0529/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0529/2019-S1 Sucre, 15 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 27406-2019-55-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución de 29 de enero de 2019, cursante de fs. 660 a 668 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Walker Rodolfo Duran Zambrana contra Eduardo Joaquín Rivera Yucra, Presidente, Juan Luis Cuevas Guagama, Vocal Permanente, Miguel Alfredo Vilca Conde y Javier Huanca Tintaya, Vocales suplentes, todos del Tribunal Disciplinario Superior; y, Wilhelm Teófilo Taboada Arnold, Presidente; Anibal Rivas Guzmán, Vocal Titular; Raúl Calle Cordero, Vocal Titular; y, Valentín Germán Aduviri Choque, Secretario, integrantes del Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, todos de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 y 11 de enero, ambos de 2019, cursantes de fs. 223 a 235, y 239 a 254 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de una denuncia por un particular, se inició una investigación en su contra por la presunta comisión de las faltas disciplinarias previstas por el art. 12 incisos 2), 28) y 34) de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB), por conducción peligrosa de un vehículo de la unidad a su cargo protagonizada por el funcionario policial Rider Ramiro Flores Llanos, quien no contaba con licencia de conducir, siendo que el mismo refirió malintencionadamente que su persona tendría conocimiento de su designación como conductor sin contar con dicha licencia, así como el mal estado de los vehículos. Señala que la etapa investigativa tiene una duración de quince días pudiendo ampliarse por diez días más según prevé el art. 67 en su primer párrafo, y por veinte días, según el párrafo segundo de la citada Ley, cuando se trata de casos complejos; sin embargo, el Fiscal Departamental Policial para subsanar la negligencia en la investigación, amplió el mismo por diez días alegando la complejidad del caso con ausencia de fundamentación y sin considerar que tal ampliación solo procede en los casos previstos por el art. 14 de la referida norma, inobservando lo dispuesto por su art. 51.

Por su parte, el Tribunal Disciplinario Departamental emitió la Resolución Administrativa (RA) Sancionatoria 011/2018 de 9 de marzo, disponiendo su retiro temporal por nueve meses con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes de forma incongruente y carente de motivación, refiriendo que los elementos probatorios dieron por probadas las causales previstas por los incs. 2) y 34) del art. 12 de la LRDPB, dando por entendido que se incumplió la Resolución 028/2003 que aprueba el Reglamento Interno para uso y mantenimiento de vehículos, distribución y uso de combustible; sin embargo, la indistinta valoración sirvió para la adecuación tanto de los incs. 2) como del 34) del art. 12 de la indicada Ley, impidiéndole conocer los motivos de cada supuesta falta, incurriendo en conclusiones genéricas, imprecisas e incongruentes sin advertirse un razonamiento integral y armonizado, correspondiendo la anulación de la mencionada Resolución.

El Tribunal Superior, lejos de explicar las razones que conducen a emitir una resolución confirmatoria, incurrió en el mismo equívoco arrastrando los defectos del inferior respecto a las bases fácticas y del apoyo de la prueba literal para la adecuación de los incs. 2) y 34) del art. 12 del LRDPB, incumpliendo su deber conforme señalan los arts. 98 y 99.f) de la citada norma que impone pronunciar una resolución fundamentada y legal, vulnerando los principios de legalidad y congruencia respecto a la aplicación de la norma para la valoración de la prueba sin incidir en los indistintos elementos fácticos y jurídicos considerados individualmente y en conjunto, más aún si los puntos de conflicto son varios, debiendo hacerse conocer la separación del pronunciamiento de cada uno con criterios de racionalidad.

Asimismo, la ampliación de la investigación resultó arbitraria según se desprende del art. 67 párrafo segundo de la LRDPB, no siéndole aplicable dicha norma conforme la interpretación correcta de la misma, al ser juzgado por la complejidad de las faltas comprendidas en el art. 14 de la citada Ley, pues de haberse respetado los plazos legales se hubiera culminado la investigación por la inexistencia de pruebas con su consecuente exoneración denotándose que todo lo actuado posteriormente deviene en la nulidad absoluta, la actuación contraria denota la falta de respeto del control de legalidad en la obtención posterior de los elementos probatorios; además, que no puede existir una motivación razonable asumiendo que el contenido de las pruebas sean adecuadas indistintamente a cada una de las causales sancionadas.