0535/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2019-S3 Sucre, 2 de septiembre de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 28409-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 2/2019 de 4 de abril, cursante de fs. 227 a 231 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Henry Ángel Sandoval Jiménez en representación del Instituto Geográfico Militar (IGM) y Catastro Nacional Distrito Santa Cruz contra Manuel Limberth Rojas Cavero, Director Nacional de Derechos Reales (DD.RR.) y Alfredo Aurelio Echeverría Guardia, Juez Registrador de DD.RR. del departamento señalado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 29 de enero, 7 y 27 de febrero de 2019, cursantes de fs. 100 a 118, 139 a 140 y 143 a 158 vta. respectivamente, la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por mandato del art. 298.II.12 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece como una de las competencias exclusivas del nivel central del Estado la "...Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales; geodesia..." (sic), el IGM es competente para la elaboración de planos catastrales georeferenciados, mapas cartográficos oficiales, los cuales vino realizando desde su creación; sin embargo, en el último tiempo hubieron innumerables denuncias de usuarios indicando que "...por presentar sus documentos acompañados del Plano Castastral Georeferenciados del IGM su trámite fue rechazado..." (sic); por lo que, acudió ante el Juez Registrador de DD.RR. del departamento de Santa Cruz, mediante notas y memoriales que datan desde el 19 de febrero de 2016 hasta el 24 de septiembre de 2018, pidiendo explicaciones y fundamentos por los que resolvieron ordenar el rechazo de trámites de usuarios que presentaron su documentación con plano catastral del IGM; solicitudes en primera instancia dirigidas al Juez Registrador referido, quien jamás dio respuesta alguna aspecto por el que recurrió al Director Nacional de DD.RR. que tampoco respondió.

Esta falta de contestación a las innumerables solicitudes realizadas por la institución, vulneró de manera sistemática y sin justificación alguna, su derecho a la petición que se encuentra establecido en el art. 24 de la CPE; ya que ante el silencio de la entidad denunciada se desconoce la razón, acto administrativo o sustento legal que hubiera llevado al Juez Registrador de DD.RR. aludido, a tomar la arbitraria decisión de rechazar los trámites de las personas que desean perfeccionar su derecho propietario con la inscripción en dicha repartición estatal, adjuntando los registros y planos de catastro rural y urbano extendidos por el IGM, evidenciándose que "...la Dirección Nacional de Derechos Reales, no esta actuando de acuerdo al principio de transparencia y acceso a información; dejando a un sinnúmero de usuarios con tramites pendientes en el departamento de Santa Cruz, los mismos que acuden ante nuestra institución que es pública para procurar la devolución de los importes cobrados por los servicios catastrales brindados, generando una afectación a las arcas estatales, y dejando a una instancia o institución pública mutilada para cumplir con sus competencias y atribuciones constitucionales, lo que también supone mutilar sus ingresos propios, dejándonos en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad que pone en riesgo la continuidad de los servicios..." (sic) que presta la institución.

Como constancia del perjuicio y rechazo de trámites por parte de DD.RR., se detalló al menos siete casos de negativa a la prosecución de estos con similares argumentos, siendo uno de ellos que a la letra dice "...DE ACUERDO AL INFORME 15/2016 DE FECHA 08/05/2016 EMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS REALES EN EL CUAL MENCIONA QUE LA OFICINA DE DERECHOS REALES DEBE REGIR SUS ACTOS ACORDE A LEY QUE LAS ENTIDADES COMPETENTES LLAMADAS POR LEY PARA LEVANTAMI[E]NTO Y EMISION DE PLANOS Y CERTIFICADOS CATASTRALES SON EL INRA, MUNICIPIOS Y CATASTRO, POR LO QUE NO SE PUEDE DAR CURSO A TRÁMITES CON PLANOS Y CERTIFICADOS CATASTRALES EMITIDOS POR EL IGM" (sic); evidenciándose, el estado de indefensión en el que se encuentran los usuarios, debido a que el registro público de DD.RR. omite e incumple preceptos constitucionales, las leyes y decretos supremos que amparan el trabajo que realiza el IGM y Catastro Nacional, al realizar observaciones arbitrarias e ilegales en desconocimiento de las funciones y atribuciones de dicha entidad, desmereciendo así la legalidad de los planos catastrales sin tener tal tuición ni competencia para ello. Lo peor de todo es que la indicada institución jamás fue notificada con resolución alguna que disponga la invalidez de los documentos que extiende o que haya perdido competencia para levantar la carta catastral y científica urbana y rústica del Estado y el registro de los planos catastrales, extremos que no podrían efectuar los funcionarios demandados, ya que no tienen competencia para derogar leyes que establecen no solo la creación del Instituto citado sino también sus competencias que se encuentran en vigencia.

En consecuencia, se advierte que las autoridades de DD.RR. no comprenden que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene competencia para catastro rural, que no llega a ser lo mismo que el levantamiento del catastro nacional consistente en el registro e inventariación de las propiedades rurales después de ser saneadas por la institución encargada, con el entendimiento del catastro rústico legal que es el proceso de saneamiento legal de propiedades rústicas por el INRA para luego ser inscritas en el catastro rural administrado por el IGM; aspectos que se encuentran debidamente detallados en la normativa nacional vigente.

Esta actuación omisiva de las autoridades de DD.RR. por falta de respuesta a las innumerables notas y memoriales cursados, lesionan no solo el derecho a la petición sino también a la "seguridad jurídica" y al debido proceso, siendo que todas las autoridades están obligadas a contestar los requerimientos efectuados oportunamente; es decir, a otorgar una contestación debidamente motivada, pronta y oportuna como lo reconoce la jurisprudencia constitucional al respecto.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulneradas