0522/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2019-S4 Sucre, 12 de julio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 27613-2019-56-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 13 de febrero de 2019, cursante de fs. 159 a 166, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cinthya Jenny Durán Zambrana contra Jhovana Marizol Villa Rojas, Administradora Departamental de la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 de enero de 2019, cursante de fs. 29 a 35; y, de subsanación de 23 de enero y 8 de febrero del mismo año (fs. 37 a 38 vta.; y, fs. 40 a 45 vta.), la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2 de abril de 2018, ingresó a trabajar a la CPS de Cochabamba, habiendo desempeñado sus funciones hasta el 28 de junio del mismo año, conforme al Memorándum de 2 de mayo de dicho año; posteriormente, en julio de igual año, realizó un contrato verbal por cuatro noches, para reemplazar a Rina Oquendo el 9 y 11 del mes y año indicado, y la semana siguiente supliendo por dos noches a Daniela Torrico, trabajo realizado en el segundo piso, en el servicio de internación, cirugía y "geobe"; estando acreditada y registrada su asistencia al realizar los controles en el registro biométrico, en las hojas de cambio de turno de enfermería y de asignación de paciente por turno, así como en las hojas de estadística de administración de medicamentos diarios, todos del mes de julio; días de trabajo que hasta la fecha no fueron pagados, pese a sus reiterados reclamos verbales.

Asimismo, fungió funciones del 1 de agosto al 31 de octubre de 2018, en el primer piso en el servicio de medicina y pediatría, situación reconocida -por la entidad demandada- en el memorial de 8 de noviembre del mismo año, presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; con lo que acreditó que tiene tres contratos con la CPS de Cochabamba, aspecto por el que correspondía que obtenga un contrato indefinido; sin embargo, al haber sido retirada se vulneró su derecho al trabajo.

Por otra parte, su condición de madre gestante siempre fue de conocimiento de su empleador, puesto que tenía casi seis meses de embarazo, situación que debió ser tomada en cuenta antes de asumir cualquier decisión, ya que gozaba de inamovilidad y estabilidad laboral reforzada; y pese a ello, su empleador de forma deliberada vulneró sus derechos exponiéndola al desempleo, desmejorando sus condiciones de vida y la de su familia, lo cual desencadenó en que perdiera a su hijo.

Así también, señaló que al haber sido donante de un riñón, se encuentra considerada como una persona con discapacidad -por lo que al haber sido retirada de su fuente laboral-, la parte ahora demandada vulneró los preceptos legales que protegen a las personas con discapacidad.