0520/2019-S4

El objeto de la acción tutelar, es la anulación de la referida Sentencia Agroambiental Plurinacional; toda vez que:

1. a)Omitieron pronunciarse, sobre los puntos reclamados y realizaron una fundamentación incongruente y contradictoria, limitándose a transcribir y enumerar los actos recolectados en la etapa de saneamiento, sin realizar un análisis objetivo y razonado de la prueba existente;
2. b)Declararon subsistente la citada Resolución Suprema impugnada, incurriendo en una contradicción jurídica al darle a un mismo hecho, dos status jurídicos; por una parte, señalaron, que su predio estaría ubicado dentro de una reserva forestal -en cuyo caso, debieron declarar indisponible de uso forestal-; y, por otra parte, redujeron la superficie inicial del mismo, de 3 278 9357 ha a 50 0000 ha, bajo el fundamento de que la Función Económico Social (FES) no fue probada en su totalidad, otorgándoles títulos sobre una pequeña propiedad agrícola;
3. c)Existen afirmaciones contradictorias, respecto a la verificación de la FES; puesto que, por un lado, señalan que no sería necesario el relevamiento in situ; y, por otro lado, afirman que es fidedigno lo verificado in situ;
4. d)Constituye un fallo citra petita, al no haber ingresado al fondo de su demanda, permitiendo que la actividad de una propiedad agraria sea calificada, cuando dicha determinación, conforme a la Ley 2553 del PLUS-Santa Cruz -Plan de Uso de Suelo-Santa Cruz de 4 de noviembre de 2003-, debe ser determinada mediante un estudio pre establecido denominado PLUS; y,
5. e)Lo determinado es de carácter dicotómico; puesto que, la determinación del cumplimiento o no de la FES, se hallaba condicionada a la previa pericia en relación a la reserva en que se encontraba la dotación agraria que les fue otorgada.

Consiguientemente el fallo ahora cuestionado incurrió en:

1. 1)Vicio de nulidad por incongruencia aditiva; toda vez que, reconoce que el objeto del proceso contencioso administrativo es el control de legalidad de los actos y resoluciones de la administración; sin embargo, incurre en error judicial al incorporar a la Litis un elemento extraño, referido a la adjudicación de 50 ha, pese a que, no se demandó dicho extremo;
2. 2)Vicio de nulidad por incongruencia omisiva; ya que, denunció la verificación de exceso de poder del Órgano Ejecutivo al emitir la Resolución Administrativa RA-DN-UCSS 007/2010 de 30 de abril, usada por la RS 17547; siendo que, por disposición del Decreto Supremo (DS) 24124 de 21 de septiembre de 1995, es atribución de los Gobiernos Autónomos Departamentales, la certificación de uso de suelo que deben cumplir los predios rurales y Certificación de Asignación de Uso de Suelo (CAUS); indicaron que, su predio no se encuentra en la Reserva Forestal Guarayos; aspecto sobre el que, no se pronunciaron los Magistrados demandados; omitiendo valorar dicha certificación, así como, el Informe Técnico TA-G 002/2018 de 5 de enero, emitido por el Especialista Geodesta del Tribunal Agroambiental, que establece que el predio "San Juan" se encuentra fuera de los datos establecidos en el DS 08669, referido a la Reserva Forestal Guarayos; y contrariamente el fallo expuso argumentos incoherentes y ajenos a derecho, al señalar que la sobreposición o no del predio con la señalada Reserva Forestal no es determinante, siendo inexplicable que una Sentencia Agroambiental Plurinacional, derogue de facto una zona de reserva forestal;
3. 3)Ilegalidad por violación del principio de predictibilidad, al no aplicar al caso precedentes vinculantes emitidos por el propio Tribunal Agroambiental, que establece que la comprobación de la FES in situ es la más eficaz, sin expresar las razones para el cambio de criterio jurisprudencial contenido en las "...(Sentencias: S2a L 32/2012 y la S2a L 35/2012)..." (sic); siendo además, que las SSCCPP 0230/2017-S3 de 24 de marzo y 0370/2017-S3 de 25 de abril, establecieron que, en los casos de duda respecto a irregularidades en el cumplimiento de la FES se debe realizar análisis de gabinete y de campo conforme a los arts. 160 y 266.III del DS 29215 de 2 de agosto de 2007, aspecto también reclamado en la demanda contencioso administrativa; incurriendo así en una interpretación arbitraria de lo previsto por el art. 160 del citado Decreto Supremo, que de una interpretación gramatical y sistemática establece la necesaria verificación en campo; y,
4. 4)Vulneración del principio de irretroactividad de la ley, al validar la aplicación del art. 266 del DS 29215, a un procedimiento iniciado con anterioridad a dicha norma, en desconocimiento de lo previsto por el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); de lo que, se concluye que el fallo cuestionado, establece su propio régimen jurídico desnaturalizando la aplicación del derecho agrario dándole un trato discrecional y selectivo omitiendo realizar su labor revisora respecto de la RS 17547, solo por haber sido pronunciada por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los accionantes, a través de su abogado apoderado, en audiencia, ratificaron el tenor íntegro de la demanda de la acción de amparo constitucional y ampliandola manifestaron que:

1. i)Se realizó el saneamiento del predio "San Juan" que es de su propiedad, en la modalidad Tierras Comunitarias de Origen (TCO); en la que, existió control indígena del pueblo Guarayo, que estuvo presente junto a brigadas del INRA en el momento de la verificación del ganado, las inversiones y mejoras, aprobándose con base al DS 25763 de 5 mayo de 2000, el relevamiento de información de campo y de gabinete, la evaluación técnico-jurídica y la exposición pública de resultados, que determinaron el cumplimiento de la FES respecto a más de 3 200 ha, del predio señalado, pagando además el valor de la tierra a adjudicarse sin que, respecto a tales actos existiera observación alguna; lo que implica, la existencia de actos cumplidos que debieron ser respetados;
2. ii)El INRA, emitió informe, señalando la existencia de fraude en el cumplimiento de la FES, alegando el traslado de ganado y la inexistencia de mejoras; sin embargo, el mismo fue realizado en gabinete sin ir al predio, pese a sus reiteradas solicitudes de verificación in situ y que ya existía un anterior informe que señalaba el cumplimiento de la FES con participación de control indígena; y el ganado que indica es de producción de leche, mientras que el ganado que se encuentra en su propiedad, es de producción cárnica; más aún, cuando la prueba determinante a objeto de establecer la FES es la inspección en el lugar, conforme prevé el art. 160 del DS 29215;
3. iii)En el proceso contencioso administrativo, se reclamó además, que no se respetó la existencia de actos cumplidos que prevé la Disposición Décima de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006 -Ley de Reconducción de la Reforma Agraria-; y,
4. iv)El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, es el único que tiene potestad para determinar el uso de suelos, conforme lo prevé el art. 300.I.5 de la CPE.

Elva Terceros Cuellar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados del Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito, presentado el 8 de enero de 2019, cursante de fs. 617 a 628 vta., manifestaron que:

1. a)Hacen conocer que la Magistrada Elva Terceros Cuéllar, desde el 3 de enero de 2019, ya no forma parte de la Sala Segunda del referido Tribunal, conforme al Acuerdo SP.TA. 025/2018 de 5 de diciembre, que acredita la recomposición de las Salas del mencionado Tribunal;
2. b)La presente acción tutelar, no cumple lo previsto por el art. 33.4 y 5 del Código de Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, no establece cuales serían las omisiones indebidas en que hubieran incurrido estos, al pronunciar la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 21/2018; por lo que, se debió declarar su improcedencia;
3. c)Los accionantes pretenden que la Jueza de garantías se constituya en una instancia ordinaria, siendo que, esta acción de defensa no es un medio de impugnación, conformé señala la jurisprudencia constitucional, a no ser que exista vulneración derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que no ocurre en la presente causa;
4. d)Respecto a los argumentos de la acción de tutela, los mismos son forzados y pretenden que la justicia constitucional verifique como el Tribunal Agroambiental debe valorar la prueba, circunscribiéndose a aspectos que ya fueron resueltos en la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 21/2018;
5. e)En cuanto a las denuncias de incongruencia aditiva y omisiva; se tiene que fue apreciada toda la documentación de la carpeta de saneamiento y los medios probatorios, sin apartarse de los marcos de objetividad y razonabilidad, tampoco se evidencia, haberse aditamentado ni omitido ningún elemento, así se establece del numeral 5 del Considerando IV de la referida Sentencia;
6. f)Con relación a la supuesta vulneración del principio de predictibilidad y la igualdad de las partes; se tiene que, los impetrantes de tutela no explican respecto a la existencia de analogía entre el fallo cuestionado y las sentencias agroambientales que mencionan teniendo cada proceso su propia característica que deviene de una problemática individual, y de la revisión del Considerando IV numeral 4 del fallo cuestionado, se concluye que el INRA estableció adecuadamente la existencia de irregularidades en los formularios de campo, conforme a lo previsto en el art. 266 del DS 29215;
7. g)En relación a la denuncia de lesión del principio de irretroactividad en relación al de seguridad jurídica por haberse aplicado el DS 29215, a procesos anteriores al 2 de agosto de 2007; se tiene que, dicho reclamo no tiene conexitud con el hecho descrito y la seguridad jurídica, que al ser un principio, no puede ser tutelada vía acción de amparo constitucional; no obstante, la Sentencia ahora cuestionada se pronunció en el Considerando IV, numeral 2 que describe; y,
8. h)En relación a la supuesta vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia; derecho a la defensa y a la propiedad privada; los mismos fueron señalados de forma referencial, pues no se estableció por los accionantes como se hubieran lesionado; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

Juan Carlos León Rodas, Director Nacional a.i. del INRA, a través de su representante legal, en audiencia, manifestó que:

1. 1)No es evidente la afirmación de que el proceso de saneamiento realizado sea en una modalidad especial; dado que, es un proceso común en todas sus modalidades, con un mismo procedimiento en el que actúa el control social;
2. 2)Asimismo los solicitantes de tutela, afirmaron que al momento del levantamiento de fichas, no se hubieran realizado observaciones y que no podría realizarse control de calidad aplicando el DS 29215; al respecto, todas las etapas del proceso de saneamiento se encuentran sujetas al control de calidad conforme establece el referido Decreto Supremo; en el presente caso, se identificaron irregularidades y se dispuso la nulidad; por lo que, la información de campo validada, fue nuevamente evaluada en gabinete emitiéndose Resolución Final de Saneamiento; de la cual son producto las 50 ha, que cuestionan los accionantes;
3. 3)No es evidente que no se hubiera hecho una inspección de campo; dado que, se tienen fichas de campo de cuyo análisis se identificó que no se encuentra demostrado el derecho propietario del ganado ni su registro de marca; por lo que, se reconoció la pequeña propiedad agrícola; y,
4. 4)El art. 309 del DS 2921, establece que, se pueden reconocer las pequeñas propiedades que demuestren posesión al interior de reservas o áreas protegidas; por lo tanto, se reconoció el máximo para el señalado tipo de propiedad; y ninguna de las pruebas de los impetrantes de tutela, demostró que el predio no se encuentra fuera de la señalada Reserva Forestal.