0512/2021-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0512/2021-S2 Sucre, 3 de septiembre de 2021

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad

Expediente: 35870-2020-72-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 07/2020 de 24 de septiembre, cursante de fs. 161 a 165 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alberto Vargas Veizaga contra Mirta Faridy Arnez Arze, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de septiembre de 2020, cursante de fs. 99 a 103, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 31 de agosto de 2020, interpuso una denuncia penal contra Brenda Daniela Escobar Delgadilllo, expareja y madre de sus dos hijos menores de edad y Kelvin Bruno Villanueva; su actual conviviente, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica contra los referidos menores.

Previamente a la aceptación de la denuncia, Mirta Faridy Arnez Arze, Fiscal de Materia, mediante requerimiento de 4 de septiembre del citado año, ordenó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, realice entrevistas psicológica y social de sus hijos. En ese entendido, Rosalía Peralta Vallejos, Psicóloga, presentó su informe en el que se evidenció y advirtió que los denunciados violentaban físicamente a los menores, y que además se agredían delante de ellos, lo cual confirmó un constante maltrato físico y psicológico. Estos hechos fueron interpretados erróneamente en dicho informe, como "castigos correctivos", lo cual fue contrario a lo previsto en los arts. 146 y 147 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).

Denunció que la representante del Ministerio Público, en un acto arbitrario y constitutivo de persecución ilegal, inventándose procedimiento, eximió de responsabilidad al agresor Kelvin Bruno Villanueva, y al mismo tiempo, a través del informe de inicio de investigaciones de 18 de septiembre de 2020, emitió una citación formal injusta en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia económica, a fin de que preste su declaración informativa como denunciado el 28 del mismo mes y año. Mencionó que la autoridad fiscal demandada, criminalizó un instituto jurídico que pertenecía a la jurisdicción familiar, como es la asistencia, usurpando de esta forma las competencias del juez natural previstas en el art. 70.9 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

Afirmó que el incumplimiento o deuda de asistencia familiar no constituía un delito, más cuando la Fiscal de Materia tomó en cuenta una entrevista totalmente manipulada. Aclaró que otorgaba una asistencia familiar de Bs1300.- (mil trescientos bolivianos); que si bien el 20 de agosto de 2020 se ejecutó un mandamiento de apremio en su contra, esta situación fue solucionada el mismo día; motivo por el cual se ordenó su libertad.

Observó que el art. 7.10 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2019 -Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia-, dispone que: "Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir"; por tal motivo, el sujeto pasivo del delito denunciado es una mujer y no un menor de edad, por lo cual su conducta no se adecuó al hecho de causar violencia económica a sus hijos; más si la asistencia familiar se estaría dilucidando ante el Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba.