0522/2022-S3

1. a)La Resolución Fiscal de Rechazo de 15 de diciembre de 2020, emitida por la Fiscal de Materia, "ataba" a la Fiscal Departamental ahora accionada a fundamentar su resolución a la discrepancia existente con el inc.4) del art. 304 del CPP; puesto que la referida Resolución Fiscal de Rechazo desglosa en veintitrés incisos cada uno de los elementos de prueba obtenidos durante la etapa investigativa, de cuya lectura reflejó con precisión los fundamentos que llevaron a sostener la existencia de un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, bajo el siguiente razonamiento: "'...tanto el denunciante y los sindicados creen TENER titularidad sobre el sector DENOMINADO TORNO HUAYCKO, empero CONTRARIAMENTE AJAM NO LOS RECONOCE COMO ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS LEGALMENTE CONSTITUIDOS, por lo que se concluye que existe un obstáculo legal ya que el primer elemento para emitir una RESOLUCIÓN ES DETERMINAR QUIÉN ES LA VÍCTIMA, LO CUAL AL PRESENTE NO ES POSIBLE YA QUE CON LOS ELEMENTOS RECOLECTADOS NO SE DETERMINÓ LA TITULARIDAD DE MANERA DEBIDA Y EL PROCESO PENAL EN SÍ MISMA NO TIENE LA FINALIDAD DE OTORGAR AUTORIZACIONES PARA LA EXPLOTACIÓN Y/O DETERMINACIÓN DE TITULARIDAD, correspondiendo esa función a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.'" (sic);

1. b)La fundamentación concreta de la Resolución FDP-T.O.R./R.CH.G. 324/2020 se trasunta en tan solo algunos renglones que pertenecen a la autoría intelectiva de la Fiscal Departamental ahora accionada -siendo todo lo demás transcripciones de los antecedentes investigativos, Resolución Fiscal de Rechazo y objeción a la última- en los que se manifestó que se acumularon elementos de convicción que en su criterio serían suficientes para sustentar la imputación formal; empero, sin justificar el motivo para llegar a dicha conclusión, ni fundamentar cómo esa "'prueba'" esclarecería los hechos denunciados, siendo lo más preocupante que, la referida Fiscal Departamental señale y entienda que la Fiscal de Materia está en la obligación de determinar la existencia del hecho; por lo tanto, la imputación formal resultaría del cúmulo -cantidad- de pruebas y no del resultado intelectivo de los Fiscales de Materia;

1. c)La Fiscal Departamental ahora accionada sostuvo que no se efectuaron actuaciones investigativas, sin explicar a cuáles se refiere; y también, que existió un supuesto avasallamiento y explotación ilegal de recursos minerales de un área minera con titularidad del Estado boliviano, siendo arbitrario sostener que a falta del establecimiento de derechos mineros, el Estado sería la víctima; puesto que jamás se dijo ni demostró que las áreas mineras objeto de investigación se encontrarían vacantes y bajo dominio del Estado, sino que fueron otorgadas en favor de otros productores mineros que no resultan ser los denunciantes;

1. d)En la Resolución FDP-T.O.R./R.CH.G. 324/2020, también se afirma que: "'...los denunciados estarían avasallando y explotando ilegalmente un área minera (...) que se encontraría bajo titularidad del estado Boliviano, debiendo necesariamente este aspecto ser investigado...'" (sic), sin considerar que de la propia denuncia y la prueba cursante en el cuaderno investigativo quedó claro que la Cooperativa Minera "Porco" y no así sus personas a título particular, tienen derechos sobre los predios en discusión, tal cual se evidencia del informe de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); empero, para la Fiscal Departamental hoy accionada resulta necesario que dicha investigación se prolongue y permanezca vigente a costa de sus personas con cualquier excusa, y lo que es peor, para determinar la existencia de otros derechos mineros;

1. e)Asimismo, la Resolución FDP-T.O.R./R.CH.G. 324/2020, señala que la Fiscal de Materia no podía simple y únicamente establecer la insuficiencia de elementos de convicción; ello, olvidando que el rechazo procedió en virtud a la existencia de un impedimento legal y no por falta de pruebas, lo cual constituye otro error de la mencionada Resolución jerárquica. En el mismo sentido, de manera muy genérica como si se tratase de una plantilla, nuevamente se señalaron aspectos totalmente abstractos que bien podrían aplicarse a cualquier caso y a ninguno, cuando indicó que se debió disponer la realización de todos los actos necesarios destinados a la averiguación de la verdad, sin pronunciarse el motivo por el que considera que los que sí se realizaron fueron insuficientes, y peor aún, cuáles otros actos debieron efectuarse; y,

1. f)Finalmente, la Fiscal Departamental ahora accionada concluyó que no resulta correcta la forma en que se procedió a rechazar la investigación; empero, dicha autoridad Fiscal no hizo mención a un solo elemento de prueba como erróneamente valorado, incumpliendo el rol jerárquico que debía asumir a momento de emitir una Resolución que sin fundamento válido pretende mantener abierta una instancia que desde la propia imputación formal no aportó elemento probatorio nuevo que cambie la situación del proceso investigativo.

Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, mediante memorial presentado el 1 de julio de 2021, cursante de fs. 392 a 395, manifestó que:

1. 1)De los fundamentos expuestos en la Resolución Fiscal de Rechazo de 15 de diciembre de 2020, se evidenció que la misma a pesar que se sustentó en la supuesta existencia de un obstáculo legal como causal establecida por el inc.4) del art. 304 del CPP, de los argumentos expuestos se entiende que la Fiscal de Materia consideró en el fondo, la insuficiencia de elementos para fundar acusación, o imputación formal como correspondería a la etapa del proceso;
2. 2)Para llegar a la conclusión a que arribó la Resolución FDP-T.O.R./R.CH.G. 324/2020, se efectuó el análisis de los fundamentos expuestos en la referida Resolución Fiscal de Rechazo, cumpliendo con la debida motivación y fundamentación; puesto que, se debe considerar que en el análisis de la concurrencia o no de la causal de rechazo se tiene que realizar una revisión integral de todos los antecedentes que hacen a la investigación; y,
3. 3)Es precisamente de dicho análisis que se llegó a establecer que la presunta ejecución de acciones de hecho por parte de los denunciados -accionantes- y otras personas sobre áreas mineras que no les corresponden y que, contrariamente al entendimiento de la Fiscal de Materia, al no tener definido a su titular, es el Estado quien probablemente se vea afectado, más aún cuando solo éste es el propietario de los recursos mineralógicos; y por lo tanto, el único que puede determinar o ceder concesiones para la actividad minera, conclusión que establece que no concurre la causal de rechazo referida al supuesto obstáculo legal.