0533/2022-S2

La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo expresó que:

1. a)Contaría con un estudio de postgrado a nivel maestría en educación superior; por lo que, cumplió con el requisito para postular a la convocatoria del claustro universitario para la elección de Director de la Carrera de Trabajo Social, sin que el Estatuto de la UAGRM haya establecido la exigencia de una maestría específica;
2. b)Pese a que, presentó el requisito señalado, fue inhabilitada a través de un listado, sin haber identificado las razones de su inhabilitación, impidiendo que conozca las observaciones y subsanarlas, condenándola sin un proceso previo;
3. c)La fase de observaciones precluyo; no obstante, fuera del plazo previsto, los miembros de la Corte Electoral Universitaria de oficio objetaron su candidatura;
4. d)Al impedir su participación en las elecciones de la UAGRM, sin argumentos suficientemente motivados y desconociendo la normativa interna, se vulneró su derecho político garantizado por los arts. 26 de la CPE; y, 23 de la CADH; y,
5. e)Correspondería conceder la tutela reclamada, y en consecuencia, anular la Resolución C.E.U. 114/2021, disponiendo mantener su habilitación para participar como candidata en el claustro universitario.

María Goretty Caballero Padilla, Presidente de la Corte Electoral Universitaria de la UAGRM, mediante informe escrito presentado el 14 de julio de 2021, cursante a fs. 160 y vta., manifestó que:

1. 1)No se notificó a Dolly Pardo Ortiz, postulante habilitada para el claustro universitario, que debió ser convocada como tercera interesada para que formule sus alegatos en ejercicio de su derecho a la defensa; y,
2. 2)La acción de amparo constitucional sería improcedente al concurrir acto consentidos libre y expresamente; debido a que, la candidatura fue reemplazada por Mirtha Eugenia Durán Guerrero. En audiencia de garantías María Goretty Caballero Padilla, Presidenta; Oswaldo Flores Chumacero, Secretario General; y, Julián Ibarra Huallpa y Fidel Mariaca Gonzáles, todos miembros de la citada Corte Electoral, a través de su abogado refirieron que:
3. i)La acción tutelar sería improcedente debido al acto consentido configurado, al haberse reemplazado la candidatura que se reclama; y,
4. ii)La inhabilitación de la accionante se debió a que la maestría en educación sería propia o afín a la Facultad de Humanidades y no a la de Ciencias Jurídicas, Políticas Sociales y Relaciones Internacionales, que cobija a la Carrera de Trabajo Social. I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 112 de 14 de julio de 2021, cursante de fs. 169 a 173 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución C.E.U. 114/2021, ordenando que los demandados en el plazo de veinticuatro horas emitan una nueva resolución habilitando a la solicitante de tutela; con base en los siguientes fundamentos:

1. a)La interpretación literal del art. 5 inc. b) de la Convocatoria 001/2021 al claustro universitario, estableció como requisitos "'...ser profesional con título a nivel licenciatura de la misma carrera o de una carrera [afín] y tener grado de maestría [afín] a la carrera, títulos que deben ser expedidos por el Sistema Nacional de Universidades Públicas...'" (sic), en una interpretación conforme a la Constitución Política del Estado y los Tratados de Derechos Humanos, esta debe ser favorable y pro persona; la que mejor garantice el acceso al derecho político; y,
2. b)La interpretación que realizaron los demandados no fue razonable afectó otros derechos; por lo que, debería habilitarse la candidatura de la accionante; en virtud a que, el aludido artículo de la indicada Convocatoria no establecería de forma taxativa que el título de maestría, sea de otra facultad y no de la que la candidata postula; no aceptar la misma implicaría una discriminación dentro de las propias carreras y de los títulos profesionales, como sería el grado académico referido.

Al respecto, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: "...la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia:

1. i)Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma;
2. ii)La noción de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución;
3. iii)La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y,
4. iv)Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas:

1. a)Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
2. b)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
3. c)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales" (las negrillas son nuestras).