Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0512/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 76342-2025-153-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución AUSUN 01/2025 de 29 de agosto, cursante a fs. 69 a 72 vta., pronunciada por la Autoridad Sumariante de la Caja Nacional de Salud (CNS)-2024, por la que resuelve "NO PROMOVER" la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Marcelo Augusto Prin Salmón demandando la inconstitucionalidad del art. 61 incs. c), h), k), l) y m) del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS-2024, por ser presuntamente contrario a los arts. 14.IV, 21, 46, 48, 51, 115 y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 27 de agosto de 2025, cursante de fs. 60 a 64, el accionante manifiesta que, mediante Auto Inicial de Proceso Administrativo Interno ?.?. 09/2025 de 16 de abril, se dispuso la apertura de proceso disciplinario en su contra, en calidad de Responsable del Proceso de Contratación, atribuyéndole presuntas irregularidades vinculadas al procedimiento de excepción "Construcción Área de Hemodiálisis y Almacén General Hospital Obrero 9-Cobija", estos hechos fueron subsumidos en el art. 61 incs c), h), k), l) y m) del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS-2024.
Posteriormente, la Resolución Sumarial Final le impuso como sanción destitución, contra la cual interpuso recurso de revocatoria, que actualmente se encuentra pendiente de resolución; por lo que, en esta etapa, la definición de su situación jurídica depende de la validez constitucional de los incisos citados, lo que justifica la presente acción de inconstitucionalidad concreta, los cuales establecen deberes generales como: trabajar en condiciones de respeto y moralidad; cumplir labores con responsabilidad y eficiencia; guardar lealtad institucional; actuar con prudencia, cautela y ética profesional; comportarse con tino, cortesía y amabilidad; es decir, se trata de cláusulas morales, abiertas y sin parámetros de verificación objetiva, concebidas antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009; por lo que, su aplicación actual desnaturaliza el principio de legalidad en materia disciplinaria.
El art. 410 de la CPE, consagra la supremacía constitucional y obliga a adecuar toda norma infralegal al bloque de constitucionalidad, más aún cuando produce restricciones a derechos fundamentales, en ese marco, los incisos cuestionados resultan incompatibles con la tipicidad, previsibilidad y proporcionalidad que exige un Estado Constitucional de Derecho, la relevancia constitucional se cumple, pues la destitución se fundamenta únicamente en esos incisos, sin norma legal superior que delimite objetivamente la falta, si el Tribunal Constitucional Plurinacional declara su inconstitucionalidad, la sanción carecerá de sustento; si los valida, la autoridad podrá mantenerlos como base de sanción; por ello, la controversia sobre su validez es determinante para el proceso principal.
Cada inciso vulnera directamente tanto la Ley Fundamental como la Convención Americana sobre Derechos Humanos; puesto que, los incisos cuestionados establecen: El inc. c) "respeto y moralidad", es una fórmula vaga contraria al principio de legalidad contenidos en los arts. 14.IV, 115 y 117 de la CPE; en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso: Baena Ricardo Vs. Panamá, estableció que sancionar a servidores con base a nociones vagas de lealtad o respeto contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos; el inc. h) "cumplir todas las labores asignadas", impone obediencia ilimitada, sin parámetros normativos, incompatible con los arts. 46 y 48 de la CPE y el art. 8 de la CADH; el inc. k) "guardar lealtad y evitar perjuicio moral o material", restringe la libertad de expresión y sindicalización contenidos en los arts. 21 y 51 de la CPE; caso Lagos del Campo Vs. Perú, la citada Corte, señaló que, sancionar a un trabajador por emitir críticas a su empleador vulnera la libertad de expresión en el ámbito laboral; el inc. l) "prudencia, cautela y ética profesional", introduce sanciones basadas en conceptos morales indeterminados, contrarios a la tipicidad, contenido en la ; del inc. m) "tino, cortesía y amabilidad", convierte en causal de despido, violando la estabilidad laboral y la proporcionalidad contenidos en los arts. 48 de la CPE y 8 de la CADH.
En mérito a lo expuesto, solicita, se promueva la presente acción de inconstitucionalidad concreta respecto del art. 61 incs. c), h), k), l) y m) del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS-2024.
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