0531/2022-S2

El accionante a través de su representante legal, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que:

1. a)El hecho de que el proceso de saneamiento hubiera sido llevado a cabo solo con la intervención de su esposa, conforme sale del expediente y declaró el predio como tierra fiscal, lesionó sus derechos y garantías constitucionales; por lo que, corresponde se le brinde la protección solicitada, disponiendo la nulidad de la RA-SS 1065/2012, que declaró tierra fiscal al precio "Campo Nuevo y Palo Santo", debiendo igualmente anularse el referido proceso de saneamiento hasta el vicio mas antiguo, hasta que lo citen y notifiquen, con la Resolución de inicio de saneamiento;
2. b)En cuanto a la competencia territorial del Tribunal, al ser materia constitucional cualquier Sala Constitucional del país es competente en el marco de la Ley de Creación de las Salas Constitucionales;
3. c)Respecto a la falta de legitimación activa, en el caso al ser copropietario del predio que fue declarado tierra fiscal, al negarle la posibilidad de asumir defensa y privarlo de su derecho propietario, obviamente le asiste la legitimación activa; y,
4. d)En cuanto a la subsidiariedad también existe una errónea interpretación de la norma, pues el incidente de nulidad fue presentado el 21 de abril de 2021 y el plazo de veinte días calendario que tenían para responder el cual venció el 11 de mayo de igual año, los personeros del INRA indican que respondieron el 30 de julio del mismo año, cuando la acción tutelar ya fue presentada, siendo extemporánea, operando por tanto el silencio administrativo, por el que se considera denegada su solicitud, por lo que no se da la subsidiariedad.

Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional del INRA, por intermedio de sus representantes legales, remitió informe escrito de 5 de julio de 2021, cursante de fs. 576 a 581 vta., solicitando se deniegue de tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. 1)Sin perjuicio de la excepción de incompetencia planteada el 30 de junio de igual año, observó la falta de legitimación activa, pues de la propia declaración del accionante se advierte la negligencia y dejadez con la que actuó respecto del predio en cuestión reclamada como de su propiedad, cuando el proceso de saneamiento concluyó hace ocho años con la emisión de la RA-SS 1065/2012, denotando que el impetrante de tutela nunca tuvo interés sobre el predio, por el contrario fue Carolina Fernández de Banegas quien asumió toda la responsabilidad y representación sobre el mismo, habiendo agotado y recurrido a las instancias jurisdiccionales correspondientes en el marco del derecho al debido proceso, resultado de ello se tiene la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 72/2015 de 27 de agosto, que declaró improbada su demanda;
2. 2)De igual forma la interesada interpuso acción de amparo constitucional, emitiéndose la Resolución 98/2016 de 3 de marzo, mediante la cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, como Tribunal de garantías, rechazó la tutela solicitada, con el fundamento que fue presentada fuera del plazo de seis meses, incumpliendo el principio de inmediatez, misma que fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional por AC 0082/2016-RCA de 31 de marzo;
3. 3)El impetrante de tutela en ningún momento se apersonó al proceso de saneamiento que es una actividad pública, tal cual consta en la publicación de edictos y difusión de la Resolución de Inicio de Procedimiento DDSC-RA 0331/2011 de 9 de septiembre, no obstante el pleno conocimiento del referido proceso por parte de Carolina Fernández de Banegas, quien intervino en el antedicho proceso el que concluyó en todas sus fases, y cuenta con Resolución ejecutoriada; por lo que, no corresponde en esta instancia el reclamo alegado, por el tiempo transcurrido de su inacción, pues no opera reclamo alguno que no hubiera sido realizado en su oportunidad, razón por la cual no cuenta con la legitimación activa para solicitar la nulidad de todo el proceso de saneamiento concluido, considerando que solo concierne dar respuesta al memorial de incidente de nulidad presentado el 21 de abril de 2021, solicitando se declare la improcedencia de la acción tutelar incoada, por falta de legitimación activa;
4. 4)Falta de incumplimiento del principio de subsidiariedad, pues el peticionante de tutela, mediante memorial presentado al INRA, anteriormente mencionado, solicitó en la vía incidental la nulidad de obrados del proceso de saneamiento, respecto del que considera, operó el silencio administrativo al no habérsele respondido, basándose en el art. 83 del DS 29215, vencido que fue el plazo de veinte días, respecto de lo cual consideran que, dicho memorial no constituye un recurso de revocatoria para que pueda proceder el silencio administrativo, como erradamente arguye el solicitante de tutela; ya que se trata de una petición únicamente, correspondiendo solo una respuesta por parte de la entidad administrativa, lo que ya ocurrió, pues se dio una repuesta con la que fue notificado al representante del interesado el 30 de junio de mismo año, en el domicilio señalado conforme consta en los antecedentes adjuntos; por lo que, el interesado debió agotar los recursos en instancia agraria administrativa antes de interponer la demanda tutelar, razón por la cual piden declarar la improcedencia de la acción de defensa;
5. 5)Sin perjuicio de lo anteriormente indicado informan que de acuerdo con las etapas del proceso de saneamiento cumplidas, la documentación aportada y el análisis efectuado en el Informe en Conclusiones de 12 de junio de 2021, entre otros fue emitida la RA-SS 1065/2012, que resolvió, entre otros puntos, declarar la ilegalidad de la posesión de Carolina Fernández de Banegas, por inobservancia de los requisitos de legalidad respecto del predio "Campo Nuevo y Palo Santo", al contar con asentamiento posterior a la vigencia de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, declarando tierra fiscal la superficie de 5387 7514 ha, disponiendo su registro en Derecho Reales (DD.RR.) a nombre del INRA en representación del Estado, disponiendo igualmente de oficio las medidas precautorias de prohibición de asentamiento o en su caso el desalojo de cualquier posesión ilegal de personas individuales o jurídicas, con lo que se notificó a Carolina Fernández de Benegas, mediante cédula de 10 de octubre de 2014, Resolución publicada mediante edicto agrario el 26 de julio de 2013, todo ello en el marco de la normativa que rige la materia y se encuentra en vigencia;
6. 6)El área del predio "Campo Nuevo y Palo Santo", fue declarada tierra fiscal, se encuentra debidamente registrado en DD.RR. y conforme a la distribución de tierras previsto en el art. 102 y ss. del DS 29215, procedieron a la emisión de Resoluciones de autorización de asentamientos de distintas comunidades, de igual forma se acompaña la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 72/2015 emitida dentro del proceso contencioso administrativo planteado en contra de la RA-SS 1065/2012 por Carolina Fernández de Banegas; por la que, se declaró improbada su demanda, misma que cuestionada en acción de amparo constitucional, rechazada por inmediatez y confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante AC 0082/2016-RCA; y,
7. 7)En el aludido proceso de saneamiento al predio en cuestión, pese a la difusión y publicidad, a través de edictos en medios de prensa de circulación nacional, así como en la emisora radial local, se tiene que solo se apersonó y participó en el mismo Carolina Fernández de Banegas y luego su apoderado, donde señaló la poderdante que tenía la condición de única y legítima propietaria del fundo rústico "Campo Nuevo y Palo Santo", la que además presentó para acreditar su derecho propietario el Testimonio de compraventa 87/2011, al que se refiere la parte accionante, de cuyo contenido se advierte claramente que consignó únicamente como compradora la prenombrada.

Seguidamente la prenombrada Sala Constitucional, a través de Resolución 064/2021 de 9 de julio, cursante de fs. 601 a 610 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la RA-SS 1065/2012, que declaró tierra fiscal el predio denominado "Campo Nuevo y Palo Santo", ubicado en el municipio de Puerto Suárez, provincia Germán Busch del departamento de San Cruz, dentro del proceso de saneamiento al polígono "120", disponiendo que el INRA anule el proceso de saneamiento, hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta que se notifique a Adeth Banegas Coca con el inicio del proceso de saneamiento del indicado predio. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Conforme a los antecedentes cursantes en la carpeta administrativa de saneamiento, Carolina Fernández de Banegas se apersonó y presentó al INRA la Escritura Pública de compraventa 087/2011, con todos los antecedentes dominiales que acredita el derecho propietario del predio "Campo Nuevo y Palo Santo", dando cumplimento a lo dispuesto en los arts. 294 y 296 del DS 29215; sin embargo, el INRA haciendo una valoración incorrecta reconoció como única propietaria a la prenombrada y no así su esposo, pese a que en el documento de transferencia registraba su estado civil;
2. ii)En el proceso de saneamiento no admitieron la existencia de un vínculo matrimonial y a partir de ese momento se notificó únicamente a Carolina Fernández de Banegas, sin hacerlo como a esposos, tampoco consta su intervención como apoderada, con o sin mandato del accionante, pues de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sobre la comunidad de gananciales, esta tiene vigencia desde el matrimonio, sea formal o de hecho hasta la desvinculación matrimonial de los cónyuges, constituyéndose el predio en cuestión un bien ganancial;
3. iii)Sobre los efectos de cosa juzgada material de la RA-SS 1065/2012, la que se encontraría en la Unidad de Distribución de Tierras para su distribución a las comunidades indígenas originaria campesinas (IOC), tomando en cuenta que es requisito de formación de una sentencia o resolución administrativa, la obligación del juez o el Estado, verificar el respeto al debido proceso y garantizar mediante un criterio de interpretación de legalidad ordinaria el respeto a principios y garantías de rango constitucional (SC 0668/2010-R), si la sentencia o resolución no cumple con dicho requisito de formación respecto de derechos fundamentales, hace viable el control de constitucionalidad, en consecuencia el INRA con la RA-SS 1065/2012, por la que declaró tierra fiscal el predio "Campo Nuevo y Palo Santo", violentando el debido proceso y el derecho a la defensa del impetrante de tutela esposo de Carolina Fernández de Banegas, a quien no se le notificó con ningún actuado del proceso de saneamiento, promovió un acto administrativo ilegal e ineficaz, por cuanto una resolución para someter a los administrados y tener vigencia jurídica, debe cumplir con requisitos de formación esenciales que le dan validez legal, haciendola inmodificable e incuestionable, dando así seguridad jurídica a las partes en litigio y consolidando la paz social, pues la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0668/2010-R dejó establecido que una resolución que no cumple con uno de los requisitos de formación relativos al respeto de los derechos fundamentales, hace procedente el control de constitucionalidad, pues solo reviste una calidad de cosa juzgada aparente, lo que conlleva su nulidad sustentada en los principios constitucionales de seguridad, supremacía constitucional y jerarquía normativa, pues todo acto infraconstitucional contrario a la Norma Suprema es nulo e inexistente;
4. iv)Por memorial de 21 de abril de 2021 el peticionante de tutela se apersonó ante el INRA denunciando lo acontecido en el proceso de saneamiento, pidiendo que se le notifique con la RS 04221/2010 y se le otorgue fotocopia de los antecedentes que dieron lugar a su emisión, incidente que hasta la interposición de la acción de defensa no fue contestado, no existiendo otros recursos a través de los cuales haga valer sus derechos acudió a la justicia constitucional;
5. v)Advirtiéndose la vulneración al debido proceso que es una garantía de toda persona para acceder a un proceso justo, donde las partes tengan la oportunidad de asumir su defensa o en su caso impugnar las determinaciones asumidas tanto en la vía administrativa como judicial, pues en el caso, la falta de notificación, en primer lugar, del inicio del proceso de saneamiento llevado a cabo por el INRA en el polígono "120" de la provincia Germán Bush del departamento de Santa Cruz, conlleva la indefensión del accionante, puesto que al no tener conocimiento del merituado proceso no pudo plantear consultas, objeciones u oposición alguna, que garanticen el debido proceso conforme establece el DS 29215;
6. vi)En cuanto al derecho a la defensa, se puede establecer que la falta de comunicación y notificación con la RS 1065/2012 y la no contestación al incidente promovido, conculcó dicho derecho, ya que todo ciudadano boliviano tiene derecho a conocer las resoluciones que afecten sus derechos, los que si los considera lesivos, podrá impugnar, y al no ser notificado con dicha Resolución no pudo cuestionarla en la instancia llamada por ley; y,
7. vii)En el caso se colige que la falta de notificación con la RS 1065/2012, causó indefensión en el impetrante de tutela, por lo tanto dicha omisión reviste relevancia constitucional para ser tutelado a través de la acción de amparo constitucional, ya que la citada resolución es determinante y afectó otros derechos subjetivos como la propiedad, pues conforme la SC 0995/2004-R de 29 de junio concurren los presupuestos determinados para la concesión de tutela; vale decir, que se dio una lesión al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, lo que le impidió hacer valer sus pretensiones.

Mediante memorial presentado el 12 de julio de 2021 cursante de fs. 669 a 674, Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional de INRA, a través de sus representantes legales pidió enmienda y complementación, sobre los siguientes puntos:

1. a)En la Resolución emitida no precisaron hasta que fojas o actuado conlleva la nulidad establecida;
2. b)La acreditación del domicilio del accionante efectuada por Notario de Fe Pública no fue evaluada integralmente y de acuerdo a normativa, ingresando en el campo de la discrecionalidad y subjetividad;
3. c)En cuanto a los bienes gananciales, la esposa no intervino como tercera interesada a corroborar las afirmaciones de su esposo, por lo que debe aclarase y corregirse lo fundamentado sobre el punto;
4. d)Se les hizo conocer que sobre el predio en cuestión se autorizó el asentamiento de varias comunidades; en consecuencia, debe corregirse la decisión por las consecuencias sin límites que ello puede acarrear;
5. e)La Resolución carece de fundamentos jurídicos en cuanto a la figura de la preclusión, en relación a las diferentes etapas del saneamiento; razón por la cual, deben aclarar los fundamentos jurídicos sobre el tema;
6. f)No consideraron que los esposos Banegas como tales vivían juntos y tenían comunicación, sabían del proceso de saneamiento de ahí que Carolina Fernández de Banegas agotó todas las instancias de reclamo, dejando el accionante precluir su derecho y colocándose en un estado de indefensión por su desidia, lo resuelto dio valor a lo formal sobre lo sustancial, y no tomó en cuenta la publicidad que se le dio al proceso de saneamiento en todas sus etapas; y,
7. g)Del padrón electoral biométrico del Órgano Electoral Plurinacional se tiene que Carolina Fernández, no lleva el apellido "DE BANEGAS".