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TCP

0514/2019-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
12 de julio de 2019SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0514/2019-S4

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0514/2019-S4 Sucre, 12 de julio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad

Expediente: 27858-2019-56-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 002/2019 de 19 de febrero, cursante de fs. 101 a 104 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Petrona Patricia Pacajes Achu contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Tercera del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial de 18 de febrero de 2019, cursante de fs. 2 a 4, la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Resolución 519/2018 de 31 de octubre, se dispuso su detención preventiva por existir los riesgos procesales insertos en los arts. 234.1 y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, en la audiencia de medidas cautelares se desvirtuó lo referente a su domicilio y familia y por Resolución 684/2018 de 27 de diciembre, se desvirtuó en parte lo concerniente a la actividad laboral lícita, presentando el Número de Identificación Tributaria (NIT) original, donde se observó la existencia de contradicción en la activación del NIT y la cesación de sus funciones como ex Jueza, además de no haberse presentado licencia de funcionamiento de la actividad laboral.

En audiencia de cesación a la detención preventiva de 4 de febrero de 2019, se procedió a desvirtuar en su totalidad el art. 234.1 y 2 del CPP, presentando una nota emitida por el Consejo de la Magistratura de 7 de noviembre de 2018, acompañada del memorándum de 28 de septiembre de igual año de cesantía de funciones y la licencia de funcionamiento de su actividad lícita como abogada, enervando lo señalado en el art. 239.1 del adjetivo penal, evidenciándose dicho extremo en el acta de 4 de febrero de 2019, como en la Resolución 29/2019 del mismo mes y año, objeto de esta acción de libertad.

La Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Tercera del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Segunda, de manera verbal y fundamentada dio por desvirtuado el art. 234.1 y 2 del CPP; dejando latente el art. 235.1 y 2 de igual norma, bajo el argumento de faltar la declaración de dos testigos del Ministerio Público, el registro del lugar de los hechos y la inspección técnica ocular, desconociendo la aplicabilidad de la "" y las y , que establecieron que una vez desvirtuados los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP, se debe aplicar el principio de favorabilidad y que el art. 235.1 y 2 no es suficiente para mantener la detención preventiva; la Jueza demandada mediante Resolución 29/2019, insertó los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del CPP, agregando términos falaces como el desarrollo del protocolo de autopsia y el de no tenerse certeza del registro en Fundempresa, introduciendo en la parte dispositiva el nombre de Marcelo Miranda Migues y no el de su persona, por lo que resultó ser un fallo prevaricador, razón por la que interpuso recurso de apelación, el mismo que no se dio curso conforme se tiene de la misma Resolución.

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Tribunal Constitucional Plurinacional12 de julio de 20190514/2019-S4Fuente oficial