0530/2020-S1

La errónea interpretación del art. 233.3 de la Ley 1173, por parte del Vocal ahora demandado, deviene de omitir realizar una interpretación teleológica -pues obvió considerar que la indicada Ley pretende limitar el abuso de la detención preventiva, tomando en cuenta el hacinamiento de detenidos preventivos, sin plazo determinado-, así como sistemática -lo cual involucraba considerar el art. 236.6 del CPP, que establece que la medida cautelar deberá contener el plazo de duración de la misma y el art. 231 bis de igual cuerpo normativo, el mismo que no está precisamente ligado al acto investigativo, sino a una restricción o limitación de la autoridad cuando tenga que disponer cualquier medida cautelar personal, pudiendo ser impuesto en cualquier etapa del proceso penal-, histórica y la técnica del descarte jurídico -que implica las siguientes interpretaciones:

1. a)La efectuada por el Vocal aludido;
2. b)Una favorable, que sería "una interpretación intermedia", aplicable a cualquier etapa del proceso; y,
3. c)Que el plazo aludido debía aplicarse a los diez numerales del art. 231 bis del CPP-; asimismo, la interpretación de la norma también puede ser restrictiva o extensiva, debiendo aplicarse la más extensiva, que en este caso implica, a su vez, las indicadas precedentemente en los incs. b) y c), pero de ninguna manera la del inc. a).

Solicita se conceda la tutela y se resuelva:

1. 1)Disponer la nulidad del Auto 429/2019 dictada por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, así como del Auto de Vista 06/2019 emitido por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, además de los actos subsecuentes derivados de la misma, debiendo emitirse resolución respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados y cumpliendo parámetros interpretativos que vaya a señalar la jurisdicción constitucional en esta acción de defensa;
2. 2)Ordenar a las autoridades demandadas que a su turno definan el plazo de su detención preventiva; y,
3. 3)Se pronuncien sobre los peligros procesales que deben ser enervados, haciendo el análisis de los motivos que fundaron el art. 234.10 y 235.2 del Auto 14/19 con los motivos que expresa el "nuevo Código de Procedimiento Penal" y la prueba adjunta al presente caso.

Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través de informe presentado el 21 de enero de 2020, cursante de fs. 78 a 80 vta., indicó que no se vulneraron los derechos del accionante, bajo los siguientes argumentos:

1. i)El Auto de Vista 06/2019 declaró la improcedencia de la apelación presentada por el accionante, dando respuesta a todos los temas planteados;
2. ii)Respecto al primer motivo de apelación, el peticionante de tutela acusó de errónea interpretación y nula aplicación de la Ley 1173, transgresión de su art. 1 y de disposiciones finales, además, de los arts. 231 bis, 233.3 y 236.6 del CPP; al respecto, se determinó que se interpretó correctamente la Ley 1173, debido a que si el impetrante de tutela solicitó su cesación en base a la segunda vertiente del art. 239.1 del CPP, tenía necesariamente que presentar nuevos elementos como lo delinea la jurisprudencia constitucional, no pudiendo alegar la sola vigencia de la Ley 1173 al efecto;
3. iii)En lo concerniente al segundo motivo de apelación, consistente en el reclamo de una mala valoración de la prueba; y, una incongruente y contradictoria fundamentación que vulneraría los arts. 124 y 173 del CPP, con relación a la segunda vertiente del art. 239.1 de la misma norma adjetiva, el Tribunal de apelación emitió la respectiva decisión;
4. iv)Es importante diferenciar los casos de los detenidos preventivos anteriores a la vigencia de la Ley 1173 y los detenidos posteriores a esta Ley; en el caso concreto, el accionante al ser detenido preventivamente el 23 de marzo de 2019, antes de la vigencia de la aludida Ley, el procedimiento a seguir era el establecido en la Disposición Transitoria Décimo Segunda de dicha Ley, que establece que en los procesos con detenidos el juez conmina al Ministerio Público para que fundamente sobre la necesidad de que continúe la detención preventiva, si la autoridad fiscal no se pronuncia se dispone la cesación de la detención preventiva. En este procedimiento, ya está definida la probabilidad de autoría, así como los riesgos procesales de fuga y obstaculización, debido a esto, no corresponde hacer un análisis de ellos, ya que solo se realiza un análisis de la procedencia de los requisitos para la detención preventiva, cuando se tiene que aplicar la misma, en el caso contrario, para una cesación, por el principio de legalidad, ya estando establecida la probabilidad de autoría y los peligros de fuga y obstaculización, se tienen que presentar nuevos elementos que desvirtúen los motivos que dieron lugar a la detención preventiva; y,
5. v)No se puede fijar un plazo para la detención preventiva, porque el art. 233.3 del CPP, modificado por la Ley 1173, solo es para los procesos posteriores a la vigencia de la indicada Ley, para los casos anteriores a ella, se tiene que aplicar la Disposición Transitoria Décima Segunda de la indicada Norma, que, como se señaló, dispone que luego de que el juez conmine al fiscal, este debe fundamentar la necesidad y el plazo, el cual de ninguna manera es motivo para que cese la detención preventiva del peticionante de tutela debido a que el mismo solicitó su cesación en base a la segunda vertiente del art. 239.1 del CPP, tema que se analizó y resolvió de manera fundamentada.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, a través de Resolución 004/2020 de 24 de enero, cursante de fs. 91 a 93, denegó la tutela; empero, exhortó al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca a cumplir con la "Disposición Segunda" de la Ley 1173, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)No se puede ingresar al análisis de los actos y resoluciones emitidos a tiempo de ordenarse la detención preventiva del accionante, pues los mismos fueron impugnados en su oportunidad y no fueron objeto del Auto de Vista 06/2019;
2. b)Al impugnarse el Auto 429/2019, por el cual el Tribunal a quo denegó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, no puede ser objeto de la acción tutelar, correspondiendo circunscribir el análisis a dicho Auto de Vista que resolvió la indicada apelación;
3. c)El Auto de Vista 06/2019 debe enmarcar su análisis, fundamentación y resolución a los aspectos impugnados, que fueron resueltos por el a quo, en ese marco, no se puede exigir que dicho Auto de Vista, resuelva sobre la aplicación del plazo de la detención preventiva, pues si bien se hizo referencia al mismo, ese no fue el objeto del incidente, el cual se sustentó en la existencia de nuevos elementos de acuerdo a lo previsto por el art. 239.1 del CPP; de esa forma se advierte que el Auto de Vista cuestionado expresa las razones jurídicas por las que considera que el Tribunal de instancia valoró correctamente los antecedentes del caso, al establecer que la sola vigencia de la Ley 1173, por sí sola no constituye un nuevo elemento para dar curso a su solicitud de cesación de la detención preventiva;
4. d)Respecto a la determinación del plazo de la detención preventiva previsto en los arts. 233.3, 235 y 236.6 del CPP, en los casos en que dicha medida haya sido asumida con anterioridad a la vigencia de la Ley 1173, la Disposición Transitoria Décima Segunda de dicha normativa establece el mecanismo para activar la fijación del plazo, lo que implica que para viabilizar la cesación de la detención preventiva, por el vencimiento de aquél, el mismo debe estar ya establecido, eso significa que este es otro supuesto de cesación a la detención preventiva y opera de manera independiente; es decir, que previamente debió haberse definirse el plazo de duración de la detención, a cuyo efecto y para hacer viable la activación de este mecanismo a los casos cuya detención fue dispuesta con anterioridad a la vigencia de la Ley 1173, la misma en su Disposición Transitoria Décimo Segunda establece que el juez debe conminar al Ministerio Público para que se manifieste sobre dicho plazo; emergente de una interpretación amplia, se entiende que dicho plazo puede ser aplicable a cualquier etapa del proceso;
5. e)En etapa de juicio, rigen los presupuestos previstos en el "numeral tres y cuatro" (sic) que señalan que "cuando la duración de la detención exceda de doce meses, sin que se haya dictado acusación o de 24 meses sin que se hay dictado sentencia", son presupuestos que son aplicables en etapa de juicio, por eso "el numeral dos" (sic) también puede ser aplicable en una interpretación favorable extensiva, previa determinación del mismo; evidentemente, el Tribunal a quo pudo haber emitido la conminatoria y ésta también se puede activar a solicitud de parte; y,
6. f)No se le puede exigir al Vocal ahora demandado que resolvió el recurso de apelación incidental, que pueda establecer el plazo, por cuanto dicho plazo requiere de una determinación previa, en tal mérito, si bien corresponde la denegatoria de la tutela, en resguardo de los derechos fundamentales del procesado, se debe exhortar a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca que activen la conminatoria a los sujetos procesales a efecto de la determinación de dicho plazo y en función a ello se pueda otorgar certeza, sobre la aplicación de la cesación a la detención preventiva en base a esta causal.

II.5. Prospero Franz Segovia García, Alex Gustavo Rengel Patzi y Jesús Marcelo Barrios Arancibia, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emiten el Auto 429/2019 de 2 de diciembre, declarando infundado el incidente de cesación de su detención preventiva, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)El acusado manifestó que se mantuvieron latentes los riesgos procesales de fuga y obstaculización en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP; en ese marco, invocó el art. 1 de la Ley 1173, en el entendido de que uno de los objetivos de la referida Ley es que no se ejerza abuso de la detención preventiva e hizo hincapié en las Disposiciones Finales Primera y Segunda de la mencionada Ley, las que establecen que dicha cuerpo normativo se aplicará aun a las causas anteriores a su entrada en vigencia plena y que reviste el carácter de retroactividad cuando sea favorable al acusado de acuerdo al art. 123 de la CPE; por otro lado, manifestó que los padres de la víctima presentaron un desistimiento y ampliación de la declaración por la que niegan la existencia del hecho; finalmente, señaló que estaba detenido más de seis meses y no se había fijado un plazo de detención preventiva de acuerdo al art. 233.3 del CPP, modificado por la Ley 1173; por ello, en aplicación de los arts. 6, 7, 221, 222 del CPP y art. 410 de la CPE, solicitó que se otorguen medidas sustitutivas de acuerdo al art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley 1173;
2. 2)El acusado sustentó su petición en el art. 239.1 del CPP segunda vertiente; es decir, "'cuando nuevos elementos tornen conveniente que la detención preventiva sea sustituida por otra medida menos gravosa'" (sic); asimismo, alegó el art. 1, y las Disposiciones Finales Primera y Segunda de la Ley 1173, entendiendo que la detención preventiva se basaba en la proporcionalidad y temporalidad y que enlazado al principio de presunción de inocencia, tornaría conveniente que la detención preventiva que sufre sea sustituida por otra medida menos gravosa prevista en el art. 231 bis de la ley adjetiva penal; al respecto, se evidencia que la prueba presentada por el acusado no puede ser valorada porque la petición concreta no está sustentada en la primera vertiente del art. 239.1 del CPP, y porque esta prueba ya fue valorada y no podría ser considerada como nuevo elemento, en el mismo sentido, la prueba ofrecida por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia resultan también impertinentes por los mismos motivos;
3. 3)Si bien el objeto de la Ley 1173 es, entre otros, no abusar de la detención preventiva, su Disposición Final Primera señala que la Ley se aplicará a los procesos en trámite como es el caso presente; sin embargo, ninguna de las normas en las que sustenta su pedido el acusado menciona que por su sola vigencia en todas las causas actuales y anteriores, se considerará la Ley como un nuevo elemento que torne conveniente la cesación de la detención preventiva; de ser ello evidente, todas las causas con detenidos preventivos resultarían beneficiadas, sin la concurrencia de nuevos elementos objetivos inherentes a cada causa particular, por la sola vigencia de la Ley 1173, siendo insuficiente mencionar la finalidad de la misma para la procedencia de la cesación de la detención preventiva;
4. 4)Los nuevos elementos que tornen conveniente que la detención preventiva sea sustituida por otra medida menos gravosa, deben ser probados, circunstancia que en el caso no ocurrió;
5. 5)Toda la normativa procesal penal, incluida la Ley 1173, otorga una especial protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, como se da en este caso; y,
6. 6)La solicitud del Ministerio Público respecto a que se le otorgue un plazo de tres meses para mantener la detención preventiva, para que en ese lapso se reciba la declaración de la víctima en Cámara Gesell, resulta incoherente, pues ya concluyó la etapa investigativa y dicha prueba fue ofrecida en la acusación para ser producida en juicio (fs. 35 a 36).

II.6. Por Acta de Audiencia Pública de Apelación Incidental de Medida Cautelar de 9 de diciembre de 2019, se tiene que el abogado del ahora accionante señaló los siguientes argumentos:

1. i)Son dos los motivos de apelación, el primero es referido a la errónea interpretación y nula aplicación de la Ley 1173 y vulneración de los arts. 231 bis, 233.3 y 236.6 del CPP y además del art. 1 y Disposición Final Segunda de esa Ley; el segundo motivo es referente a la mala valoración de la prueba, así como la incongruente y contradictoria fundamentación de la misma, con vulneración de los arts. 124 y 173 del CPP;
2. ii)En cuanto al primer motivo de impugnación, la Disposición Final Segunda de la Ley 1173, indica que en el marco del art. 123 de la CPE, se aplicará la retroactividad en lo que beneficie al imputado; ahora bien, el art. 233.3 del CPP establece el plazo de duración de la medida cautelar de última ratio y los actos de investigación a ser realizados en dicho término; y, en el caso se dictó el Auto Interlocutorio 14/19 (de aplicación de la detención preventiva) en marzo de 2019, y con la vigencia de la Ley 1173, se solicitó al Tribunal a quo a que, conforme al art. 239.1 del CPP segunda vertiente, sea sustituida la detención por una medida menos gravosa; es decir, que solicitaron que se aplique el art. 231 bis de dicha norma procesal penal en el entendido de que la regla es la libertad y la detención la excepción; no obstante, el Tribunal a quo no realizó una debida interpretación y existió una nula aplicación con respecto a la Ley 1173, vulnerando los arts. 233.3, 231 bis y 236.6 del CPP;
3. iii)Con respecto al segundo tema de apelación, se advierte incongruencia en el Auto 429/2019 porque en su considerando segundo señala que la prueba presentada por el acusado no puede ser valorada debido a que la petición no está sustentada en la primera vertiente del 239.1 del CPP, pero la defensa planteó su petición en el art. 239.1 segunda vertiente; es decir, cuando se torne conveniente la sustitución por otra medida, también se contradice cuando consideran que la defensa asumió que dicha Ley era un nuevo elemento; empero, ello no era evidente, lo que la defensa hizo fue presentar toda la prueba para que se aplique el espíritu de la Ley 1173 en su art. 233.3, en relación a que durante la detención preventiva se deben realizar determinados actuados investigativos, en el presente caso se realizaron todos los elementos investigativos como declaraciones testificales, pericias psicológicas, entre otras, lo que no ameritaba la necesidad para que el acusado siga detenido; y,
4. iv)El Tribunal a quo rechazó el pedido de ampliación del plazo por tres meses solicitado por el Ministerio Público; empero, lo incoherente es que se rechazó la solicitud de cesación de dicha medida, pues la petición de la cesación se basó en el fundamento de que se tornaba conveniente otra medida para el acusado y así demostrar el espíritu de la Ley 1173, solicitando que prime la regla que es la libertad, siendo la detención la excepción; por lo que, solicita se revoque el Auto 429/2019 (fs. 42 a 45).

II.7. Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandado- emite el Auto de Vista 06/2019 de 9 de diciembre, por el cual declara improcedente la apelación interpuesta contra el Auto 429/2019, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La cesación de la detención preventiva está regulada por el art. 239 del CPP, y su numeral 1 implica la presentación de nuevos elementos de convicción para que proceda la referida cesación, que demuestren que no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva o que presentan nuevos elementos de convicción que tornen conveniente que la detención preventiva sea sustituida por otras medidas; esa conveniencia de que cese la detención preventiva, tiene que estar relacionada con los efectos para el proceso; en el presente caso, de ninguna manera el Tribunal a quo interpretó erróneamente la Ley 1173 ni mucho menos los arts. 1, 231 bis, 233.3, 236.6 del CPP; y, art. 1 y las Disposiciones Finales de dicha Ley, ya que no se considera que la sola vigencia de la referida Ley sea motivo para que cese la detención preventiva, razón por la cual efectivamente no se puede tomar en cuenta dicha Ley como un nuevo elemento para que cese la detención preventiva; por la redacción del art. 233.3 del CPP, el requisito del plazo es solo exigible en la etapa preparatoria, porque solo en esa etapa se realizan actos investigativos, en el caso presente, al ya existir acusación, no es necesario establecer un plazo para la detención preventiva, debido a que como se explicó anteriormente, de acuerdo al art. 239.1 del CPP, cesa la detención preventiva, cuando se presentan nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que fundaron o torne conveniente que sea sustituida por otras medidas; por lo que, la sola vigencia de la Ley 1173 no es motivo para que cese la detención preventiva. Por otro lado, se tiene que tomar en cuenta que la nueva política criminal, contenida en los arts. 233.3 y 236.6 del CPP exige que se tiene que fundamentar el plazo de duración de la detención preventiva y los actos investigativos que se realizarán en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, nótese que el legislador dispuso que ese nuevo requisito es para que durante ese tiempo solicitado se realicen actos investigativos, lo que quiere decir que esa condición solo es exigible en la etapa preparatoria, porque solo en ella se realizan actos investigativos; en el presente caso al exigir una acusación, no era necesario prever un plazo para la detención preventiva, por ello se considera que el Tribunal a quo efectuó una adecuada compulsa e interpretación de la Ley 1173;
2. b)Respecto al segundo motivo de apelación, relativo a una mala valoración de la prueba, es necesario identificar qué prueba fue valorada incorrectamente, qué reglas de la sana crítica se infringieron, ya sea la lógica, la experiencia o ciencia, lo que no se hizo; por otro lado, se considera que no existe contradicción como acusa el apelante, debido a que se tiene que tomar en cuenta que si bien el Tribunal a quo refirió que la prueba presentada por el acusado no podía ser valorada porque la petición concreta de la solicitud de cesación a la detención preventiva no estaba sustentada en la primera vertiente del art. 239.1 del CPP, corresponde considerar que se realizó esa precisión para delimitar el contenido de la resolución, en el entendido que, solo se estaría analizando la segunda vertiente del art. 239.1 del CPP, que de ninguna manera entró en contradicción con la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada, que tenía como base la segunda vertiente. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la nueva normativa exige un plazo de duración de la detención preventiva, para los actos investigativos que se realizarán en ese término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, y el legislador dispuso dicho plazo solo para la etapa preparatoria porque solo en esa etapa se realizan actos investigativos y en el caso se tiene requerimiento conclusivo de acusación, no siendo necesario ya establecer un plazo para la detención preventiva; y,
3. c)Por lo expuesto, no existe mala valoración probatoria ni incongruencia, menos contradicciones en el Auto 429/2019 (fs. 46 a 50 vta.).

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, porque estando acusado por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente en grado de tentativa; y, hallándose detenido preventivamente, por disposición de Auto Interlocutorio 14/19 de 23 de marzo de 2019, solicitó la cesación de dicha detención, arguyendo que nuevos elementos demostraban que podía ser sustituida por otra medida y que se haga hincapié en el art. 1 y las Disposiciones Finales Primera y Segunda de la Ley 1173, pues no se había fijado el plazo de la detención preventiva como lo establece el art. 233.3 del CPP, habiendo sido la solicitada cesación resuelta por:

1. 1)El Tribunal a quo, ahora demandado, quien rechazó dicha petición, mediante Auto 429/2019 de 2 de diciembre, sin fundamentación ni motivación, pues no se pronunció sobre el plazo de duración de la detención preventiva -como lo establece el art. 233.3 del CPP-; no obstante que, el Ministerio Público solicitó que se mantenga la medida extrema por tres meses más, para que se lleve a cabo el anticipo de prueba de la menor víctima respecto a su declaración en Cámara Gesell, solicitud que fue rechazada, lo cual implicaba su cesación, al desaparecer la finalidad de su detención preventiva; asimismo, se mantuvieron concurrentes los riesgos procesales 234.10 y 235.2 del CPP, que debieron considerarse enervados, ya que primigeniamente se basaron en meras suposiciones abstractas; y,
2. 2)El Vocal de segunda instancia emitió el Auto de Vista 06/2019 de 9 de diciembre, declarando improcedente la apelación, incurriendo en las siguientes ilegalidades: 2.i) Se basó en que el plazo de la detención preventiva prevista en la Ley 1173 solo era para la etapa investigativa, aplicando, una interpretación errónea del art. 233.3 del CPP, y por ende, con fundamentación arbitraria, al ser restrictiva la misma, omitiendo así una interpretación teleológica, histórica, sistemática y la técnica del descarte jurídico; y, 2.ii) No tomó en cuenta que los peligros de fuga y de obstaculización no podían fundarse en meras presunciones abstractas, las mismas sobre las cuales se sostuvo la decisión de su detención mediante el primigenio Auto 14/19.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, a cuyo efecto se abordarán las siguientes temáticas:

1. i)Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres;
2. ii)De la aplicación del art. 233.3 del CPP; de la vigencia de la Ley 1173 modificada por la Ley 1226; y de la aplicación de la Disposición Transitoria Décima Segunda de dicha Ley 1173, un contexto legal relativo a la etapa de investigación penal;
3. iii)Sobre el contenido esencial de la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso ;
4. iv)La exigencia de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; y,
5. v)Del análisis del caso concreto.