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TCP

0536/2025-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de noviembre de 2025
Resumen del caso

Auto 0536/2025-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0536/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025

Expediente: 76779-2025-154-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz

En consulta la Resolución 85/2025 de 26 de agosto, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por la Jueza Disciplinaria Primera de El Alto del departamento de La Paz, por la que rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Reyna Martiza Brañez Serrano, demandando la inconstitucionalidad del art. 30.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, por ser presuntamente contraria a los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 18 de agosto de 2025, cursante de fs. 15 a 23, la accionante manifestó que, en el marco del proceso disciplinario seguido contra su persona por Dennis Moisés Daza Mier, Encargado de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, la nombrada en calidad de Jueza Pública Civil y Comercial Octava de El Alto del departamento de La Paz, "impugna" el art. 30.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, por cuanto restringe el ejercicio de su derecho a la defensa, al prohibir la admisión de incidentes y excepciones, salvo los referidos a prescripción y cosa juzgada; esta limitación resulta arbitraria e inconstitucional; ya que, impide a la persona sometida a proceso disciplinario a plantear mecanismos para cuestionar irregularidades sustanciales, tales como el incidente de nulidad del auto de admisión o excepciones por falta de tipicidad, improcedencia, falta de legitimación pasiva o inexistencia del hecho imputado, esta omisión obliga a la autoridad a resolver directamente sobre el fondo del asunto, sin considerar defectos procesales que podrían determinar el rechazo de la imputación.

A su vez, la prohibición contenida por el art. 30.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, vulnera derechos y garantías constitucionales consagrados por los arts. 115 y 119 de la CPE; además, de contradecir tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme al art. 410 de la Norma Suprema.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en casos como Barreto Leiva vs. Venezuela y Cabrera García y Montiel Flores vs. México- estableció que el derecho a la defensa debe garantizarse durante todo el procedimiento sancionador, incluyendo desde su inicio, cualquier norma que limite injustificadamente su ejercicio resulta contraria al debido proceso, en ese marco, el principio pro persona, reconocido por el art. 29 de la CADH, exige interpretar las normas de forma más favorable a la persona, ampliando y no restringiendo sus garantías procesales; asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sostuvo que la acción de inconstitucionalidad concreta procede cuando la norma impugnada es determinante para la resolución del caso, situación que se configura plenamente en este proceso; ya que, la aplicación del art. 30.I del citado Reglamento, impide el planteamiento de mecanismos de defensa que podrían incidir directamente en la resolución final.

Por lo expuesto, solicita que se declare la inconstitucionalidad del precepto cuestionado y se disponga retrotraer el proceso disciplinario al estado anterior a su aplicación, permitiendo el ejercicio pleno del derecho a la defensa mediante la formulación de incidentes y excepciones pertinentes.

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Tribunal Constitucional Plurinacional27 de noviembre de 20250536/2025-CAFuente oficial