Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0519/2026-S2 Sucre, 1 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 57339-2023-115-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 139/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 43 a 45, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gabriela Geraldine Zapata Montaño contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 19 de abril, 12 de mayo y 2 de junio de 2023, cursantes de fs. 16 a 21, 24 a 26 vta. y 29 a 30, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el 2016 se la imputó formalmente y se dispuso su detención preventiva. Adicionalmente, mediante Auto Interlocutorio 126/2016 de 8 de marzo, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- le impuso una medida cautelar de tipo real, consistente en "...la retención o congelamiento de fondos bancarios..." (sic). Posteriormente, al concluir la etapa preparatoria, se la acusó y el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del aludido departamento, la condenó a diez de años de prisión por dichos delitos, habiendo obtenido su libertad condicional el 29 de noviembre de 2021.
Al haber concluido el proceso penal y no tener resolución alguna en su contra que disponga la incautación de sus bienes, el 10 de enero y 14 de abril de 2023, impetró y reiteró al Juez demandado, oficie al indicado Tribunal de Sentencia que solicite el expediente; sin embargo, sus memoriales no fueron respondidos por la autoridad jurisdiccional, a pesar de que son de mero trámite, en función del art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debió emitir algún criterio o instrucción en veinticuatro horas, pero no fue así. La falta de respuesta le imposibilita presentar algún recurso de impugnación por cualquier negativa emergente y con ello, se le está obstaculizando el acceso a la justicia, generando un estado de incertidumbre que le impide la restitución de sus derechos a un pronunciamiento judicial proveniente de la autoridad a la que acudió; que incluye el derecho a tener claridad sobre la jurisdicción a la que debe someterse.
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