Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0512/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 58171-2023-117-AAC Departamento: Pando
En revisión la Resolución 060/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 374 a 378 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jimy Osvaldo Zenteno Covarrubias, representante legal de la Compañía Técnica de Construcciones y Servicios CTC Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Carlos Alberto Egüez Añez y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 17 de agosto de 2023, cursante a fs. 1; y, 350 a 353 vta., la empresa accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2012, junto al Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cobija del departamento de Pando, suscribieron el Contrato Administrativo de Obras 07/2012, para la ejecución del proyecto de obra "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL CIUDAD DE COBIJA TRAMO I", por el monto total de Bs23 025 612,67 (veintitrés millones veinticinco mil seiscientos doce 67/100 bolivianos); posteriormente, pese a obtener las actas de recepción provisional y definitiva para cumplir con el cien por cien del Contrato Administrativo, la Entidad municipal se negó a cancelar el mismo, arguyendo entre otros pretextos el cambio de gobierno municipal y la falta de recursos económicos.
Ante esa negativa, la empresa interpuso demanda contenciosa contra el GAM Cobija, este último, al contestar a la demanda no acompañó ningún tipo de documento, existiendo un silencio administrativo respecto a los documentos que, de su parte se acompañó confirmándose su autenticidad; es decir, no se reclamó sí los mismos reunían condiciones formales, efectuando observaciones a aspectos posteriores a la entrega; asimismo, estableciéndose los puntos de hecho a probar, se determinó que la entidad municipal debía probar las observaciones a la entrega provisional y definitiva; sin embargo, hasta antes de la clausura del periodo de prueba no ofreció ningún elemento probatorio; por lo que, no había prueba introducida al proceso por parte de la Entidad municipal que, demuestre las observaciones al acta de entrega provisional y definitiva de obra; luego, en alegatos y conclusiones el GAM Cobija, admitió que, existe un acta de recepción definitiva, observando que la empresa se excedió en el plazo de entrega; empero, admitió que al recepcionar la obra dio su conformidad e incluso procedió a usar la misma, para luego de nueve años realizar observaciones sobre su estado.
En mérito a todo lo anterior, los Vocales de la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Sentencia 12/2021 de 29 de septiembre, declararon probada la demanda; y, ante esa determinación, el GAM Cobija, interpuso recurso impugnando dicha Sentencia; sin embargo, no se ofreció ninguna prueba en segunda instancia, reclamando únicamente que se demostró el incumplimiento de contrato.
Ante esa impugnación, Carlos Alberto Egüez Añez y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- pronunciaron el , casando la Sentencia 12/2021 y declarando improbada la demanda; no obstante, en su emisión se vulneró el derecho al debido proceso, dado que existe contradicción e incoherencia en la valoración de la prueba y la determinación del incumplimiento de contrato, ello al establecerse que:
- a)Se demostró que el acta de recepción provisional de la obra de 3 de diciembre de 2014, tiene un sinfín de observaciones de los beneficiarios y pobladores de la ciudad de Cobija; ahora bien, el Gobierno municipal de la referida ciudad, jamás demostró dichas observaciones; además que, de manera contradictoria en el mismo Auto Supremo se refirió que, la obra fue entrega teniendo un acta de recepción definitiva; por lo qué, se cumplió el contrato;
- b)Existe daño económico al Estado; de cualquier manera, dicha apreciación es temeraria debido a que, la entidad municipal no ofreció prueba para determinar ese grave daño;
- c)No existe la firma del representante legal del GAM Cobija o del supervisor de obra; mientras que, en la contestación a la demanda, la entidad municipal admitió que la obra fue recepcionada al cien por cien; además, no presentó prueba que señale lo contrario; en ese sentido, los Magistrados demandados no mencionaron cuál es la prueba documental introducida legalmente al proceso que acredite esos extremos; y,
- d)En el acta de recepción definitiva se demostró que el inicio de la obra se dio a partir de la orden de proceder del 28 de agosto de 2012, hasta su conclusión el 21 de mayo de 2015; con lo que se demostraría el incumplimiento del plazo de trescientos cuarenta y tres días; no obstante, los Magistrados demandados omitieron considerar que en los puntos de hecho a probar, no se estipuló que deba demostrarse el por qué, se entregó la obra el 21 de mayo de 2015; además, no se consideró que, si existía incumplimiento, por qué, la entidad municipal recepcionó de forma definitiva la obra.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos "...IRRETROACTIVIDAD DE ACTOS PROCESALES RELACIONADOS A LA FUNDAMENTACIÓN" (sic); y, valoración de la prueba, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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