0521/2021-S4

Adquirió dos lotes de terrenos en el municipio de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, con compromiso de venta firmado por Juan Rubén Nina Caballero como apoderado legal de Aurelio Álvarez Cáceres y Romualda Bustamante de Álvarez; lamentablemente, resultó víctima de fraude; por lo que, solo accedió a la posesión de buena fe del inmueble, donde al encontrarse viviendo con su esposa, fue contactado por María Victoria Bustamante de Ustariz, Serafina Bustamante de Camacho, Luis Fernando Camacho Bustamante, María del Carmen, José Fausto y José Gonzalo, todos Bustamante López, para indicarle que podían perfeccionar la venta referida porque sus tíos eran los dueños, pero a cambio debía cancelarles a ellos el monto total de la transferencia, sino verían los modos de perjudicarle. Amenazas que fueron cumplidas, mediante solicitudes y denuncias administrativas en su contra y de otras víctimas, ante el Gobierno Autónomo del señalado municipio, pretendiendo la demolición de su vivienda; motivo por el que, la nombrada entidad edil, inició un proceso administrativo sancionador; en el cual, se incurrieron en una serie de actos y omisiones ilegales e indebidas, que fueron objeto de reclamo por su persona mediante los correspondientes recursos administrativos de impugnación; debido a que, las Resoluciones Administrativas emitidas dentro del merituado proceso, recayeron en un grave acto ilegal al iniciar, desarrollar y fundar su "condena" en una conducta que no se encuentra tipificada e imponerle una sanción no prevista de manera expresa por ley; toda vez que, las autoridades administrativas municipales afirmaron que su conducta se adecua a ser responsable de construcciones ilegales, lo que acarrearía la pena de demolición de su vivienda, sin señalar la norma sustantiva que califica o tipifica las "obras ilegales", como infracción que determine al mismo tiempo la demolición como sanción; lo cual, es imprescindible porque se constituye en criterio de validez del proceso y de la pena; exponiendo con relación a la lesión de los principios de legalidad y tipicidad administrativa, que:

1. a)Los arts. 29 y "302".6 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 82 y 94 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" (LMAD) -Ley 031, de 19 de julio de 2010-, citados en los fallos aludidos, solo hacen referencia a las competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales, sin que los mismos contengan una base jurídica que posibilite sancionar con demolición las denominadas "obras ilegales"; por lo que, no puede sostenerse que dichas disposiciones suplan la falta de norma expresa que contenga un tipo administrativo sancionador, que en el presente caso no existe;
2. b)En ninguna parte del art. 22 de la Ordenanza Municipal (OM) 137/94-2 de 19 de febrero de 1994, referido en las indicadas resoluciones administrativas, se señala que la falta de aprobación de planos dará lugar a la demolición de viviendas; pues, solo describe los requisitos para el trámite de aprobación de planos de construcción, no así, alguna disposición de sanción con demolición; y,
3. c)Si bien la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, establece la atribución del Alcalde de ordenar la demolición de inmuebles (art. 26.23), la misma está sujeta según lo estipulado en su propio texto, a una normativa municipal que regule o reglamente las condiciones y presupuestos para su ejercicio; por tanto, no puede ser ejercida de manera arbitraria sino en el marco de la objetividad de la ley y una potestad reglada.