0518/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene:

1. a)"EN CUANTO A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EXHIBA AL TRIBUNAL DE GARANTÍAS todo el cuaderno procesal CU 820101122100528 en original que fuera enviado a dicha autoridad el 06.01.2022, así como remita de inmediato las fotocopias legalizadas solicitadas por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DEL BENI y conforme al art. 311 del C.P.P. resolver el conflicto convocando a la audiencia pública a la que hubiere lugar" (sic); y,
2. b)"EN CUANTO AL MINISTERIO PUBLICO EXHIBIR EN FISICO Y PORTAFOLIO DIGITAL EL CASO CU 820101122100528 DEBIENDO ESTAR ACUMULADO A ESTE EL CASO CU 8022020032100385 DE ESTA MANERA CUMPLIR CON EL DEBER DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y PERMITIR A LAS VICTIMAS M.N.P.B. REPRESENTADA POR CAMILA NICOL BORDA AZURDUY Y K.I.V.B. REPRESENTADA POR NOEL ARTURO VACA LOPEZ EL ACCESO A PORTAFOLIO DIGITAL JL1" (sic).

La parte accionante, ratificó los argumentos contenidos en la demanda tutelar; y, ampliándola señaló que:

1. 1)La ratio decidendi de la SCP 1029/2021-S3 de 1 de diciembre, determinó que mediante la acción de libertad se pueden tutelar derechos conexos en el marco de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, debiendo aplicar el art. 15.III referido a que se deben adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional en cualquiera de sus formas; es decir, que a través de esta acción de defensa es posible plantear reclamos relativos a la vulneración de los derechos y garantías constitucionales de mujeres y niños en situación de violencia;
2. 2)En acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia, la jurisdicción constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la parte accionante, sino analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades judiciales policiales, judiciales o fiscales; en el presente caso, los ahora demandados manifestaron que no están en peligro ni en riesgo la integridad y la vida de los accionantes; empero, la violencia familiar puede traer consigo el fin de la existencia de una mujer, incluso por suicidio y es por ello, que en acciones de libertad no solo se tutela el derecho a la libertad sino el derecho a la vida;
3. 3)La SCP 0088/2021-S3 de 20 de abril, dispuso que se tome en cuenta la minoridad de edad y el interés superior de los niños en las medidas y decisiones que las autoridades deban tomar; y, también impetró al Juez de garantías si es que se van a tutelar derechos conexos como el derecho de petición, pueda efectuar un análisis jurídico integral y reconvenir esta acción de defensa con una acción de amparo constitucional;
4. 4)La SCP "1719/2019-S2", mediante acción de libertad dispuso que "...aún no haya sido demandado el Ministerio Público..." (sic) se anulen las resoluciones de sobreseimiento y se pronuncien nuevas en el marco del debido proceso, aunque no se hubiera hecho uso del recurso de impugnación, ordenándose que por Secretaría General se notifique con esa Sentencia a todos los Tribunales Departamentales de Justicia como al Fiscal General del Estado para su socialización; es decir, que a través de la acción de libertad es posible tutelar derechos conexos a partir del fallo constitucional precitado y la SCP 0256/2020-S3 de 14 de julio, permite la reconducción o reconversión de acciones;
5. 5)Respecto a la demanda tutelar interpuesta contra la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la misma estuvo referida a la resolución pronta de la causa y a la falta de atención a la solicitud de remisión de fotocopias legalizadas del caso, efectuada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, instancia que conoce el recurso de apelación incidental formulado contra la Resolución de 29 de octubre de 2021; que al no ser cumplida ocasionó el incumplimiento de plazos previsto en el art. 311 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y,
6. 6)Los accionantes al ser menores de edad y pertenecer a un grupo vulnerable de la sociedad merecen un trato preferente, más aún en temporada de pandemia debiera aplicarse la Resolución 01/2020 de 10 de abril, pronunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se "...conceda la tutela en acción de libertad y su autoridad de por conveniente con sana crítica convierta la misma en Amparo Constitucional para que el Tribunal Supremo de Justicia remita de inmediato fotocopias legalizadas a la sala penal del tribunal departamental de Justicia del Beni y obren conforme al artículo 311 del CPP..." (sic).

Haciendo uso de la palabra, Camila Nicol Borda Azurduy, representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

1. i)Existen dos casos que fueron conexados, el 820101122100528 y el "3210003852", el mismo que fue "conectado" por la Resolución emitida por José Luis Vaca Villarroel, entonces Juez "...de la localidad de Guayaramerín..." (sic) el 10 de septiembre de 2021, razón por la cual se ha "declinado el cuaderno" que estaba a cargo del Fiscal de Materia Marcelino Alvarado y el caso 528 se encontraba a cargo del Fiscal de Materia de ese entonces Paul Sola Choque;
2. ii)Debido a las agresiones, una de las menores accionantes se encuentra con tratamiento continuo, motivo por el cual, acude a visitas psicológicas semanales para mejorar su estado de ánimo, ya que presentó episodios "...donde la misma ha determinado a la psicóloga y lo digo con dolor en el pecho, de tener acciones de perder la vida, no sé a dónde voy a acudir, a qué autoridad debo acudir..." (sic);
3. iii)Evidentemente se presentó una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con otro contexto, en la cual se determinó que la autoridad jurisdiccional no tenía legitimidad pasiva para determinar por qué el cuaderno de investigaciones se encontraba extraviado;
4. iv)En el caso 528 donde están involucrados los dos accionantes, no se puede presentar memoriales, inclusive, a pesar que se solicitó la realización de peritajes en dichos menores, el Fiscal de Materia, Paul Sola Choque -hoy demandado- no envió la orden de peritaje al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); actuado que urge realizarse debido al avance del estado de vulnerabilidad de la menor que presenta un estado crítico, motivo por el cual se deben tomar acciones pertinentes para velar el resguardo de la infante;
5. v)Se tuvo información que recién el 14 de febrero -se entiende de 2022-, remitieron el caso 528 "a Caranavi" del departamento de La Paz, cuaderno que estuvo a cargo del Fiscal de Materia, Paul Sola Choque; en tal sentido, hubo incumplimiento de deberes tanto del Fiscal de Materia como del Fiscal Departamental de Beni, ya que al no proceder a la remisión de manera pronta, lesionaron derechos fundamentales de los menores de edad al tenor del art. 154 bis -del Código Penal (CP)- de incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, más aun tratándose de menores de edad;
6. vi)Ante el desconocimiento de dónde se encuentra el caso 528, impetró la concesión de tutela y la remisión de antecedentes ante la autoridad pertinente de la Fiscalía General del Estado para iniciar los procesos administrativos correspondientes; así como al Ministerio Público para que se realice la auditoría pertinente a la causa 528 como también al caso 385, a efectos de determinar responsabilidades, ya que el proceso inició la gestión 2020 y "hasta la fecha" no se tiene resultado alguno; inclusive el daño causado a los menores de edad es permanente, ya que las fotografías no han sido borradas, toda vez que fueron publicadas en redes sociales y ello fue porque el Ministerio Público no hizo las respectivas pericias, no existe reparación en relación a los daños digitales; el perjuicio causado a la autoestima es permanente y continuo; y,
7. vii)Como parte del tratamiento cada determinado tiempo la menor BB necesita recibir una inyección que cuesta más de Bs13 500.- (trece mil quinientos bolivianos), lo que implica una afectación a la economía de su familia.

Paul Sola Choque, Fiscal de Materia de Riberalta, en audiencia de consideración de acción de libertad, brindó informe verbal, argumentando lo siguiente:

1. a)Conoció el caso signado con el número 528, aperturado en Caranavi del departamento de La Paz, por un presunto hecho de violencia familiar o doméstica y el "juez cautelar" de la precitada localidad- declinó competencia a la ciudad de Riberalta del departamento de Beni, tomando conocimiento el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta de ese departamento;
2. b)Debido a que el proceso remitido tenía un código único, surgió la dificultad de no poder crear otro, ya que corría el riesgo de que el caso no coincida con el del señalado Juez; sin embargo, la parte ahora accionante asistió a todas las audiencias presenciales que se fueron desarrollando en Riberalta, como también presentó un memorial solicitando actos investigativos, que fue recibido de manera manual por su persona y respondido de manera puntual en el plazo establecido por ley;
3. c)Posteriormente, el Juez de Instrucción Penal Primero -se comprende de Riberalta-, por Auto de 29 de octubre -de 2021-, devolvió actuados al juzgado de origen de Caranavi del departamento de La Paz, ya que el cuaderno de control jurisdiccional habría sido enviado de manera incompleta; consecuentemente, el 8 de noviembre de 2021, dando cumplimiento al Auto precitado, remitió el cuaderno de investigación a Caranavi con la cooperación de la Fiscalía Departamental de Beni; aspecto que fue de conocimiento de la parte accionante, ya que se le entregó una copia de la nota de envío del courier; y,
4. d)No comprende cómo demandó "a personas" sin tener fundamento o argumento legal, puesto que en ningún momento vulneró derecho o garantía constitucional; es decir, la acción tutelar interpuesta no tiene fundamento jurídico, no se sabe si es una acción de libertad preventiva, de pronto despacho, no existe elemento que refiera que la vida o algún derecho de los menores de edad estaría en peligro, por lo que no se advierte el mínimo argumento de esta acción de libertad, motivo por el cual impetró la denegatoria de tutela.

Javier Colque Gutiérrez, Fiscal de Materia, en audiencia de consideración de esta acción tutelar, brindó informe verbal manifestando que:

1. 1)En ningún momento ejerció la dirección funcional del caso referido por los accionantes;
2. 2)La única participación que tuvo en la causa precitada, fue firmando en suplencia legal una nota de remisión de un cuaderno de investigación; en tal sentido, comprende que por ese motivo fue demandado en la presente acción de defensa;
3. 3)No es posible que a través de una acción de libertad se pretenda la reposición de cuadernos o la creación de nuevos códigos únicos o códigos FIS; como tampoco es factible que a través de esta acción de defensa se pretenda reparar aspectos de forma, que son netamente de carácter procesal penal;
4. 4)Precedentemente se interpuso una acción de libertad con la misma causa, objeto y sujetos de la presente acción tutelar, siendo resuelta por un juez de garantías del departamento de Santa Cruz; con la diferencia que en la anterior -acción de libertad- su persona fue considerada como tercero interesado; en tanto, que en esta acción tutelar fue demandado; y,
5. 5)Ante la ausencia de motivos o fundamentos que hagan viable la acción interpuesta en su contra, corresponde denegar la tutela solicitada.

Marcelino Alvarado, Fiscal de Materia, en audiencia precisó que:

1. i)El caso signado con el número 385 le fue asignado a su persona;
2. ii)Se ratificó in extenso y se adhirió a todo lo manifestado por el Fiscal Departamental de Beni y por los Fiscales de Materia demandados, en tal sentido, no ve la razón motivada y justificada de la presente acción de libertad;
3. iii)Como Fiscales de Materia dieron cumplimiento a lo ordenado, siendo evidente que el cuaderno -en físico- extrañado se encuentra en Caranavi;
4. iv)Se tiene información cierta que el 14 de marzo de 2022 la citada Fiscalía Departamental envió las causas 385 y 528 a Caranavi, teniéndose los respectivos descargos del envío; y,
5. v)Dispuesta la declinatoria del caso a Caranavi del departamento de La Paz, el portafolio digital de la causa 385 del cual estuvo a cargo, fue traspasado al nuevo Fiscal de Materia.