0519/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0519/2019-S1 Sucre, 15 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 27459-2019-55-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 01/2019 de 31 de enero, cursante de fs. 317 a 323, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Gonzalo Ledezma Medrano, Marisol Fuentes Mercado y Vanesza Candelaria Rodríguez Fuentes contra Ángela Sánchez Panozo y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2018, cursante de fs. 219 a 231 vta., los accionantes expusieron los siguientes fundamentos: I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de Saneamiento Simple de Oficio del polígono anteriormente signado como 104, actualmente como 188, ubicado en el Municipio de Riberalta, Provincia Vaca Diez del departamento de Beni, realizado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Beni, se emitió la Resolución Administrativa UDSA-BN 154/2015 de 25 de junio, que dispuso la anulación de las pericias de campo en el predio "LA FLORESTA" y otros, del que son sub adquirientes en una superficie aproximada de 3 000 ha denominadas como "PREDIO MAYA", compradas con transmisión de posesión a partir de Carlos Camargo Trujillo que las adquirió de la primigenia propietaria Alicia Ortiz de Barboza, con esta resolución, el INRA denominó al nuevo proceso de saneamiento como "Áreas Nuevas Riberalta IV" que concluyó con la Resolución Administrativa RA-SS Nº 2244/2016 de 11 de noviembre, que recortó su superficie a la ínfima extensión de 50 0000 ha, declarando el resto de 3266.0513 ha, como tierra fiscal; contra esta resolución, plantearon demanda contenciosa administrativa, que fue resuelta mediante Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 021/2018 de 30 de mayo, cuyos fundamentos son lesivos a sus derechos constitucionales. Se sustentó como fundamento de la demanda contencioso administrativa que, en la valoración de la Función Económica Social (FES) o Función Social (FS), el INRA solo consideró el Plan de Uso de Suelo (PLUS) como agrícola-ganadera, desconociendo los arts. 390 y 392 de la Constitución Política del Estado (CPE), que determinan la característica extractiva o recolectora de la Amazonía Boliviana y concretamente de la Provincia Vaca Diez del departamento de Beni, aspecto que fue desconocido y omitido en la ficha catastral y de verificación de la FES, impidiendo que se pueda registrar la actividad de recojo de la castaña como cumplimiento de la FES; aspecto que fue oportunamente reclamado mediante incidentes de nulidad planteados el 8 de septiembre de 2016, ante el INRA del departamento de Beni y el 5 de octubre del mismo año, ante el INRA Nacional, que merecieron la emisión del informe técnico legal UDSA-BN 1274/2016 e informe legal JRLL-USB-INF-SAN 1545/2016, que señalaron coincidentemente el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) y de la normativa agraria catastral. El proceso de saneamiento fue irregular, en razón a que inicialmente el INRA mediante Resolución Determinativa Simple de Oficio SSO-B-0001/2000 de 18 de agosto, resolvió declarar área de saneamiento al departamento de Beni, con una extensión aproximada de 13 396 641,3985 ha; luego por Resolución Administrativa RES-ADM-039-2002 de 1 de octubre, se priorizó como Área de Saneamiento Simple de Oficio a la provincia Vaca Diez del departamento de Beni, Sub área 104 al interior del polígono 3, dentro la cual se encuentra la propiedad denominada "MAYA" con una extensión según mensura de 3 316,0513 ha, realizando las actuaciones procesales hasta la ejecución de las pericias de campo y el cumplimiento de la FES; luego por Resolución Administrativa UDSA-BN 154/2015 de 25 de junio, emitida por la Directora Departamental a.i. del INRA Beni, se dispuso anular las pericias de campo ejecutadas en 175 parcelas, dentro las cuales se encontraba el predio "MAYA", excluyendo dichos predios del alcance de la Resolución SSO-B-0001/2000 de 18 de agosto; lo que dio lugar a que se pronuncie una nueva Resolución UDSABN 319/2015 de 17 de agosto, que determinó otra vez área de Saneamiento Simple de Oficio la extensión de 46 895, 4445 ha, denominándola como "Áreas Nuevas Riberalta IV", con 12 polígonos entre ellos el 188, dentro del cual se sitúa la propiedad "MAYA"; a cuyo efecto se realizaron nuevos trabajos de relevamiento de información de campo previstos en el art. 296 del Decreto Supremo (DS) 29215 Reglamento de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, consistentes en mensura, encuesta catastral y verificación de la FES y FS, omitiendo considerar la existencia de actividad recolectora de castaña, concluyendo con la emisión de la Resolución Administrativa RA-SS 2244/2016 de 11 de noviembre, que procedió al ilegal recorte de 3 307 0000 ha, reconociéndoles solo la superficie de 50 000 ha.

El Tercer considerando de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 021/2018 de 30 de mayo, ingresó en una contradicción al establecer que evidentemente se registró la actividad de recolección de castaña y rayado de goma en el predio "MAYA", pero no se acreditó ningún tipo de documento de autorización para efectuar dicha actividad, que correspondería al Plan General de Manejo de la Castaña u otro emitido por autoridad competente como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), lo que derivó en que la superficie con actividad sea consignada como cero; y al mismo tiempo citar como respaldo que en el trámite de saneamiento, cursa el Formulario de Verificación de la FES, que refiere la existencia de actividad de recolección de castaña y venta, rayado de goma y venta a Sirimbol, que tiene proyecto de Industrialización de yuca y otros, que se tiene Plan de Ordenamiento Predial, Plan de desmonte, casa de madera y otros, razonamiento que es contrario al contenido del art. 159 del DS 29215 referido a que la FES y FS se deben verificar en forma directa en cada predio, siendo este el principal medio de prueba, cualquier otro deviene en complementario; ante esta evidente contradicción, lo que correspondía era declarar probada la demanda, declarando la nulidad de obrados hasta el estado en que el INRA realice un nuevo trabajo de campo y verifique de forma correcta el cumplimiento de la FES.

Consideran que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, porque las autoridades demandadas, en lugar de preservar o reestablecer los derechos que les fueron restringidos con la Resolución Administrativa RA-SS 2244/2016 de 11 de noviembre, la mantuvieron subsistente.