Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0536/2019-S4 Sucre, 23 de julio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad
Expediente: 28047-2019-57-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 01/2019 de 12 de marzo, cursante de fs. 71 a 77, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Junior Espinoza Medrano y Jhonny Luis Pinto Céspedes en representación sin mandato de Alfredo Bellido Chiri contra Patricia Torrico Ortega y Víctor Gonzáles Milán (convocado), Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2019, cursante de fs. 45 a 51 vta., el accionante, mediante sus representantes sin mandato, denunció lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A través de Auto Interlocutorio de 2 de agosto de 2018, el Juez de Instrucción Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario "San Pablo" de Quillacollo de Cochabamba al estimar concurrentes los presupuestos procesales previstos en los arts. 233.1 y 234.1, 2 y 10 "y los numerales 1 y 2" del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiendo probado la existencia del elemento arraigador familia, decisión que sufrió una modificación en el Auto de Vista de 20 de agosto del mismo año, en el que se dio por enervado el riesgo procesal del art. 234.10 y latentes demás riesgos procesales.
Posteriormente mediante el Auto Interlocutorio de 2 de octubre del mencionado año, la autoridad de la causa tuvo por acreditado el elemento arraigador domicilio y enervado el art. 235.1 del referido Código adjetiva penal, manteniendo los riesgos procesales del art. 234.1 y 2, por no valoración de actividad lícita, y del art. 235.2 del mencionado Código, manteniéndose dicha decisión en la Resolución de 12 de mismo mes y año, en el Auto de 8 de noviembre de 2018, Auto de Vista de 7 de diciembre de igual año y Auto de 21 de enero de 2019.
En la audiencia de 7 de febrero de 2019, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Quillacollo del indicado departamento, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva por no haberse probado la existencia de una actividad lícita, persistiendo los riesgos procesales antes descritos, acto en el que su defensa interpuso recurso de apelación incidental, la misma que fue sorteada a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, compuesta por Patricia Torrico Ortega y Víctor Gonzáles Milán (convocado), hoy demandados, habiéndose celebrado audiencia de consideración el 26 del referido mes y año, en la que se tuvo por acreditado el elemento trabajo, desvirtuándose los riesgos establecidos en el art. 234. 1 y 2 del CPP, manteniéndose únicamente el presupuesto previsto en el art. 235.2 del citado Código, sin embargo, la Vocal Patricia Torrico Ortega, en lugar de emplear la línea jurisprudencial que determina la imposibilidad de aplicar o mantener la detención preventiva en base a un solo riesgo procesal, remitiéndose al fundamento señalados en el acta de aplicación de medidas cautelares de 2 de agosto de 2018, consideró que lo correcto era mantenerlo con detención preventiva, convirtiendo su privación de libertad en indebida.
Denunció que los Vocales demandados, no fundamentaron ni motivaron su decisión de mantenerlo con detención preventiva, por cuanto basaron su fundamentación de rechazo de la cesación en un solo elemento, sin efectuar una evaluación integral de su conducta procesal a efecto de fallar de la manera menos gravosa en relación a él, conforme establecieron las y ; al contrario, convirtiendo lo accesorio en principal, de modo arbitrario decidieron mantener su detención preventiva con base en el análisis de un solo riesgo procesal. Tampoco indicaron cuáles son los elementos de convicción objetivos que les permitió llegar a la conclusión de que lo más razonable era optar por la persistencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, quebrantando su obligación de motivar sus decisiones, violando el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y motivación.
Mucho menos fundamentaron de forma correcta la subsistencia del riesgo procesal citado en su conducta procesal ni cayeron en cuenta en que lo establecido en la Resolución de 26 de febrero de 2019, era una conclusión irrazonable no objetivamente demostrada y basada únicamente en presunciones y suposiciones que no le será posible desvirtuarlo porque, según los jueces y tribunales, persiste hasta la ejecución de sentencia; en consecuencia, constituye una condena de facto en contra suya, vulnerando sus derechos a la presunción de inocencia y a la libertad; y el principio de proporcionalidad. Asimismo, no consideraron los principios rectores de las medidas cautelares, en especial el de excepcionalidad en la privación de libertad.
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