0512/2023-S1

Como emergencia de haber sido contratado por la empresa PHARMATECH BOLIVIANA Sociedad Anónima (S.A.) el 19 de mayo de 2008 mediante contrato verbal para ejercer las funciones de repartidor de medicamentos, percibiendo un salario mensual, que para ser procesado y cancelado su empleador le exigió como requisito que recabe un Número de Identificación Tributaria (NIT) y emita factura, como una forma de desvirtuar el contrato laboral y aparentar un contrato civil; sin embargo, la relación laboral no puede ser ocultada, por los siguientes motivos:

1. a)El cargo que ocupó y la actividad realizada, constituyen tareas propias y permanentes de la empresa, como repartidor de medicamentos a las farmacias y cobrador;
2. b)Percibía un monto mensual fijo, es así que desde mayo de 2008 hasta abril de 2009 se le canceló cada mes Bs4500.- (cuatro mil quinientos bolivianos), luego desde mayo hasta agosto de igual año, le cancelaron Bs5000.- (cinco mil bolivianos), posteriormente a partir del siguiente mes le incrementaron a Bs5500.- (cinco mil quinientos bolivianos) y así sucesiva y progresivamente fue teniendo incrementos hasta llegar su salario a la suma de Bs12 000.- (doce mil bolivianos);
3. c)Tenía un horario de trabajo de lunes a viernes de horas 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30; y, los sábados de horas 9:00 a 13:00, en forma continuada; y,
4. d)La prestación de servicios era de dedicación exclusiva, dado que solo facturó a la empresa porque el NIT recabado fue con la única finalidad de cumplir con la exigencia de la empresa demandada.

El accionante por intermedio de su abogado, en el desarrollo de la audiencia, ratificó los fundamentos contenidos en el memorial de la acción, efectuando las siguientes puntualizaciones:

1. 1)Interpuso la presente acción tutelar porque en la vía ordinaria no encontró la justicia que pretendía, dado que en la primera instancia el Juez A quo no valoró las pruebas presentadas por su parte ni determinó el por qué no existió la relación laboral, omitiendo valorar la tarea que desempeñaba dentro de la estructura organizacional de la empresa PHARMATECH BOLIVIANA S.A., que se dedica a la comercialización y distribución de medicamentos farmacéuticos, tarea propia y permanente que precisamente su persona efectuaba; situación que no fue considerada por ninguna de las instancias procesales, dando lugar a la empresa para eludir sus obligaciones, enmascarando las relaciones laborales con contratos civiles, que en su caso no se firmó ningún contrato, además que su relación laboral se inició el 2008 y recién el 2012 le exigió la facturación por un segundo vehículo; aspecto que no fue analizado en ninguna de las instancias, que tampoco aplicaron las disposiciones contenidas en los arts. 2.II del Decreto Supremo (DS) 107 de 1 de mayo de 2009; 4 y 5.II del DS 521 de 26 de mayo de 2010; y, 5 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, con relación a la simulación de modalidades de contratos para eludir las relaciones laborales; y,
2. 2)Si bien la acción de amparo constitucional no constituye una instancia más, sin embargo, ante la vulneración de sus derechos fundamentales por no haberse analizado el tipo de relación laboral que sostuvo con la empresa, las tareas propias y permanentes que desarrolló en ella, como tampoco se tuvieron en cuenta los talonarios de facturas que se empezó a facturar el 2012, ni la fotocopia de los cheques por los cuales percibió los salarios cancelados o las hojas de ruta donde se evidencia el tipo de comercialización y los productos; consiguientemente no pretende que la jurisdicción constitucional analice la prueba, sino que verifique la vulneración del debido proceso en su elemento falta de valoración probatoria en la que incurrieron las autoridades jurisdiccionales demandadas en las diferentes etapas procesales; omisión en la que incurrieron sin justificación alguna.

Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante memorial presentado el 5 de abril de 2022, cursante de fs. 720 a 723 vta., informaron lo que sigue:

1. i)El accionante no cumplió con los requisitos de contenido exigidos por la Constitución Política del Estado y por el Código Procesal Constitucional, no obstante que por Auto de 17 de marzo de igual año, la Sala Constitucional le dio la oportunidad de subsanar la ausencia de requisitos identificada en su memorial de la acción tutelar, dado que no especificó ni individualizó los derechos y garantías supuestamente vulnerados ni estableció la relación de causalidad con los hechos alegados, puesto que en el memorial de subsanación que presentó reiteró los argumentos del memorial de la acción de amparo constitucional, aludiendo una transgresión al debido proceso, señalando solo doctrina sobre esa temática y aludiendo hechos y pruebas que acreditarían su pretensión dentro del proceso laboral culminado con la emisión del Auto Supremo 414 impugnado, sin especificar qué fundamentos u omisiones lesionaron derechos y garantías que merezcan ser tutelados, expresando solo su disconformidad con el mismo, omitiendo explicar cómo, por qué o de qué manera hubiera transgredido el debido proceso y la seguridad jurídica la Resolución referida;
2. ii)La jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria, porque es de exclusiva competencia de la justicia ordinaria, más si el accionante no cumplió con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que en esta vía tutelar pueda analizar dicha interpretación;
3. iii)El Auto Supremo cuestionado, explicó en forma clara y razonada el por qué las infracciones acusadas en el recurso de casación formulado por el ahora impetrante de tutela, resultaron infundadas, explicándole claramente que lo que define la naturaleza jurídica de una controversia sobre la particularidad contractual de una obra o servicio, o de una prestación de trabajo se ve directamente en la realidad de su ejecución, siendo ésta la que debe ser objeto de análisis, a la luz del principio de primacía de la realidad por parte del juzgador laboral, dándose a conocer las diferencias que hacen a los contratos civiles y laborales, o los servicios prestados de manera independiente o autónoma, con los dependientes y subordinados, toda vez que en los primeros el que presta el servicio asume por sí mismo y bajo su responsabilidad la realización de un trabajo a cambio del pago convenido que normalmente se realiza contra entrega del trabajo de acuerdo al avance o especificaciones acordadas, en periodos establecidos entre ambas partes, a diferencia del segundo, donde la dependencia del trabajador en relación al empleador, quien proporciona los medios e instrumentos para el desarrollo del trabajo, que es controlado, con una remuneración mensual y uniforme denominado sueldo o salario; y,
4. iv)A lo largo del proceso laboral se demostró que la empresa PHARMATECH BOLIVIANA S.A. no proporcionaba los instrumentos para la realización de la prestación que efectuaba el accionante, quien era propietario de las movilidades en las que realizaba la distribución de productos, además de no estar sujeto a participar obligatoriamente para cumplir con esa tarea, dado que debía cumplir con ella en una prestación de servicio acordado, dado que en muchas ocasiones las realizó su hermano y terceros, hechos que se demostraron con la prueba aportada, como en la confesión judicial provocada, conforme se desarrolló en el Auto Supremo cuestionado, evidenciándose que los vehículos en los cuales el ahora impetrante de tutela repartía los productos de la empresa demandada, eran de su propiedad, percibiendo además un alquiler por los vehículos, hecho corroborado por una carta de 23 de febrero de 2015 en la que solicitó un aumento de Bs1500.- (un mil quinientos bolivianos) por vehículo justificando los gastos que genera la distribución, aspecto que demuestra plenamente la relación de índole comercial que existía entre el actor y la empresa demandada, explicándose por qué no operó la adecuación lógica del supuesto de derecho referido a las características de una relación laboral a la situación subjetiva particular sobre la relación comercial que tuvo el accionante con la empresa demandada, a cuyo efecto se señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para estimar que el caso no puede subsumirse en las hipótesis previstas por los arts. 1 del DS 23570 de 26 de julio de 1993 y 2 del DS 28699.

El representante legal de la empresa PHARMATECH BOLIVIANA S.A., por intermedio de su abogado en audiencia expuso lo siguiente:

1. a)La acción de amparo constitucional planteada por el accionante es totalmente improcedente, debiendo ser denegada la tutela, dado que si bien se aduce la vulneración del debido proceso en su elemento de falta de valoración de la prueba, así como el principio de seguridad jurídica; sin embargo en el contenido del memorial de la acción no se advierte ninguna argumentación sobre dicha transgresión;
2. b)La jurisdicción constitucional no constituye una instancia más y por la exposición que reiteró el impetrante de tutela, pretende que se realice mediante la presente acción tutelar, una nueva valoración de la prueba que ya fue efectuada en las diferentes instancias ordinarias del proceso, y la pretensión del demandante de tutela ya fue debidamente valorada por los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, mediante la fundamentación clara y precisa, citando la normativa legal que respalda la decisión;
3. c)Las autoridades demandadas al emitir el Auto Supremo 414, así como el Tribunal de alzada al pronunciar el Auto de Vista 68 y el Juez de primera instancia, al dictar la Sentencia 52 de 20 de septiembre de 2019, a su turno, aplicaron la garantía del debido proceso, observando la Ley General del Trabajo, sus Reglamentos y supletoriamente el Código Procesal Civil;
4. d)El Auto Supremo 414, ingresó a la valoración probatoria referida a la realización de tareas propias y permanentes que el demandante alegó haber realizado, estableciendo que la actividad realizada por el actor es una actividad complementaria, porque la actividad principal de la empresa es la comercialización de productos, pudiendo ser vendidos mediante otros mecanismos diferentes, lo que implica que no se trata de una actividad propia y permanente de la empresa, constituyendo un servicio que prestaba el demandante, con los gastos que implicaban el pago de mantenimiento, gasolina, repuestos, materiales, cuyo pago que hizo la empresa no constituye de ninguna manera un salario. Asimismo, se hizo valoración de los talonarios, exponiendo una fundamentación y motivación al respecto. De igual manera también se analizaron los cheques emitidos para cubrir el servicio de los dos vehículos, como respecto a las hojas de ruta; y,
5. e)El memorial de la acción de amparo constitucional no cumplió con explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, absurda, ilógica, incongruente o con error evidente, siendo uno de los requisitos precisar los derechos y garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre otros y la interpretación impugnada.

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución 53/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 750 a 754 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)El Auto Supremo objeto de la presente acción de amparo constitucional, desarrolla una valoración probatoria deduciendo a partir de ello, que la relación sostenida entre el actor y la empresa demandada no está plasmada por las características de una relación laboral, por existir trabajo por cuenta ajena, al no obtener la subordinación y dependencia, pues el horario de trabajo para la distribución de los productos recae en un tema logístico y que el actor decidía plenamente sobre sus instrumentos de trabajo, quien junto a su reemplazo conducían sus propios vehículos, no existiendo un salario dado que el pago se efectuó por los servicios prestados en cada vehículo, conforme se demostró en las negociaciones de incremento de dicho pago por cada vehículo y la confesión provocada, que el incremento se duplicó ante la disponibilidad de un segundo vehículo del demandante;
2. 2)Se puede concluir que el Tribunal de casación, así como las autoridades de instancia demandadas, expusieron con claridad las razones de su decisión, haciendo una valoración conjunta de la prueba presentada por las partes, demostrándose que no es evidente la falta de fundamentos del Auto Supremo ahora impugnado, que ante los antecedentes analizados, concluyó que no existía una relación de dependencia laboral entre el accionante y la empresa demandada, por lo cual declaró infundado el recurso de casación presentado por el ahora accionante;
3. 3)Tampoco resulta evidente que las autoridades demandadas hubieran omitido por completo valorar la documental presentada, que alega el solicitante de tutela su omisión valorativa, puesto que, se aprecia que entre las pruebas más relevantes que consideró el Auto Supremo, está precisamente la confesión provocada del actor, que conforme establece el art. 167 del Código Procesal del Trabajo (CPT), la confesión en materia laboral es expresa y divisible, y el hecho admitido en ella no requiere más prueba;
4. 4)Entre otros aspectos valorados en el Auto Supremo, es que el demandante no figura en el registro de asistencia de la empresa y que en las hojas de ruta de salida de los productos, se advierte que la empresa demandada asignaba un dependiente, para la entrega de productos y cobro de la mercancía, sin tener ninguna injerencia el actor y ahora accionante, más que la de cumplir con el servicio de transporte, además de tener las facturas por el servicio prestado, con el nombre de la empresa y también con el NIT; y,
5. 5)Se advierte que el Auto Supremo cuenta con la fundamentación y motivación respectiva, al haber considerado la valoración probatoria, y el solo hecho que no se hubiera efectuado una cabal lectura de dicha prueba como alega el accionante, no es suficiente para que la jurisdicción ingrese a revisar la actividad valorativa probatoria de la jurisdicción ordinaria, más si no existe la argumentación necesaria que permita dicha valoración. Tampoco fundamentó por qué la interpretación efectuada por las autoridades demandadas no sería coherente o razonable, menos si no existe relación de causalidad entre el derecho supuestamente vulnerado y la interpretación que señala el accionante no hubiera sido adecuada, dado que así se pudiera advertir su relevancia constitucional.

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba y congruencia, así como el principio a la seguridad jurídica, toda vez que dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales que siguió contra la empresa PHARMATECH BOLIVIANA S.A., las autoridades demandadas, a su turno incurrieron en los siguientes actos lesivos:

1. i)El Juez de primera instancia mediante Sentencia 52, declaró improbada su demanda, efectuando una valoración sesgada de la prueba, considerando solo la prueba de descargo y omitiendo sobre la prueba de cargo;
2. ii)El Tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación que interpuso contra la Sentencia de primera instancia, mediante Auto de Vista 68, confirmó la Sentencia apelada, sin pronunciarse sobre todos los agravios planteados, omitiendo una valoración probatoria íntegra de todo cuanto fue presentado, además de no haber fundamentado debidamente conforme exige el art. 265.I del CPC, otorgando una respuesta razonada y efectiva, inobservando los principios de especificidad y exhaustividad, realizando una valoración con criterios segados, omitiendo un análisis sobre las labores desarrolladas que son propias y permanentes de su empleador, sin aplicar el principio de la realidad; y,
3. iii)Los Magistrados de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia al declarar infundado el recurso de casación planteado incurrieron en: iii.a) Omisión de considerar los agravios denunciados; iii.b) Falta de valoraron la prueba que determina que las labores prestadas eran propias y permanentes; y, iii.c) Falta de aplicación de los principios laborales de primacía de la realidad e indubio pro operario.

En consecuencia, dentro del presente caso, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. 1)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
2. 2)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
3. 3)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la 0SC 0802/2007-R de 2 de octubre4, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:
6. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
7. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
8. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
9. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 0SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la 0SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 0SC 0682/2004-R de 6 de mayo10, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre15, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades:

1. 1)No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Al respecto, la citada 0SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía:

1. i)Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y,
2. ii)Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad16.