0513/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0513/2019-S2 Sucre, 12 de julio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 27760-2019-56-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución AL-0001/2019 de 20 de febrero, cursante de fs. 184 a 186 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Montaño Claros por sí y en representación sin mandato de Edwin Montaño Claros, Grover Montaño Claros, Dora Montaño Claros, Reynaldo Guzmán Gamboa, Sofía Montaño Claros, Melicia García Moya, Lucio Orellana Aguilar y Juana Montaño Claros contra Liliana Romero Espinoza, Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de febrero de 2019, cursante de fs. 140 a 144, los accionantes a través de su representante sin mandato, expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Existiendo mandamientos de aprehensión expedidos en audiencia con una irregular aplicación de la ley, dentro del proceso penal iniciado por Roberto Quiroga Pinto y otra, en contra de los mismos, por la presunta comisión del delito de despojo; es decir, se hallan involucrados sin haber cometido ningún delito, el cual se viene ventilando ante el Juzgado Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba.

Conforme los antecedentes del proceso, se tiene que en el momento procesal de juicio oral el 5 de noviembre del 2013, formularon como medio de defensa, excepción de prejudicialidad, por existir un proceso extra penal de saneamiento ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sobre los predios objeto de la litis, la cual fue admitida; en consecuencia, la continuación del juicio oral penal se encontraba suspendida hasta que concluya el trámite de saneamiento ante el INRA; en mérito a la Resolución de fecha 5 de igual mes y año.

De la certificación que se acompaña, se tiene que dicho proceso de saneamiento ante el INRA aún no concluyó; aspecto, que es de conocimiento de la parte querellante; la cual por intermedio de su apoderado, mediante memorial de 7 de septiembre de 2018, solicitaron se fije audiencia de juicio oral; en respuesta la autoridad demandada, a través del decreto de 26 de igual mes y año, decide dar curso al petitorio de la parte adversa, señalando día y hora audiencia de juicio oral para el 10 de enero de 2019 a horas 09:00; disponiendo la notificación; a la cual, no pudieron asistir, porque no los notificaron en persona de acuerdo al art. 163.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), tratándose de una audiencia de señalamiento de juicio oral, donde tan solo se practicó la diligencia en el domicilio procesal señalado hace más de cinco años.

Señalan que en el procedimiento y actos realizados por la autoridad jurisdiccional demandada, incurrió en actos que constituyen defectos absolutos y al haberlos declarado rebeldes y contumaces expidiendo mandamientos de aprehensión, producto de una irregular aplicación de la ley, considerando que dicha autoridad, es quien debería verificar e interpretar si correspondía dar curso a lo solicitado y al percatarse que no existe ninguna prueba documental que acredite que el proceso de saneamiento habría concluido, más aún cuando en los hechos la Resolución Administrativa 25/2018 de 8 de febrero, no resuelve ni pone fin al proceso de saneamiento ante el INRA, siendo tan solo producto de una disposición a consecuencia de un recurso jerárquico sobre un recurso administrativo y que de ninguna manera es una Resolución final que ponga fin al proceso de saneamiento.