Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0519/2019-S3 Sucre, 2 de septiembre de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: Msc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad
Expediente: 28998-2019-58-AL Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 14/2019 de 17 de mayo, cursante de fs. 20 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Humberto Quispe Poma contra Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 16 de mayo de 2019, cursante de fs. 3 a 6 vta., el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Gloria Natalia Carrasco Salcedo por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo y otros, se encuentra detenido por el lapso de tres años, tres meses y veinticinco días en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca; en dicho contexto, el 16 de abril de 2019, se realizó la audiencia de consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva, que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 203/2019 de igual fecha, por lo cual, en esa oportunidad y de manera oral interpuso apelación incidental; empero, habiendo transcurrido un mes desde aquel actuado, no se remitió el señalado recurso al Tribunal de alzada, para su resolución dentro de los plazos establecidos por Ley, consecuentemente aquella dilación indebida lesionó su derecho a la libertad, puesto que de conformidad al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y lo expresado en la , la remisión debe efectuarse en el plazo de veinticuatro horas, sin que se pueda condicionar tal envío a la provisión previa de los recaudos de ley.
Asimismo, frente a la lesión a sus derechos fundamentales de acuerdo al art. 113.I de la Constitución Política del Estado (CPE), tiene el derecho a la reparación integral del daño causado, el cual debe ser determinado conforme al art. 39.I del Código Procesal Constitucional (CPCo).
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