mismo año (fs. 1367 a 1378 vta.) impugnaron dicha determinación.
I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
Por Auto Constitucional (AC) 0328/2018-RCA de 15 de agosto, cursante de fs. 1396 a 1405, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución SC1°-AI 20/2018, disponiendo, en consecuencia, se admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho.
I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional se desarrolló el 3 de mayo de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 1461 a 1463, produciéndose los siguientes actuados:
I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante ratificó el tenor íntegro del contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, ampliando señaló:
- 1)A raíz de "...uno de los incidentes interpuestos en el Juzgado Público Décimo Primero de la Capital, el Juez resolvió anular obrados hasta fojas 911, disponiendo la notificación de Benito Pineda Urquiza" (sic), mediante el Auto de 5 de abril de 2018 y "...una vez ejecutoriadas las resoluciones judiciales pendientes de notificación se va a tramitar el incidente y resolver lo que corresponda..." (sic);
- 2)El Auto de "13 de septiembre de 2013" -siendo lo correcto Auto de 14 de junio de 2013-, que dispuso las medidas previas al remate entre ellas ordenó que "Catastro" informe sobre el valor del inmueble, lo cual lesionó sus derechos constitucionales;
- 3)Asimismo el Auto de 12 de septiembre de ese año, que señaló audiencia de remate del bien inmueble, sobre la base del avalúo catastral, sin considerar que el art. 534.I del CPCabrg. ya no se encontraba vigente por haber sido derogado por la ; siendo que correspondía se disponga un avaluó pericial, error que se arrastra desde el citado Auto, contraviniendo los art. 78 y 84 del CPCo; y,
- 4)Es así que el Auto de "13 de septiembre de 2013" afecta el contenido de la norma tal como se tiene de la "" y , que establecen que no puede prevalecer la cosa juzgada y desconocer el principio de prevalencia del derecho sustancial frente al formal; en tal sentido, piden se restablezca sus derechos prescindiendo el principio de subsidiariedad al ser personas de la tercera edad, no pudiendo exigirles agotar la vía ordinaria.
I.3.2. Informe de las autoridades demandadas
Loida Rita Iriarte Ramos, Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Tarija, mediante informe escrito presentado el 3 de mayo de 2019, que cursa a fs. 1454 y vta. manifestó que:
- i)Conforme afirmaron los accionantes, hicieron uso de los recursos que les confería la ley, evidenciándose que no existió un indebido proceso;
- ii)Ambos demandantes de tutela actuaron en el proceso mediante su apoderado que fue notificado con los actuados procesales; por lo que, tuvieron conocimiento de los mismos; y,
- iii)Se pretendía retrotraer un proceso que se encontraba en ejecución de sentencia con calidad de cosa juzgada; sin que fuera evidente la lesión del debido proceso o el derecho a la propiedad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.
Mabel Norma Rocha Vera, ex Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, mediante Nota que cursa a fs. 1455 y vta., presentada el 3 de mayo de 2019, expresó que, el Auto de Vista 21/2014 -Considerando II- señaló los actos procesales y fundamentos jurídicos base de la Resolución; y, notificados con la decisión los ejecutados, no solicitaron ninguna aclaración sobre el pronunciamiento de 2014 que ahora acusan de lesivo; por lo que, solicitó se rechace la presente acción tutelar.
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