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TCP

0522/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0522/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular

Expediente: 72375-2025-145-AP Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 069/2025 de 18 de marzo, cursante de fs. 2232 a 2241, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Martha Luzmila Machaca Juaniquina, Christiam Luis Vargas Machaca y Roberto Saca Machaca contra Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde, Aracely Juanes Juaniquina, Secretaria Municipal de Gestión Territorial; y, Gilmar Mamani Morales, Jefe de la Unidad de Control Urbano, todos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de febrero de 2025, cursante a fs. 1 y 113 a 117 vta., los accionantes, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el territorio sur andino occidental del país, se encuentra la Marka Challacollo, entidad viviente y continuidad de las naciones originarias del enclave territorial de la confederación Uru, Sora y Masalla, como partes integrantes de Marka, se tiene la comunidad de Vito que, en épocas de la república de Bolivia, se constituyó por Ley de 7 de octubre de 1867, reconociendo su territorialidad, el cantón denominado Challacollo, y que después de varias luchas contra terratenientes, obtuvieron sus títulos ejecutoriales como comunidad de Vito dentro del cantón Challacollo, conforme se desprende de la Resolución Suprema 194944 de 6 de mayo de 1981, consolidando la superficie de 581 ha (quinientas ochenta y una hectáreas) y 7 850 m², siendo titulados en lo proindiviso, lo que se constituye en un derecho colectivo y patrimonio de dicha comunidad.

Mediante la Ordenanza Municipal 53/79 de 9 de noviembre de 1979, se aprobó la extensión del radio urbano de la ciudad de Oruro, llegando a abarcar partes del territorio de la comunidad de Vito, con base en una medición cartográfica errónea y llena de datos técnicos imprecisos, errores que se mantuvieron cuando se elevó a rango de ley, a través de la Ley 961 de 25 de enero de 1988; empero, también se suscribió un convenio, entre la Alcaldía de Oruro y los campesinos para respetar el derecho de los comunarios, entre los que se nombró a la comunidad de Vito.

Dicha extensión de terreno, refirieron que ya fue reconocida mediante la emisión de la , que concedió la tutela, al estar en riesgo su territorio, por la contaminación ambiental producida por la ciudad de Oruro, que prácticamente inutilizó grandes extensiones de tierra que les pertenecen y que sufren actualmente el embate de la expansión erróneamente planificada y desmedidas de supuestas áreas protegidas municipales del GAM de Oruro.

La constitución de dichas áreas protegidas, se dieron bajo el marco legal de la Ley 247 de 2012; por la que se ordenó que, los gobiernos municipales procedieran a la homologación de sus radios urbanos, aspecto que fue cumplido por el GAM de Oruro, por lo que envió la Ley 961 al Ministerio de Planificación y Desarrollo, que concluyó que dicha norma era inaplicable por la existencia de errores técnicos.

Por tal motivo, de manera apresurada, y sin considerar a los pueblos indígenas del sector, el GAM de Oruro, emitió la Ley Municipal de 4 de diciembre de 2013; por la cual, se crearon nuevas áreas protegidas municipales, cercenando el territorio de la comunidad de Vito, concretamente las áreas de "La Víbora" y el "Parque Acuático"; aparte de ello, se emitió la Ley Municipal 022/2015, que agrava su situación, ratificando la creación de tales áreas protegidas en el territorio de la comunidad de Vito.

Amparados en estas normas que consideran inconstitucionales, desde el año 2024, vino persiguiendo comunarios de Vito, con procesos penales y sanciones administrativas, llegando al extremo de demoler sus casas agrícolas, establos, ahijaderos y secuestrando ganado, con respaldo de la Policía, efectuando actos administrativos dentro de dichas áreas protegidas que se encuentran sobrepuestas con el territorio de su comunidad, sin que exista la más mínima coordinación con las autoridades.

Tales actos también han afectado el derecho propietario de la Comunidad Chiripujio Alamasi y a la Marka Challacollo; lo que constata que, el Concejo Municipal de Oruro no han socializado estas medidas ni crearon políticas de gestión compartida con las comunidades de dichas áreas protegidas, ignorando la Constitución Política del Estado (CPE), en desmedro de sus derechos; prueba de ello, es el hecho de que el GAM de Oruro ha emitido resoluciones administrativas, signadas con los números 46/20233, 57/2023 de 7 de noviembre y 08/204 de 15 de abril, que corresponden a procesos sancionadores, cuyo único objeto es la destrucción de sus viviendas, así como de sus asentamientos ganaderos, haciendo caso omiso a los memoriales presentados de su parte y de los argumentos usados sobre el respeto de sus derechos.

Los actos previamente descritos, vulneran los derechos de las comunidades de Vito, Chiripujio Alamasi y la nación Marka Challacollo a su patrimonio, su derecho propietario comunal, al espacio, a la vida y vida digna, al principio de vivir bien, derechos colectivos y difusos, por la creación de áreas protegidas municipales sin consenso ni consulta, así como la ampliación del radio urbano y la emisión de los actos administrativos, cuando dichas comunidades tienen sus derechos debidamente registrados en Derechos Reales (DD.RR.), extremo que es de pleno conocimiento del GAM de Oruro; sosteniendo que, cualquier decisión o acto administrativo que pudiese afectar su integridad, debió de serles consultada con anterioridad, a través de procesos de diálogo de buena fe; pero en lugar de ello, se dedicaron a expulsar a familias de comunarios de sus terrenos, además de atacarlos con procesos penales inquisitorios en los que abiertamente han desconocido la existencia de su comunidad de Vito.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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