0525/2020-S3

Señaló, que la Resolución SP 023/2018, fundamenta su arbitraria actuación en un informe que no cuenta con documentación de respaldo; por cuanto, refiere:

1. a)haber sido obligada a asistir a un Seminario denominado "Responsabilidad por la Función Pública en el marco de la gestión por resultados-superior ejecutivo" organizado por la Contraloría General del Estado el 28 de noviembre de 2016, presentando el certificado obtenido como prueba de ello y refirió que por Instructivos S-SD-CM 006/2016 y 007/2016, ambos de 24 de noviembre, emitidos por los entonces Consejeros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, fue obligada a asistir al Taller de Evaluación del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental en Santa Cruz, imposibilitando encontrarse en su evaluación; siendo estos actos generados por el propio Consejo de la Magistratura;
2. b)No se puso en su conocimiento, que el Pleno del Consejo de la Magistratura, aprobó el inicio de su evaluación y el cronograma, antes de que fuera evaluada, lo cual fue reclamado por Cite CM JD1-LP 317/2016 de 5 de diciembre, habiendo conocido el cronograma y Acuerdo 186/2016 de 10 de noviembre, que modificó el Reglamento de evaluación aprobando el cronograma de evaluación, recién el 4 de enero de 2017 con el Código de Documento 4804, incumpliéndose el art. 8 inc. a) del Reglamento de Evaluación de Juezas y Jueces Disciplinarios, el cual determina como obligación del Consejo de la Magistratura, comunicar mediante nota escrita a través de Recursos Humanos (RR.HH.) de los Distritos Judiciales a Juezas y Jueces Disciplinarios, con el inicio del proceso de evaluación al desempeño y el cronograma establecido;
3. c)Los servidores judiciales que aparecen como miembros de la Comisión de evaluación en el Distrito judicial de La Paz nunca fueron designados como tales, toda vez que los Formularios 001 y 002 (Evaluación a Juezas y Jueces Disciplinarios) se encuentran suscritos por Limbert Rojas Cavero, Jefe Nacional de Evaluación y Escalafón, Julio Cesar Ríos Caballero y Gloria Plata Apaza, Profesionales de Evaluación de Personal, incumpliéndose el art. 9 del Reglamento de Evaluación de Juezas y Jueces Disciplinarios, el cual refiere que la Comisión será designada por el Pleno del Consejo de la Magistratura, sustentándose así la arbitraria actuación de sujetos que no fueron designados para la Comisión;
4. d)La evaluación de Jueces Disciplinarios de La Paz en la ciudad de Sucre el 12 de enero de 2017, es vulneratoria a sus derechos; toda vez que, el Acuerdo 145/2016 estableció que serían evaluados el 28, 29 y 30 de noviembre del citado año, es así que, al no existir la elaboración de acta alguna, informes y/o fotocopias simples o legalizadas de la documentación que revisaron, no puede ser validada;
5. e)Se encuentran ante la inexistencia del puntaje que se asignó a cada uno de los parámetros de evaluación, no existe el detalle ni especulación de procesos disciplinarios, en cuanto a la Gestión de despacho disciplinario, no encontrando sustento de cuáles fueron los puntos que desmerecieron el puntaje máximo de 20, incumpliéndose el art. 9 inc. c) del Reglamento de Evaluación de Juezas y Jueces Disciplinarios, que determina que la Comisión de evaluación debe "documentar" el proceso de evaluación formando una carpeta individual que contenga los documentos de los actuados revisados;
6. f)La Comisión evaluadora, el 10 de enero de 2017, no tuvo la información suficiente para cuantificar su evaluación ni la asignación de puntajes ni la emisión de resultado final de evaluación; y,
7. g)La omisión en la que incurrió la Comisión evaluadora de la cuantificación del factor de evaluación de deméritos, incumple los arts. 16 y 17 del citado Reglamento, que establece qué se entiende por deméritos, siendo esta una acción negativa de la Jueza o Juez Disciplinario durante el desarrollo de sus funciones.