Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0510/2019-S2 Sucre, 12 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 27555-2019-56-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 077/2019 de 8 de febrero, cursante de fs. 188 a 194 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Armando Cusicanqui Loayza en representación del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público (VTCP) dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) contra Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 21 de enero de 2019, cursante de fs. 70 a 86, la parte accionante a través de su representante legal, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La Caja Nacional de Salud (CNS), giró la Nota de Cargo 233-1258 de 24 de febrero de 2000 por el monto de Bs2 765 827 29.- (Dos millones setecientos sesenta y cinco mil ochocientos veintisiete 29/100 bolivianos), contra el Tesoro General de la Nación (TGN) indicando como representante a Marcelo Montero Núñez del Prado, ex VTCP, por supuestos aportes devengados de abril a diciembre de 1998 y de enero a mayo de 1999, correspondientes al personal contratado en calidad de consultor por el entonces Ministerio de Hacienda, actual MEFP, aplicando erróneamente los arts. 6 y 222 del Código de Seguridad Social (CSS), arts. 7 y 544 del Decreto Supremo (DS) 5315 de 30 de septiembre de 1959, Reglamento del CSS; habiendo interpuesto demanda coactiva social contra el VTCP, lo que dio lugar a la emisión del Auto de Solvendo de 2 de febrero de 2002, por parte del "...Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social del departamento de La Paz" (sic).
Ante esa situación, el ex VTCP del Ministerio de Hacienda, actual MEFP; interpuso las excepciones de impersonería, imprecisión, obscuridad y contradicción en la demanda e incidente de nulidad, haciendo notar que no correspondía el pago solicitado por concepto de cotizaciones a la seguridad social por personal contratado en calidad de consultor, y que por otra parte la CNS, jamás efectuó prestación alguna a estas personas; sin embargo, el Juez de la causa mediante Sentencia 86/2008 de 19 septiembre, declaró probada la demanda y por consiguiente firme y subsistente la nota de cargo e improbadas las excepciones planteadas y sin lugar a la nulidad de actuaciones; ante dicha Resolución, se interpuso recurso de apelación, que fue resuelto mediante Auto de Vista 126/2010 de 4 de junio, dictado por la Sala Social Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual confirmó la referida Sentencia; por lo que, formulado el recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante , anuló el Auto de Vista recurrido, ordenando se emita uno nuevo con la debida fundamentación y congruencia, aplicando las previsiones contendidas en los arts. 190, 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC); en tal sentido, se pronunció el Auto de Vista 36/2016 de 17 de junio, por el que nuevamente se confirmó la Sentencia 86/2008, cometiendo los mismos errores que fueron observados.
Presentado el recurso de casación, esta vez contra el Auto de Vista 36/2016, se denunció, la vulneración de las "...Leyes Financiales 1826 de 20 de febrero y 1928 de 17 de diciembre de 1998..." (sic), que aprobaron el presupuesto general del Estado para las gestiones 1998 y 1999, así como el hecho que en dichos periodos, la CNS pretende cobrar ilegalmente cotizaciones de personal contratado en calidad de consultor; sin embargo, las autoridades ahora demandadas mediante , confirmaron el Auto de Vista impugnado, sin fundamentar ni motivar debidamente su decisión, omitiendo pronunciarse respecto a la validez y aplicación de las leyes financiales y los contratos suscritos que fueron alegados; así también, respecto a la jurisprudencia constitucional aplicable.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denuncia la lesión de los derechos al debido proceso, en su elemento, fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; y, al derecho de petición; citando al efecto los arts. 24, 115.II, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga, a) Dejar sin efecto, el y el Auto Supremo Complementario de 13 de junio de 2018, ordenándose se dicte una nueva resolución que interprete y aplique correctamente los arts. 7 y 25 inc. a) del Reglamento del CCS y el art. 4 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, declarando su inaplicabilidad a la figura de los consultores, conforme a los fundamentos expuestos; y, b) Se declare expresamente la nulidad de los actos procesales vulneradores del debido proceso dentro del coactivo social seguido por la CNS emergente de la Nota de Cargo 233-1258 de 24 de febrero de 2000.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 8 de febrero de 2019, según consta en acta cursante de fs. 182 a 187 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La entidad accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito, presentado el 30 de enero de 2019, cursante de fs. 124 a 126 vta., manifestaron que:
- 1)Se declaró infundado el recurso de casación planteado; puesto que, se consideró que los juzgadores de instancia, a tiempo de emitir sus resoluciones, aplicaron correctamente las normas legales en vigencia;
- 2)De la lectura íntegra del Auto Supremo ahora impugnado, se puede advertir que se dio respuesta a todos y cada uno de los puntos reclamados en el referido recurso de casación; y,
- 3)En la acción planteada, se pretende que el Tribunal de garantías realice una revalorización de la prueba aportada e interprete la legalidad ordinaria; labor que no corresponde a la jurisdicción constitucional pues la misma únicamente debe ser realizada por las autoridades ordinarias; extremo por el cual, solicitaron la denegatoria de la tutela impetrada.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
La CNS, a través de su representante legal, mediante informe escrito presentado el 8 de febrero de 2019, cursante de fs. 143 a 146 vta., manifestó lo siguiente:
- 1)Se evidenció que el TGN suscribió dos contratos de consultoría en los periodos fiscalizados de abril 1998 a diciembre de ese año y de enero a mayo de 1999, que éstos simulaban una relación laboral de consultoría, cuando en el fondo y en los hechos se tenía una relación formal de trabajo, evadiendo el pago de las cargas sociales, así como los aportes a la seguridad social; razón por la que, correspondía en derecho la Nota de Cargo 233-1258; y,
- 2)En el , se analizó y corroboró que los consultores contratados para el TGN, simularon una relación laboral que en el fondo era de prestación de servicios en tareas propias y permanentes, considerando que la seguridad social es un derecho fundamental, que inclusive por mandato constitucional se garantiza su efectivo cumplimiento, le corresponde al empleador del sector público o privado, cumplir con el aporte respectivo a la seguridad social a corto plazo; en este sentido, la Resolución impugnada resolvió correctamente la problemática puesta a consideración y fundamentó debidamente su decisión, aplicando la normativa legal en vigencia de forma correcta, razón por la que, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.
I.2.4. Resolución
Mostrando 25 de 121 parrafos.