Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2019-S1 Sucre, 15 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 27293-2019-55-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 01/2019 de 17 de enero, cursante de fs. 140 a 144 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Román Mamani Choque y Silvia Castro Zarate contra David Paco Gutiérrez, Juez Público Civil y Comercial Octavo del departamento de Oruro y Zenón Julio Canaviri Nieto.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 3 de diciembre de 2018 y 3 de enero de 2019, cursantes de fs. 102 a 108 y de 119 a 121, los accionantes manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso coactivo civil seguido en su contra por Roberto Mercado Calizaya -ahora tercero interesado- se procedió irregularmente al remate de su bien inmueble ubicado en "Av." España 1746; por cuanto, el adjudicatario -hoy codemandado- no empozó el monto requerido por ley para habilitarse formalmente como postor a momento de llevarse a cabo la audiencia del remate; por su parte, el Juez demandado, excediendo de sus facultades y competencias, liberó gravámenes del inmueble, cuando ello fue decretado por otras autoridades con igual competencia, provocando incertidumbre a sus otros acreedores, siendo dichos gravámenes producto de otras obligaciones contraídas.
A partir de esta actuación, las determinaciones de la autoridad judicial comenzaron a demorarse y acumularse de modo que sus reclamos, objeciones y recursos; además de la dilación producida, fueron dejados de lado manifestando simplemente que se pasará a despacho para resolución y sin que las mismas sean resueltas, curiosamente daba fallo a las deferencias de la contraparte y del adjudicatario.
Así, dentro del proceso se efectuaron los siguientes actuados:
- a)Memorial de 1 de junio de 2018; por el cual, solicitaron pronunciamiento expreso del incidente de nulidad presentado el 2017, del cual no se tenía resultado, pronunciándose el decreto de 5 del indicado mes y año, con la determinación "...obrados a despacho para resolución" (sic);
- b)Escrito de 1 de agosto del mismo año, impetrando saneamiento procesal a raíz de la petición de Zenón Julio Canaviri Nieto -hoy codemandado- de la emisión del mandamiento de desapoderamiento, por decreto de 3 de ese mes y año, nuevamente indicó: "...obrados a despacho para resolución" (sic);
- c)Recurso de reposición, bajo alternativa de apelación contra el rechazo del requerimiento de saneamiento procesal realizado el 13 de similar mes y año, disponiéndose luego del traslado correspondiente, "...obrados a despacho para resolución" (sic);
- d)Recurso de apelación de 2 de octubre de idéntico año, una vez respondido por la parte contraria, la autoridad judicial demandada decretó nuevamente "...obrados a despacho para resolución" (sic);
- e)Recurso de reposición de 9 del mismo mes y año, después de realizado el traslado por proveído de 25 del señalado mes y año, refirió: "...obrados a despacho para resolución, sea en el turno que le corresponda" (sic);
- f)Recurso de reposición de 26 de enero de 2018, que luego del trámite del traslado, mereció la providencia de 7 de febrero de igual año, disponiendo: "...obrados a despacho para resolución" (sic); y,
- g)Por oficio de 5 de abril de 2018, solicitó pronunciamiento expreso de sus peticiones y por decreto de 6 del citado mes y año, estableció: "...obrados a despacho para resolución" (sic).
Por lo mencionado, son más de seis solicitudes que no merecieron respuesta por parte de la autoridad judicial demandada, no obstante a los insistentes reclamos escritos y verbales realizados a la misma.
Pese a encontrarse recursos pendientes de fallo, el Juez demandado en desmedro de sus derechos, libró el mandamiento de desapoderamiento, sin tener en cuenta que la resolución previa de los mismos, podía cambiar el rumbo de la causa al denunciarse la forma en que se realizó el remate así como la transgresión del derecho a la defensa de los demás habitantes del inmueble; a partir de los cuales, incluso se podría anular obrados hasta el acto del remate.
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