0536/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0536/2019-S3 Sucre, 2 de septiembre de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 28413-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 25/2019 de 1 de abril, cursante de fs. 234 a 235 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Remberto Valverde Montaño y Teresa Vargas Becerra contra Darwin Vargas Vargas y Janeth Fernanda Quiroga Aparicio, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 de octubre y 8 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 146 a 174 y 176 a 182, los accionantes, expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la demanda de nulidad de contratos, reconocimiento de parte sucesoria y ganancial, declaración de propiedad de mejoras, refacciones, reparaciones propias y de carácter ganancial más pago de daños y perjuicios que interpusieron contra Enriqueta Vargas Becerra, Eduardo Ochoa Villarroel, Freddy Eduardo y Cesar Neil Ochoa Vargas, Joseneide María Feitosa de Oliveira y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Jesús Nazareno" Limitada (Ltda.), los Vocales demandados realizaron el sorteo anticipado de la apelación concedida en efecto suspensivo signada con 283/2017, aplicando ilegalmente el Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia "23/2012", del cual nadie tenía conocimiento ni constaba en el expediente, por lo que dudan de su existencia.

Ante la posibilidad que el Acuerdo mencionado hubiese sido emitido, aducen que este debió ser de aplicación exclusiva en el Tribunal Supremo de Justicia y no en los Tribunales Departamentales de Justicia; consiguientemente, el sorteo anticipado no estaba regulado expresamente; además, si existiese debió efectuarse previo traslado de partes, lo que nunca se dispuso y, de ninguna manera notificarlos en tablero judicial con dicho sorteo, debiendo practicarse la diligencia judicial en el domicilio procesal señalado en el expediente; de la lectura del libro de apelaciones en efecto suspensivo, hasta el 18 de junio de 2018, no consta en ningún lugar, que el expediente de referencia hubiese ingresado con el mencionado sorteo.

Los demandados emitieron el Auto de Vista 007/2018 de 14 de febrero, notificando a todas las partes en el tablero judicial, existiendo "...recurso de casación pendiente..." (sic), incumpliendo la jurisprudencia constitucional; así, no fueron emplazados legalmente conforme al art. 267 del Código Procesal Civil (CPC), para que pueden recurrir de casación; también, la Oficial de Diligencias de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, informó indicando que se notificó a todos el mismo día con diferencias de minutos "...colocándonos en una situación de indefensión, debido a que no les daría tiempo a cada una de las partes para que realicen su respectiva fundamentación a los efectos de plantear el correspondiente recurso de casación (...) ES UN DERECHO PROCESAL QUE TENEMOS CADA UNA DE LAS PARTES, QUE SÓLO PODEMOS EJERCERLO SI SE NOTIFICA A CADA UNA DE LAS PARTES POR TURNO..." (sic).

Por último, denunciaron la ejecución ilegal del mandamiento de desapoderamiento de 16 de octubre de 2018, ordenado por el Juez de la causa, "...mandamiento que fue ejecutado y tramitado de forma totalmente irregular, rápida y violenta ante el Comando Departamental de la Policía, toda vez que se ha ejecutado el mencionado mandamiento ordenado a través del decreto de fecha 08 de octubre de 2018, sin facultad de allanamiento y sin la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el cual ordena que se libra mandamiento de lanzamiento a ser cumplido por el oficial de diligencias del juzgado con ayuda de la fuerza pública y en ningún caso menciona que sea con facultad de allanamiento..." (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados