0521/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0521/2019-S4 Sucre, 12 de julio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26808-2018-54-AAC Departamento: Beni

En revisión la Resolución 06/2018 de 22 de noviembre, cursante de fs. 224 a 228, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Edwin Zambrana Mamani contra Yáscara Moreno Flores, Presidente y Gary Roussman Rivero Paz, Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) ambos de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2018, cursante de fs. 108 a 112, el accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 3 de junio de 2016, fue contratado para prestar servicios personales en la Bancada Indígena de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni en el cargo de Asesor Técnico Especializado, desempeñando sus funciones hasta el 30 de junio de 2017, fecha en la cual fue despedido mediante memorándum extendido por el Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.); ante aquella decisión, presentó una primera acción de amparo constitucional, alegando que el 24 de abril del citado año, nació su hijo de forma prematura, quien fue trasladado a Cochabamba para una atención médica de urgencia y que luego de superado su delicado cuadro, le otorgaron el alta hospitalaria, bajo seguimiento y valoración, pocos días después el Jefe de RR.HH. dispuso su despido, ocasionando que su hijo no pueda continuar con su tratamiento, por no contar con el seguro médico y no tener ingresos económicos, lo que le impidió cubrir los altos costos de la atención médica especializada que requería, concediéndose la tutela impetrada por Resolución de 14 de noviembre de 2017; por la que se dispuso la inmediata restitución a su fuente de trabajo con el reconocimiento del pago de haberes devengados.

Resulta que, el 8 de mayo de 2018, mediante oficio CITE: ALDD-RR.HH. 028/2018 de 4 de mayo, el Jefe de RR.HH. le ordenó la entrega de documentos y activos que se encontraban en su poder por haberse cumplido la vigencia de su memorándum de designación, al no existir lugar a la tácita reconducción, lo cual importó un tácito despido de su fuente de trabajo, sin haber considerado que su hijo padece retraso motor, prematurez, síndrome febril conforme señala el certificado médico de 7 del referido mes y año, siendo que recibía tratamiento y atención médica especializada en el hospital de la Caja Petrolera de Salud (CPS); siendo necesarias las sesiones de fisioterapia motora por un año, controles con neurología tres veces al año, de forma periódica con pediatría y tomografía cerebral el 2019; su despido generó la suspensión de las prestaciones médicas que le otorgaba el seguro social, lo cual puede causar deterioro en la salud de su hijo, al no contar con ningún ingreso para cubrir los altos costos para atención médica privada especializada. Antes de su despido, mediante nota de 30 de abril de igual año, hizo conocer al Jefe de RR.HH., que gozaba de estabilidad laboral, derecho otorgado por la Ley General para Personas con Discapacidad, por el hecho de tener bajo su protección y cuidado a su hijo.

Mediante nota de 8 de mayo del citado año, reiteró que su hijo se encontraba delicado de salud y que precisaba contar con el seguro médico que la institución le proporcionaba, ante la falta de respuesta, por memoriales de 31 de mayo y 18 de junio de 2018, solicitó a la Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, ordene su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo; peticiones que no merecieron respuesta; razón por la que acudió ante el Jefe Departamental de Trabajo de Beni, quien convocó a audiencia el 15 de agosto del mencionado año, en la cual, se presentaron la Asesora Jurídica Administrativa y el Jefe de RR.HH., ambos de la Asamblea Departamental de Beni, habiendo manifestado la primera de los nombrados, que no fue despedido sino que concluyó la vigencia de su nombramiento al haber cumplido su hijo un año de edad y que al tener la calidad de funcionario de libre nombramiento no le asistía el derecho a demandar reincorporación; además de señalar que el diagnóstico de síndrome febril en tratamiento, prematurez y retraso motor que padecía su hijo no se calificaba como discapacidad, ya que, el certificado médico no era el documento idóneo para acreditar aquella situación, desconociendo la discapacidad de su cónyuge. Por su parte, el Jefe de RR.HH., manifestó que la modalidad de contratación en la Asamblea Departamental es por invitación directa y que el Jefe de la Bancada Indígena es quien hace conocer los nombres del personal de su confianza para que sean contratados, emitiendo la Jefatura a su cargo, solamente los memorándums de designación de dichas personas.

Lo indicado por la Asesora Jurídica, llevó a deducir que la persona con retraso motor tiene la misma capacidad que una persona que no la padece, lo cual no es evidente, en cuanto al certificado médico es precisamente el galeno especialista el único que puede llegar a determinar si su hijo padece o no de dichas patologías. Con relación a que su persona tenía la calidad de funcionario de libre nombramiento, ello es falso, ya que dichos funcionarios al depender de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), se constituyen en personal de confianza, hecho que en su caso jamás ocurrió, pues el cargo que ejercía no dependía de manera directa de esa autoridad y tampoco era personal de confianza. La interpretación de los contratos debió efectuarse bajo el principio de primacía de la realidad; es decir, que no debe interpretarse de acuerdo a lo estipulado en el mismo sino conforme a las labores o funciones que realiza el funcionario y aplicando dicho principio se concluyó que las labores que desempeñaba no correspondían a la de un funcionario que goza de absoluta confianza de la autoridad superior; así también, los funcionarios de libre nombramiento al tener dependencia directa de la MAE y ser personal de confianza de la misma tienen la obligación de realizar una declaración jurada de sus bienes, lo que no ocurrió en su calidad de funcionario provisorio, pues el cargo que ejercía se encontraba dentro de la partida presupuestaria 121 de programas de fortalecimiento legislativo de la Asamblea Departamental, no así en la partida 117, que corresponde al personal de planta, entre los que se encuentran incluidos los funcionarios designados de libre nombramiento y los electos. El Jefe de la Bancada Indígena mediante oficio de 18 de enero de 2018, solicitó que su persona sea contratada hasta junio del citado año, pero el Jefe de RR.HH., haciendo caso omiso a dicha petición le despidió el 8 de mayo de igual año.

Con referencia al argumento que su persona no hizo conocer que su cónyuge es discapacitada, ello se debe a que recién el 16 de junio de 2018, se le extendió el respectivo carnet que acreditó su estado de discapacidad intelectual del 33%, expedido por el Ministerio de Salud, el hecho que no puso en conocimiento tal situación antes de haber operado su despido, no hace que su discapacidad sea inexistente; concluida la audiencia el Jefe Departamental de Trabajo de Beni, mediante Auto 17/18 de 30 de agosto de 2018, sin resolver el fondo de la cuestión dispuso que para resguardar y no afectar sus derechos debe acudir a la vía constitucional.

La discapacidad de su hijo era de conocimiento de las autoridades demandadas, antes de haber interpuesto la primera acción de amparo constitucional, en el cual también fue objeto de debate el estado de salud de su hijo; por lo que, las citadas autoridades se encontraban impedidas de fundamentar su decisión en las mismas causas de su anterior despido de 30 de junio de 2017. Por otra parte, el único sustento y apoyo con el que cuentan su hijo y cónyuge, es el que les brinda su persona, por ello, al privarle de la percepción de un salario ocasionó que se encuentren totalmente desamparados, ya que no pueden valerse por sí mismos por su discapacidad; su despido injustificado, además de privarle de las mínimas necesidades de alimentación, vestimenta y salud de él y su familia, privándole a su hijo de la atención médica que le proporcionaba el seguro de salud.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral por encontrarse bajo su dependencia personas con discapacidad; a la salud y vida de él y su familia, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 46.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).