Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0518/2019-S2 Sucre, 15 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 27735-2019-56-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 13 de 7 de febrero de 2019, cursante de fs. 84 vta. a 86, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rodrigo Alonso Canedo Herrera contra Jenny Magaly Iquise, Jueza Publica de Familia Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 6 de febrero de 2019, cursante de fs. 34 a 39 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro el proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Felicidad Zarate Brito a favor de su hija menor, en la vía incidental solicitó reducción de asistencia familiar, que fue resuelto mediante Auto Definitivo 222 de 20 de noviembre de 2017, disponiendo que pague la suma de Bs800.- (ochocientos bolivianos) mensuales y como gastos extraordinarios, gastos médicos en 50%, pago de guardería en 50%, más cuatro mudadas de ropa completa al año.
Presentó observación a la liquidación total presentada por la demandante, efectuando una proposición probatoria para que se ordene a la Guardería la remisión de copias de las facturas, solicitud que fue tramitada irregularmente, colocándole en estado de indefensión, y pese a ello, la autoirdad judicial emitió el decreto de 20 de agosto de 2018, aprobando la liquidación, por lo que formuló recurso de reposición con alternativa de apelación, resuelto por Auto Interlocutorio 509 de 16 de noviembre de 2018, que rechazó la reposición y concedió la apelación, que se encuentra pendiente de resolución.
Posteriormente, previa petición de parte, por decreto de 27 de noviembre de 2018, aprobó la liquidación de asistencia familiar por concepto de gastos de guardería, conminándole al pago en el tercero día bajo prevención de librar mandamiento de apremio. Presentó recurso de reposición contra dicho decreto, que fue rechazado declarando su improcedencia y la preclusión de la etapa para el pago y disponiendo se libre el mandamiento de apremio en su contra, mediante Auto Interlocutorio 48 de 4 de febrero de 2019, pese a que la norma procesal en el art. 370.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) establece que, ante el recurso de reposición, se resolverá confirmando, modificando o dejando sin efecto la resolución impugnada, pero en ningún momento su improcedencia; por lo que, la autoridad judicial demandada no aplica el procedimiento previsto para las impugnaciones (art. 366 CFPF), sino que creó su propio procedimiento, dando lugar a su indebido procedimiento.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la igualdad en el proceso, a la defensa y a la petición, citando al efecto los arts. 24, 115, y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene su libertad irrestricta, el cese de su procesamiento y persecución indebido, y anule obrados hasta el vicio más antiguo.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 7 de febrero de 2019, según consta en acta cursante de fs. 81 a 84, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante ratificó de manera íntegra su demanda tutelar, complementando indico:
- a)El 50% del pago por concepto de guardería, corresponde a gastos extraordinarios, destinados a cubrir necesidades imperativas, ineludibles, no contempladas en la asistencia familiar, es decir indeterminado e inespecífico en cuanto a su cuantía, por su naturaleza requiere de una determinación objetiva en cada momento y en cada caso; y,
- b)No es posible dar curso al apremio corporal para el cobro de los mismos; puesto que, aquellas características la distinguen del instituto de la asistencia familiar y la ley no regula expresamente el apremio corporal como medida de ejecución de la obligación del pago por gastos extraordinarios; es más, la jurisprudencia expresa que urge una regulación normativa específica respecto a los mecanismos legales para exigir su cumplimiento.
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