Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0525/2019-S1 Sucre, 15 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 27255-2019-55-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 17 de enero de 2019, cursante de fs. 443 a 458, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Iván Jiménez Crespo en representación legal de Country Club Cochabamba contra Marcelo Camargo Pinto, Secretario Municipal a.i. dependiente de la Secretaría de Servicios al Ciudadano del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 7 y 11 de enero, ambos de 2019, cursantes de fs. 80 a 95; y, 135 a 136 vta., la empresa accionante a través de su representante legal manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del trámite de exención tributaria de impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, se emitió la Resolución Técnico Administrativa DIR 327/2017 de 25 de octubre, por la que se determinó otorgarle el referido beneficio, por las gestiones 2016, 2017, 2018 y 2019; sin embargo, por proveído de 10 de mayo de 2018, antes de que concluyera el plazo de su duración, el entonces Secretario Municipal a.i. de Servicios al Ciudadano, conminó a que se demuestre documentalmente el cumplimiento puntual de las cuotas mensuales del plan de pagos, correspondientes a los impuestos de las gestiones 2004-2006; ante lo cual, presentó memorial indicando que no se trata de un simple incumplimiento de pago del plan de cuotas, sino que éste se debió y justificó ante la inexistencia de una deuda tributaria, que se encuentra establecida mediante una resolución firme, estable y ejecutable; toda vez que, producto de la acción de amparo constitucional planteada de su parte contra la Sentencia 22 de 18 de diciembre de 2015, emitida dentro del proceso contencioso administrativo contra la Resolución Determinativa 325/2014 de 17 de junio, que estableció los adeudos tributarios de las gestiones 2004-2006, fue dejada sin efecto por la , ordenando un nuevo pronunciamiento, aspecto por lo que no se puede seguir pagando las cuotas del plan de pagos, no existiendo motivo legal alguno para abrogar la exención de impuestos emitida en su favor; empero, sin que la indicada autoridad demandada tomara en cuenta ninguno de sus argumentos de oficio y de manera unilateral, contraviniendo los arts. 27 y 35.II de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA); y, 51 y 59.II de su Reglamento -Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003-, además del entendimiento jurisprudencial que señala en cuanto a la nulidad de actos administrativos, es procedente a través de los recursos administrativos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y que en caso de que la propia administración pública, pretenda anular un acto administrativo, estable en virtud del cual se generó efectos jurídicos a favor del administrado, la misma, no puede alegar la nulidad de oficio, sino que debe acudir al control jurisdiccional ulterior de los actos administrativos a través del proceso contencioso administrativo (), tomó la determinación de anular el acto administrativo de concesión de la exención a través de la Resolución Técnico Administrativa SSAC 016/2018 de 25 de mayo, sin considerar a ello solo puede ser asumida cuando se demuestre que el cumplimiento es injustificado; sin embargo, en su caso su motivo se encuentra plenamente justificado a través de una Sentencia Constitucional Plurinacional antes referida, que modificó su situación jurídica, dando lugar a la determinación del plan de pagos.
En ese entendido, la Resolución supra mencionada fue impugnada mediante el recurso de revocatoria el "12" de junio de 2018, el cual fue remitido por la autoridad demandada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de Cochabamba, a efectos de que esa instancia resuelva el mencionado recurso; sin embargo, por Auto de 9 de agosto del mismo año, la indicada institución determinó que el proceso sea devuelto al GAM de Cochabamba para el mismo fin; a cuyo efecto, precisamente la autoridad demandada, emitió la Resolución de Recurso de Revocatoria SSAC 001/2018 de 31 de agosto; en la que, en lugar de rectificar su actuación arbitraria, declaró "improcedente" el recurso de revocatoria y decidió confirmar la primera, incurriendo en un nuevo acto ilegal y contrario a la ley; como es, confirmar una resolución viciada de nulidad.
Debido a la ilegalidad de la Resolución que estableció la abrogación de la exención concedida a su favor y de la que posteriormente confirmó la misma, el 3 de octubre de 2018, interpuso el recurso jerárquico contra ambas, el que de acuerdo a lo señalado en el art. 66.IV de la LPA, debió ser conocido y resuelto por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GAM de Cochabamba; sin embargo, se efectuó la actuación ilegal de la autoridad demandada, al ser ella misma quien emitió la Resolución de Recurso Jerárquico SSAC 001/2018 de 27 de diciembre, vulnerando su derecho al debido proceso en su componente de recurrir ante el superior en grado, aspecto que dio lugar a que se consoliden las determinaciones ilegales y se consuman las vulneraciones de sus derechos.
De lo manifestado se advierte que, la autoridad demandada incurrió en acciones ilegales que vulneran sus derechos por cuanto procedió a anular de oficio el acto administrativo por el que se concedió la exención tributaria, sin tomar en cuenta los antecedentes y las particularidades del caso, ratificando su ilegal determinación a través de la Resolución del Recurso de Revocatoria, pero lo más grave, es haber resuelto el recurso jerárquico que debió ser conocido y resuelto por la MAE del municipio referido.
En resguardo del derecho al Juez natural y de recurrir la resolución ante el superior en grado, como componentes del derecho al debido proceso, la Ley de Procedimiento Administrativo, ha previsto un sistema recursivo, estableciendo como vías de impugnación de los actos o resoluciones administrativas de carácter definitivo los recursos de revocatoria y jerárquico, determinando en su art. 66, respecto a este último que la autoridad competente para resolver estos recursos es la MAE de la entidad, de lo que se advierte, juntamente con los estándares establecidos, que el derecho a recurrir ante el superior en grado debe reunir las siguientes condiciones:
- a)Ser una autoridad diferente al que emitió la resolución o acto administrativo impugnado;
- b)La misma, debe ser superior en jerarquía a la que emitió dicha resolución o el acto administrativo; y,
- c)Deben caracterizarse por ser independiente, competente e imparcial; en el presente caso, al resolver la autoridad demandada el recurso jerárquico, infringió flagrantemente el art. 66.IV de la LPA, toda vez que, fue el que emitió la Resolución Técnica Administrativa SSAC 016/2018 a través de la cual anuló de oficio el acto administrativo, mediante el que se concedió la exención tributaria en su favor, siendo también la que resolvió el recurso de revocatoria y finalmente la que resolvió el recurso jerárquico; por lo tanto, no reúne la condición de ser una autoridad diferente a la que adoptó el acto administrativo impugnado, no habiéndose observado el deber de realizar una nueva revisión y un análisis objetivo e integral del asunto.
Asimismo, aclara que el Código Tributario Boliviano modificado mediante la Ley 3092 de 7 de julio de 2005 -que incorpora el procedimiento para el conocimiento y resolución de los recursos de alzada y jerárquico, aplicables ante la superintendencia tributaria-, establece un sistema recursivo en sede administrativa a través del recurso de alzada conocido, tramitado y resuelto por la ARIT, y el recurso jerárquico por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), estableciendo en su art. 143 las resoluciones contra las cuales es admisible el recurso de alzada, en la que la Resolución Técnico Administrativa SSAC 016/2018 tomó la ilegal determinación de abrogar su similar DIR 327/2017, que le favoreció con la exención de impuestos desde la gestión 2016, no se encuentra comprendida entre los actos administrativos tributarios susceptibles de impugnación por la vía del recurso de alzada ante la ARIT, al ser un acto administrativo que anuló de oficio uno anterior de exención tributaria, razón por la que, se aplica el régimen general del sistema recursivo previsto por la Ley del Procedimiento Administrativo.
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