Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 15 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 27729-2019-56-AL Departamento: Oruro Partes: Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Edgar Rafael Bazán Ortega contra Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada, expresa su disidencia con la , que revoca la Resolución 3/2019 de 7 de febrero, pronunciada por el Tribunal de garantías; y en consecuencia, concede la tutela impetrada con relación a la Jueza demandada por no haber remitido el Testimonio de Apelación dentro las veinticuatro horas establecidas por ley.
Sin embargo, considero que la autoridad demandada no es la responsable por la dilación en el envío, conocimiento ni resolución del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra la Resolución que dispuso su detención preventiva, porque remitió los antecedentes dentro de las veinticuatro horas establecidas por ley, justificando además los motivos por los cuales, no se podía elaborar un Testimonio de Apelación, viendo por conveniente hacer quedar las piezas pertinentes para continuar con la tramitación de proceso penal seguido contra el impetrante de tutela; razones por las cuales, considero que lo Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, son los responsables de la dilación en la tramitación de dicho recurso de apelación, por devolverlo sobre la base de criterios formales contrarios a lo dispuesto por el art. 251 del CPP y en inobservancia de los principios de celeridad y diligencia de la administración de justicia.
Razones por las cuales, prescindiendo de los requisitos de la legitimación pasiva y sobre la base del principio de informalismo que rige la acción de libertad, correspondía CONCEDER la tutela impetrada con relación a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, sin responsabilidad, al no haber sido demandados en esta acción de tutela; y, DENEGAR respecto a la Jueza demandada, conforme a los siguientes fundamentos jurídicos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, ante la apelación incidental formulada contra la Resolución que le impuso la medida cautelar de detención preventiva, la autoridad demandada, en lugar de remitir el Testimonio de Apelación con las piezas relevantes, envió todo el cuaderno procesal en original ante el Tribunal de alzada, el cual devolvió el mismo; originándose con ello, una dilación indebida en la tramitación del recurso; por lo que, solicita la concesión de tutela y se ordene la remisión del Testimonio de Apelación correspondiente.
En consecuencia, correspondía en revisión, que la verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, debió analizar los siguientes temas:
- a)De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante;
- b)La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares;
- c)Sobre la apelación oral de las resoluciones relativas a las medidas cautelares de carácter personal; y,
- d)Análisis del caso concreto.
II.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante
Conforme se señaló en la , el constituyente boliviano estableció la acción de libertad como mecanismo constitucional de protección de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, frente a acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos señalados precedentemente.
En el ámbito de su carácter procesal, es factible resaltar la característica de la generalidad, por cuyo mérito es posible dirigir la acción de libertad contra toda persona natural responsable de la vulneración o la amenaza de los derechos señalados anteriormente, sin importar la condición de autoridad, servidor público o persona particular; es decir, al tratarse de la protección de tales derechos, la jurisdicción constitucional no reconoce ninguna clase de fueros ni privilegios a favor de los responsables de las presuntas vulneraciones.
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