0523/2021-S1

Finalmente denuncia vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente congruencia; toda vez que, en su memorial de objeción a la desestimación, impugnó los siguientes puntos:

1. a)Declaraciones de los imputados como medios de defensa, puesto que no era legal que el Fiscal de Materia Gary Coronado Murillo, en su resolución de desestimación, no considere las afirmaciones realizadas por los imputados en el proceso coactivo civil;
2. b)Falta de legitimación activa del denunciante, puesto que el Fiscal de Materia no consideró que al momento de la comisión de los delitos denunciados se encontraba unida en matrimonio con Saúl Datzer Rodríguez, siendo el departamento, parqueo y baulera que fueron motivo del ilícito penal, un bien ganancial;
3. c)Supuesta falta de presupuestos del delito de legitimación de ganancias ilícitas, porque lo sostenido por el Fiscal de Materia de que no se demostró la entrega de dinero por la compra de departamento, parqueo y baulera y que los imputados han pedido pericia al Instituto Técnico Científico de la Universidad Policial (ITCUP) de las firmas estampadas, afirmando que de su parte existe la misma carta del imputado Miguel Ángel Verde Ramo Olmos que ya se terminó de pagar, es una mentira;
4. d)Actos relevantes del delito de legitimación de ganancias ilícitas, en el entendido de que se amplió la denuncia por la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas argumentando que se había cometido el delito por la conducta de ocultar la verdadera titularidad del bien inmueble y con ello adquirir dividendos o recursos; y,
5. e)Jurisprudencia de la SCP 0815/2019-S2; aspectos sobre los cuales, respecto a los primeros tres el Fiscal Departamental de Santa Cruz no se pronunció, y sobre el cuarto y quinto solo se avoca a sostener que no se ha demostrado que los denunciados hubiesen ocultado el origen ilícito de los bienes, y que la resolución constitucional se trataría de hechos diferentes, siendo por el contrario los mismos hechos porque se ingresa a considerar el fondo de la cuestión para desestimar la denuncia aduciendo atipicidad, con ello se demostró que no existe relación entre lo pedido y lo que se resuelve.

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 29 de octubre de 2020, cursante de fs. 134 a 153, señaló que:

1. 1)Ante el memorial presentado por Carolina Cuellar Melgar respecto a la adhesión y ampliación de denuncia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en contra de los imputados, el Fiscal de Materia el 20 de agosto del citado año emitió Resolución Fiscal de desestimación y ampliación de denuncia; toda vez que, de la relación de los hechos denunciados es "ATIPICO" debiendo tomarse en cuenta todos los argumentos de orden legal; asimismo se admitió la adhesión de la denuncia, al estado actual en que se encuentra el proceso en etapa preparatoria por existir imputación formal de 20 de marzo de 2020; en ese sentido, fue ratificada por Resolución Fiscal Departamental RRMM 045/20, debiendo continuar las investigaciones por el delito de estafa agravada;
2. 2)En la Resolución Fiscal Departamental expresó los motivos de hecho y derecho en los cuales se basó su decisión, expuso los hechos y la fundamentación legal y la cita de normas que sustentó la parte dispositiva, teniendo una estructura de forma y fondo; es decir, expuso una fundamentación jurídica y en consecuencia una resolución congruente al existir una relación estricta entre la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y los resuelto, ya que en materia penal la congruencia se refiere a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todos su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto; por lo que, la Resolución Fiscal Departamental RRMM 045/20, no se circunscribe a relatar lo expuesto por las partes, sino que también cita las pruebas que aportó la denunciante, exponiendo los criterios sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que se han efectuado en ellas, dando aplicación a las normas jurídicas aplicables y finalmente resolver;
3. 3)Hizo conocer que se admitió su adhesión en su condición de víctima, además de haber ampliado la denuncia por el delito de estafa agravada, dando aviso al Juez de control jurisdiccional, por ende no puede argumentar que el Ministerio Público le éste privando el derecho a la tutela judicial efectiva, ni mucho menos su derecho al debido proceso; y
4. 4)Del análisis de todos los antecedentes arrimados, siendo que el hecho denunciado es atípico con relación únicamente al tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, al no haberse adecuado la relación fáctica de los hechos al tipo penal denunciado, no corresponde al Ministerio Público llevar adelante una investigación, más aún en la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, como pretende la accionante; consiguientemente, el Fiscal de Materia realizó una valoración correcta al desestimar la denuncia; por lo que, no existe vulneración o restricción al derecho del debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencias, máxime si el argumento de la supuesta afectación al principio de seguridad jurídica y acceso a la justicia quedan desvirtuados debiendo rechazar la tutela impetrada.

Jorge Antonio Vaca Diez Velarde, Lilian Kely Moreno de Vaca Diez, Miguel Ángel Verde Ramo Olmos y Cristiani Argentina Tufiño Justiniano; a través de su abogado, en audiencia manifestaron que:

1. i)No estaban de acuerdo con la ampliación del delito de estafa agravada, y tampoco se adecúa al delito de legitimación de ganancias ilícitas, haciendo una relación de hechos acompañando documental sobre la notificación del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.), donde manifiesta que se habría efectuado un préstamo para la construcción del condominio;
2. ii)Que los "accionantes" nunca pagaron la suma total del bien inmueble y que estos elementos tendrían que aclararse en la vía ordinaria; y,
3. iii)Los propietarios nunca ocultaron la titularidad del inmueble y que la legitimación de ganancias ilícitas es un delito de naturaleza autónoma; por lo que solicitan adherirse al informe del Fiscal Departamental de Santa Cruz, y se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, por Resolución 84/2020 de 29 de octubre, cursante de fs. 198 a 201 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La impetrante de tutela debió fundamentar y no simplemente hacer una relación o indicar que existió agravio, resultando necesario que a tiempo de cuestionar se identifique aquella que considere irracional o arbitrariamente valorada o las que fueron omitidas; además, se debe precisar los principios y valores supremos infringidos, los derechos y garantías constitucionales lesionados, estableciendo el nexo de causalidad entre estos, y la falta de valoración o incorrecta valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tenga relevancia constitucional, es decir, cuando incida en el fondo de lo demandado y sea la causa para la lesión de derechos fundamentales, este entendimiento fue asumido en las SCP 0014/2018-S2 y 0025/2018-S2, ambas de 28 de febrero;
2. b)El 20 de agosto de 2020 el Fiscal de Materia emite Resolución de desistimiento a la denuncia, ello de conformidad con el art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), a partir de una fundamentación de hecho y de derecho y la fundamentación pertinente, en la cual se desestima la denuncia por la atipicidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, admitiéndose la adhesión de la denuncia en el estado en que se encuentra el proceso por la presunta comisión del delito de estafa agravada; producto de ello, la denunciante Carolina Cuellar Melgar, formula objeción señalando que se cumplió los elementos constitutivos del tipo penal, solicitando se remitan antecedentes al Fiscal de Distrito para que revoque y se disponga la apertura de la investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas;
3. c)El Fiscal Departamental de Santa Cruz, emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM 045/20 haciendo una relación de hechos y la fundamentación jurídica, desestimando la denuncia a partir del análisis del tipo penal de ganancias ilícitas, señalando que al ser un delito autónomo este debe previamente cumplir tres etapas: colocación, interpelación e integración, situación que señala no puede ser demostrado en el presente caso; y,
4. d)En ese sentido la Resolución Fiscal Departamental RRMM 045/20 contiene una clara explicación de las razones por las que se llegó a la determinación de conforma la resolución del Fiscal de Materia, no siendo evidente lo alegado por la accionante en la presente acción de defensa, respecto a que la aludida Resolución Fiscal Departamental carecería de fundamentación y motivación, apreciándose dichos elementos en la resolución; es decir, que la misma realiza una explicación precisa y un análisis jurídico, así como consideraciones legales; por lo que, la denuncia a la vulneración de derechos no es evidente; de igual forma se debe precisar que se menciona una incorrecta valoración de la prueba por parte del Ministerio Público y sería una resolución incongruente, debiendo señalar que la jurisprudencia constitucional estableció que la valoración de la prueba aportada en cualquier proceso corresponde a la jurisdicción ordinaria o administrativa, por lo que el Tribunal no puede pronunciarse sobre cuestiones que no son de su exclusiva competencia y menos atribuirse la facultad de revisar y valorar la prueba que hubiere efectuado las autoridades jurisdiccionales; y, en el caso de análisis no se advierte un alejamiento del marco legal de razonabilidad y equidad en la valoración de los elementos de convicción y consideración en la Resolución Fiscal Departamental.