0535/2019-S1

Sintesis del caso

Sintesis de la ratio decidendi

Se concede en parte la acción de amparo constitucional, respecto a la lesión de debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones, debiendo pronunciarse una nueva resolución.

Extracto de la ratio decidendi

FJ.III.3. “Bajo ese entendimiento jurisprudencial y de los aspectos conocidos por esta jurisdicción constitucional, se tiene que la Resolución de Recurso Jerárquico 54, emitida por la autoridad demandada incumplió con los requerimientos del debido proceso exigidos por la jurisprudencia constitucional, ya que como se tiene mencionado en la verificación efectuada sobre el elemento congruencia, si bien los agravios tercero y cuarto fueron respondidos, y los mismos tienen relación entre sí; empero, la respuesta otorgada a dichos agravios no contienen la debida fundamentación y motivación, al no haber explicado la autoridad demandada qué prueba fue valorada y en qué términos, y más bien se limitó a señalar de manera genérica que la Resolución de primera instancia estableció responsabilidad administrativa enmarcándose en el principio de legalidad y debido proceso y que fue confirmada por la Resolución de segunda instancia; asimismo, dispuso que la prueba de descargo no fue idónea ni suficiente; sin embargo, no explicó las razones de hecho y de derecho sobre la falta de idoneidad probatoria y su insuficiencia, no llegando a dejar claramente establecido cómo se arribó a esa conclusión, incurriendo así la Resolución estudiada en la carencia de la debida fundamentación y motivación. Consiguientemente, la falta de congruencia, de fundamentación y motivación advertidas en la Resolución analizada, hace que esta se convierta en vulneradora del debido proceso, puesto que como se tiene citado en la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, toda decisión sea esta judicial o administrativa debe necesariamente contemplar una debida fundamentación y motivación para conocer la razón de la decisión y debe responder a las denuncias planteadas en los recursos de impugnación, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, ya que lo contrario, lesiona efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del Tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados; por lo que, al no haber sido tomados en cuenta los fundamentos de esa jurisprudencia por el Gerente General de la CNS a tiempo de dictar la ulterior decisión asumida, deben dejarse sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 54 y su Auto complementario, a efectos de que la referida autoridad jerárquica demandada emita una nueva decisión, reparando las violaciones de derechos fundamentales desarrolladas en este fallo”.

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2019-S1 Sucre, 15 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 27326-2019-55-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 001/2019 de 15 de enero, cursante de fs. 394 a 398, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jenny Lecoña Tonconi, representada legalmente por Nelson Kamilo Fernández Tórrez contra Juan Carlos Meneses Copa, Gerente General; y Veruschka Remedios Gironda Mérida y Miguel Ángel Antezana Pessoa, ex y actuales Autoridades Sumariantes Regional La Paz, respectivamente; todos de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 y 23 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 208 a 219; y, de 222 a 227, el representante legal de la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A denuncia de la paciente María Hilda Machicado López -tercera interesada-, se abrió proceso sumario en su contra, en su calidad de médico de la CNS Regional La Paz, en el que se emitió Resolución Sumarial ASRLP/008/2017 de 10 de abril, que estableció su responsabilidad administrativa con una suspensión de quince días sin goce de haberes, por no haber internado a la indicada paciente el mismo día de la consulta; sin embargo, la referida Resolución no cumplió con la debida fundamentación ni el debido proceso, ya que citó parte de la prueba de descargo, omitiendo su valoración, análisis y consideración; consiguientemente, formuló recurso de revocatoria argumentando que el fallo de primera instancia no consideró la evolución del tratamiento de 1 de abril de 2015, que según las ecografías obstétricas de 31 de mayo de igual año y laboratorios clínicos de 27 de febrero y 30 de marzo de idéntico año, el embarazo de la paciente estaba dentro de los parámetros normales, que el 22 de abril del citado año la misma no registraba signos de parto y que en vez de retornar al día siguiente, como se le había prescrito, recién lo hizo a los dos días.

Emitida la Resolución de Recurso de Revocatoria 004/2017 de 6 de junio, se confirmó la Resolución de primera instancia, confundiendo el alcance de prueba pre constituida con el de plena prueba, aplicándose el principio de prueba tasada para hallarla responsable de los actos denunciados, pues se consideró que los informes de auditoría eran dictámenes que hacían plena prueba y solo eran rebatibles a través de un nuevo dictamen. Por otra parte, la Resolución de segunda instancia se limitó a resumir la declaración testifical de Marcelino Ricardo Cuéllar Bautista -producida en segunda instancia-, sin valorarla, y con relación a las demás pruebas de descargo, como el historial clínico de la paciente, literatura médica aplicable y declaraciones testificales de Johnny Jesús Gonzáles Rivera y de la accionante, ninguna fue analizada; por lo que, la falta de valoración de pruebas invocada en el recurso de revocatoria no fue corregida, afectando el derecho al debido proceso, al incumplir el deber de fundamentación y de responder a los agravios manifestados en la respectiva impugnación, para cumplir con la congruencia entre lo pedido y lo resuelto.

En ese contexto, interpuso Recurso jerárquico, denunciando la falta de notificación con el Informe de Auditoría Médica 60/2015 de 25 de agosto, que existía errónea ponderación del referido Informe, ausencia de valoración de la prueba de descargo, pues la Autoridad Sumariante -se reitera-; es decir, solo transcribió la declaración testifical de Marcelino Ricardo Cuéllar Bautista sin valorarla, sucediendo peor aún con el historial clínico de la paciente, literatura médica aplicable y las declaraciones de Johnny Jesús Gonzáles Rivera y de la impetrante de tutela, pues ninguna fue analizada en la Resolución del Recurso de Revocatoria; finalmente, arguyó que la prueba aportada y no valorada demostraba que no incurrió en ningún acto de responsabilidad administrativa, ya que la paciente no representaba un alto riesgo, quien además no siguió la orden médica de constituirse al día siguiente, no siendo evidente el incumplimiento de normativa de atención al paciente. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2017, presentó prueba de reciente obtención, consistente en la pericia médico legal de Luisa Fernanda Monroy López.