0509/2021-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada; ,y consiguientemente:

1. a)Se Conmine a la Empresa Nuevokori S.R.L., a realizar los trámites notariales y administrativos para incluirle en la sociedad;
2. b)Disponer que se inhiban el ahora demandado y los socios a realizar actos propios de exclusión societaria; y,
3. c)Se ordene el cese de discriminación societaria.

Eduardo Chipana Macuchapi, a través de su abogada, refirió que:

1. 1)El ahora peticionante de tutela solicitó su inclusión a la concesión minera "SALOMON", no así a la concesión Nuevokori S.R.L., que es de reciente creación -2018-; toda vez que, habría adquirido dos acciones mineras del entonces representante legal Luis Tapia Montiel (fallecido);
2. 2)Asimismo señala que, el ahora demandado se negó a incluirle como socio, vulnerando sus derechos económicos y también transgredió la norma al pretender engañar al Estado incluyendo nombres de personas fallecidas en el trámite iniciado en la AJAM y omitiendo su nombre; empero, no señaló que derechos fundamentales hubiera lesionado el ahora demandado;
3. 3)Respecto al plazo se tiene que el ahora impetrante de tutela, adquirió acciones de la sociedad minera "SALOMON" el -2010-; es decir, hace diez años atrás; sin embargo, no señala cual fue el motivo o las circunstancias que le impidieron gestionar su inclusión en la sociedad durante ese tiempo, y recién solicita su inclusión el -2019- puesto que, dirige la presente acción tutelar contra el ahora demandado, quién es representante legal de la minera Nuevokori S.R.L., la cual fue creada el -2018- mediante Escritura Pública 32/2018, y no le corresponde responder sobre acciones firmadas por Luis Pablo Tapia Montiel quién representaba a otra sociedad minera de ese entonces "SALOMON";
4. 4)Mediante misiva solicita su inclusión a la sociedad, la cual fue respondida en el plazo de veinticuatro horas en observancia de la jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la petición el cual se hubiera cumplido sea con una respuesta positiva o negativa, lo que no implica vulneración a ese derecho;
5. 5)Las sociedades comerciales se rigen por el derecho civil y comercial por ser de ámbito privado, en tal sentido, al tratarse de un tema contractual entre privados con la firma de un documento privado que no constituye instrumento público ya que el reconocimiento de firmas no le otorga esa calidad y una concesión debe ser necesariamente protocolizada y la inserción de un nuevo socio debe seguir el procedimiento establecido en el art. 209 del Código de Comercio (CCom), el cual señala que se debe contar con la participación y aprobación de por lo menos dos tercios de la cantidad de socios que constituyen el capital total y mediante resolución admitir nuevos socios; y, el documento que pretende el ahora accionante dar validez sólo lleva la firma de un socio -Luis Pablo Tapia Montiel-; empero, en la cláusula sexta establece la participación porcentual que corresponde a los concesionarios y compradores, quienes debieron haber aprobado mediante asamblea de socios su inclusión del ahora peticionante de tutela, conforme establece la ley y no por una sola persona, por más que sea apoderado legal de la sociedad y las acciones vendidas no se sabe a quién corresponde, por lo cual ese documento es nulo de pleno derecho y su validez o nulidad deben ser tramitados ante un Juez Civil y Comercial, autoridad competente para conocer estos trámites y no así la justicia constitucional; ya que, no es supletoria de la justicia ordinaria; en tal sentido, opera en este caso la subsidiariedad;
6. 6)La acción de amparo constitucional debe ser una acción inmediata ante una supuesta vulneración de derechos y en el presente caso se reclama el cumplimiento de un derecho suscrito hace diez años; por lo que, no cumple con el principio de inmediatez, dejando pasar ese tiempo sin hacer su reclamo salvo la carta del 4 de febrero de 2020 la cual fue respondido oportunamente y no puede ser tomada en cuenta como como inicio de cómputo para plantear esta acción;
7. 7)Por otro lado, se tiene la legitimación pasiva, esta acción se dirige contra la empresa minera Nuevokori S.R.L., que fue de reciente creación y las acciones que reclama el ahora impetrante de tutela es del -2010-, por lo que no existe relación con el ahora demandado;
8. 8)Otro aspecto alegado por el ahora accionante fue sobre el trámite iniciado ante la AJAM por el ahora demandado, quién hubiera cometido infracciones administrativas al ingresar en las listas a Luis Pablo Tapia Montiel, lo cual es falso y si el ahora peticionante de tutela considera esa falsedad debió acudir a la vía penal conforme establece el art. 284 del Código de Procedimiento Penal (CPP) no así a la vía constitucional y como alega vulneración a derechos económicos debió acudir a la vía civil y comercial; y,
9. 9)Bajo esas consideraciones la presente acción de defensa no tiene relación de causalidad entre los hechos y los derechos supuestamente vulnerados, más aún que el ahora impetrante de tutela no demostró objetivamente la adquisición de las acciones mineras y tampoco hizo prevalecer esa adquisición cuando estaba en vida Luis Pablo Tapia Montiel; por lo que, solicitó se declare la improcedencia de la acción tutelar.

La AJAM, mediante informe escrito, según se consigna en la Resolución 138/2020 de 29 de julio, señaló que:

1. i)El trámite de adecuación se encontraría en trámite en la Dirección Departamental de la AJAM, y ante una eventual interposición de recurso jerárquico tendrá conocimiento la AJAM Nacional y que al presente no existe ningún recurso procesal en trámite, por lo que no existe competencia en dicho trámite referido por el ahora accionante;
2. ii)Las competencias de la AJAM a nivel nacional y departamental, se encuentran descritas en la Ley de Minería y Metalurgia; por lo que, no es posible fusionar sus competencias; y,
3. iii)Manifiesta que al no haber intervenido en ningún actuado del trámite de adecuación que generó la presente acción de amparo constitucional, la AJAM nacional no tiene calidad de tercero interesado.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 138/2020 de 29 de julio, cursante de fs. 157 a 161, denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)El ahora accionante refiere que el ahora demandado lesionó su derecho patrimonial, desconociendo su derecho a la seguridad jurídica, todo ello relacionado al art. 14.II de la CPE y solicita a esta instancia constitucional se conmine a la Empresa Nuevokori S.R.L., representado por el ahora demandado a realizar trámites notariales y administrativos para incluirlo en la sociedad y disponer que todos los socios se inhiban de realizar actos propios de exclusión o no inclusión societaria; asimismo, solicitó se disponga la paralización del trámite de readecuación iniciado en la AJAM;
2. b)De antecedente se advierte formulario de reconocimiento de firmas del ahora accionante con Luis Pablo Tapia Montiel por si en representación de Eduardo Chipana Macuchapi -ahora demandado- en calidad de concesionarios, quienes transfirieron dos acciones mineras de la concesión "SALOMON" en favor del ahora peticionante de tutela por el precio de $20 000.-, documento que posteriormente fue validado, reconocido en cuanto a sus efectos mediante documento de 27 de septiembre de 2018, por el cual el actual ahora demandado otorga su consentimiento por la venta de dos acciones auríferas de la minera "SALOMON" que fue realizado por Luis Pablo Tapia Montiel, reconociendo como socio al ahora impetrante de tutela;
3. c)Cursa Testimonio 1176/2008 referido a un poder especial, amplio y suficiente que confirió el ahora demandado a favor de Luis Pablo Tapia Montiel, a efectos de que el mismo pueda efectuar la representación legal a nombre del otorgante para transferir, comprar, alquilar acciones y derechos que le corresponden en la concesión minera Salomón; de igual forma, cursa Testimonio 82/2018, poder general de administración a favor del ahora demandado y constancia de pago de Bs 1 500.- (mil quinientos bolivianos) por parte del ahora accionante por concepto de patentes de la concesión minera "SALOMON" gestión -2019-;
4. d)En primer lugar se tiene la compra de las acciones mineras en favor del ahora peticionante de tutela y esta compra está vinculada a la empresa minera "SALOMON"; empero, en audiencia se hizo conocer que la compra está relacionada con la empresa minera Nuevokori S.R.L., aspecto que genera una vicisitud a efectos de tener por consolidado el derecho del ahora impetrante de tutela, si bien su defensa refirió que se trata de las mismas cuadrículas, ubicación, parámetro de constitución de la empresa "SALOMON" y la empresa Nuevokori S.R.L., situación que no corresponde ser asumida por esta Sala Constitucional;
5. e)Asimismo, se hizo referencia que las dos empresas mineras son diferentes por lo socios que intervienen en la primera sociedad y en efecto en el primer documento de 6 de enero de 2010 se tiene a seis socios, quienes tendrían una participación accionaria del 20% y 10% y la empresa Nuevokori S.R.L., se constituyó recién el -2018- conforme a la escritura pública de 13 de junio del mismo año, contradicción que se tiene conforme a los antecedentes y que coloca a esta Sala frente a situaciones de hecho que no se encuentran consolidados y si se encontrasen consolidados a mérito de estos dos documentos, esta vía no es la idónea para dilucidar o determinar el grado, porcentaje de verosimilitud respecto al pedido de incorporar al ahora accionante como socio a la empresa Nuevokori S.R.L.; y, conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional, no se puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos y este caso emerge de hechos controvertidos que no corresponden a ser asumidos por esta jurisdicción constitucional;
6. f)Otro elemento que fue postulado por ambas partes fue sobre el documento suscrito el -2010- por Luis Pablo Tapia Montiel que a la fecha se encuentra fallecido y este aspecto no pude ser superado por esta Sala conforme a postulado el ahora demandado, siendo necesario que se efectúe una dilucidación de la cuestión planteada dentro de la jurisdicción ordinaria;
7. g)Sobre la consignación como socio del ahora peticionante de tutela a la empresa minera Nuevokori S.R.L., implicaría un pronunciamiento sobre los arts. 195 al 206 del CCom referido a los particularidades de la forma de creación, modificación, disolución, inclusión de nuevos socios, registro de socios, administración de la sociedad, facultades de la asamblea de los socios, aspecto que no le es atribuida a esta instancia constitucional; y,
8. h)Independientemente de los hechos controvertidos que se han referido y que no permiten llegar a un convencimiento de la consolidación de un derecho, también opera la aplicación de cuestiones de improcedencia de esta acción conforme se tiene en la SC 1337/2003 de 15 de septiembre, recogida en la SC 822/2012, la cual señala que el hecho de la autoridad judicial o administrativa no ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto, porque la parte no utilizó un medio de defensa, ni planteo recurso alguno; en consecuencia, es el Código Civil que faculta al ahora impetrante de tutela la posibilidad y potestad de reclamar ante la jurisdicción ordinaria en materia civil y comercial.