Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante alega que las autoridades judiciales demandadas, vulneraron sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y manipulación informática:
- a)Los Vocales demandados declararon inadmisible la apelación interpuesta contra el Auto de la Jueza inferior que declaró infundado el incidente de nulidad por actividad defectuosa, aduciendo no haber presentado el recurso por escrito y no estar adjuntado al expediente, no obstante de haber exhibido la copia del mismo, además de haberlo fundamentado oralmente en la audiencia de consideración de la apelación de 25 de septiembre de 2018; y,
- b)Respecto a la apelación que formuló contra las medidas cautelares, dichas autoridades jurisdiccionales además de considerar la concurrencia del riesgo de obstaculización, dispusieron indebidamente su detención preventiva por la concurrencia del numeral 10 del art. 234 del CPP, sin que tenga antecedente penal alguno, riesgo procesal que no fue considerado por la juez a quo.
Sintesis de la ratio decidendi
F.J.III.2. (...) Expuestos los antecedentes que dieron lugar a la interposición de la presente acción de libertad, cabe señalar como rezan los datos del proceso, que el accionante presentó el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 2 de agosto que declaró infundado el incidente de nulidad que planteó, mediante el memorial presentado el 23 de agosto de 2018, como se acredita a fs. 18 de obrados que consigna el sello electrónico del órgano Judicial; ahora bien, en la audiencia de apelación de medida cautelar efectuada el 25 de septiembre de, año citado, en la que se dio lectura a la Resolución de 2 de agosto de declaratoria de infundado del incidente de nulidad, se verifica que el impetrante de tutela, fundamentó en forma oral respecto a dicho incidente señalando que: “antes de dictarse la imputación formal, presentó memoriales consistentes en prueba de descargo, que le eximían de la responsabilidad que le atribuyeron consistentes en extractos de cuentas bancarias que demuestran a qué cuenta fueron depositados y no así a las suyas, considerando que son determinantes y que no fueron contestados por el Ministerio Público, que en la imputación formal que presentó en su contra no menciona dichos elementos probatorios, además que exhibió al Tribunal de alzada la copia del recurso de apelación; y no obstante ello, los Vocales ahora demandados, declararon inadmisible el recurso con relación al incidente de nulidad argumentando “que debió ser presentado por escrito dentro del plazo de setenta y dos horas y que como no fue remitido con el expediente, no pueden analizar el fondo”, lo que no es permisible; en mérito a que como operadores de justicia en su condición de Tribunal de alzada, debieron pronunciarse sobre el mismo y no soslayar su conocimiento por no haber sido adjuntado el memorial al expediente; desconociendo de esta manera el principio de verdad material, que como lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el mismo “impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”. En este contexto, la omisión referida en la que incurrieron los Vocales demandados, evidencia la vulneración del derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad del accionante; ante la probabilidad que el pronunciamiento expreso sobre la apelación del incidente de nulidad, podría haber cambiado o modificado la situación jurídica del imputado con relación a la imposición de las medidas cautelares; más aún, cuando fueron revocadas las medidas sustitutivas impuestas por la Jueza cautelar, por la medida extrema de la detención preventiva, aspecto a ser determinado una vez resuelto el recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela, lo que determina se conceda la tutela impetrada, a través de esta acción de defensa.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.2. (...) Expuestos los antecedentes que dieron lugar a la interposición de la presente acción de libertad, cabe señalar como rezan los datos del proceso, que el accionante presentó el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 2 de agosto que declaró infundado el incidente de nulidad que planteó, mediante el memorial presentado el 23 de agosto de 2018, como se acredita a fs. 18 de obrados que consigna el sello electrónico del órgano Judicial; ahora bien, en la audiencia de apelación de medida cautelar efectuada el 25 de septiembre de, año citado, en la que se dio lectura a la Resolución de 2 de agosto de declaratoria de infundado del incidente de nulidad, se verifica que el impetrante de tutela, fundamentó en forma oral respecto a dicho incidente señalando que: “antes de dictarse la imputación formal, presentó memoriales consistentes en prueba de descargo, que le eximían de la responsabilidad que le atribuyeron consistentes en extractos de cuentas bancarias que demuestran a qué cuenta fueron depositados y no así a las suyas, considerando que son determinantes y que no fueron contestados por el Ministerio Público, que en la imputación formal que presentó en su contra no menciona dichos elementos probatorios, además que exhibió al Tribunal de alzada la copia del recurso de apelación; y no obstante ello, los Vocales ahora demandados, declararon inadmisible el recurso con relación al incidente de nulidad argumentando “que debió ser presentado por escrito dentro del plazo de setenta y dos horas y que como no fue remitido con el expediente, no pueden analizar el fondo”, lo que no es permisible; en mérito a que como operadores de justicia en su condición de Tribunal de alzada, debieron pronunciarse sobre el mismo y no soslayar su conocimiento por no haber sido adjuntado el memorial al expediente; desconociendo de esta manera el principio de verdad material, que como lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el mismo “impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”. En este contexto, la omisión referida en la que incurrieron los Vocales demandados, evidencia la vulneración del derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad del accionante; ante la probabilidad que el pronunciamiento expreso sobre la apelación del incidente de nulidad, podría haber cambiado o modificado la situación jurídica del imputado con relación a la imposición de las medidas cautelares; más aún, cuando fueron revocadas las medidas sustitutivas impuestas por la Jueza cautelar, por la medida extrema de la detención preventiva, aspecto a ser determinado una vez resuelto el recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela, lo que determina se conceda la tutela impetrada, a través de esta acción de defensa.
Palabras clave
Procesamiento indebido)
Observaciones revisor
F.J.III.2. (...) Expuestos los antecedentes que dieron lugar a la interposición de la presente acción de libertad, cabe señalar como rezan los datos del proceso, que el accionante presentó el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 2 de agosto que declaró infundado el incidente de nulidad que planteó, mediante el memorial presentado el 23 de agosto de 2018, como se acredita a fs. 18 de obrados que consigna el sello electrónico del órgano Judicial; ahora bien, en la audiencia de apelación de medida cautelar efectuada el 25 de septiembre de, año citado, en la que se dio lectura a la Resolución de 2 de agosto de declaratoria de infundado del incidente de nulidad, se verifica que el impetrante de tutela, fundamentó en forma oral respecto a dicho incidente señalando que: “antes de dictarse la imputación formal, presentó memoriales consistentes en prueba de descargo, que le eximían de la responsabilidad que le atribuyeron consistentes en extractos de cuentas bancarias que demuestran a qué cuenta fueron depositados y no así a las suyas, considerando que son determinantes y que no fueron contestados por el Ministerio Público, que en la imputación formal que presentó en su contra no menciona dichos elementos probatorios, además que exhibió al Tribunal de alzada la copia del recurso de apelación; y no obstante ello, los Vocales ahora demandados, declararon inadmisible el recurso con relación al incidente de nulidad argumentando “que debió ser presentado por escrito dentro del plazo de setenta y dos horas y que como no fue remitido con el expediente, no pueden analizar el fondo”, lo que no es permisible; en mérito a que como operadores de justicia en su condición de Tribunal de alzada, debieron pronunciarse sobre el mismo y no soslayar su conocimiento por no haber sido adjuntado el memorial al expediente; desconociendo de esta manera el principio de verdad material, que como lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el mismo “impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”. En este contexto, la omisión referida en la que incurrieron los Vocales demandados, evidencia la vulneración del derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad del accionante; ante la probabilidad que el pronunciamiento expreso sobre la apelación del incidente de nulidad, podría haber cambiado o modificado la situación jurídica del imputado con relación a la imposición de las medidas cautelares; más aún, cuando fueron revocadas las medidas sustitutivas impuestas por la Jueza cautelar, por la medida extrema de la detención preventiva, aspecto a ser determinado una vez resuelto el recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela, lo que determina se conceda la tutela impetrada, a través de esta acción de defensa. )
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0519/2019-S2 Sucre, 15 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad
Expediente: 27736-2019-56-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 07/18 de 8 de noviembre de 2018, cursante de fs. 79 a 81 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paul Salinas Vaca en representación sin mandato de Gabriel Velarde Loras contra Victoriano Morón Cuéllar, Mirael Salguero Palma; y, Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de las Salas Penal Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mostrando 17 de 81 parrafos.