Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0538/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 76707-2025-154-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba
En consulta la Resolución de 13 de agosto de 2025, cursante de fs. 760 a 772 vta., pronunciada por el Tribunal Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura por la que se "denegó" la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Álvaro Javier Huari Maldonado, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 207.II en la frase "La iniciación del proceso Disciplinario interrumpe la prescripción" de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); y, 109 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobada por Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero por ser presuntamente contrarios a los arts. 1, 9.4, 109, 115.II, 116.I, 117.I, 119.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 y 8.1, de Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 14 de julio de 2025, cursante de fs. 698 a 718, el accionante al momento de interponer excepción de prescripción, dentro del proceso disciplinario seguido de oficio contra su persona, en el OTROSÍ "1º".- formuló la acción de inconstitucionalidad concreta contra los arts. 207.II en la frase incompleta "'La iniciación del proceso Disciplinario interrumpe la prescripción"' de la LOJ; y, 109 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobada por Acuerdo 020/2018, habiéndose señalado audiencia pública de declaración informativa y producción de prueba para el 15 del citado mes de 2018.
Señala que, al haberse formulado la excepción de prescripción los preceptos cuestionados, serán aplicados para dilucidar su solicitud, existiendo el riesgo inminente de que se declare improbada la nombrada excepción, por establecerse que se operó la interrupción del término de la prescripción con la interposición de la denuncia y que con ello no puede proceder su solicitud; es decir que, deberán decidir si declaran probada o improbada la excepción de prescripción aplicando los principios de legalidad, debido proceso, verdad material, seguridad jurídica, y cuyo contenido se encuentra reconocido en los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), los principios pro actione, pro homine; así como, la garantía de ser sometido a un proceso dentro de un plazo razonable; ya que, de aplicarse a letra muerta lo dispuesto en los artículos impugnados, debiendo considerarse el derecho al debido proceso en su vertiente a ser juzgado en un tiempo razonable, refiere que de declararse improbada su excepción, a pesar de ser la disposición francamente inconstitucional, al determinar un juzgamiento que se interrumpe con el inicio del proceso disciplinario; sin embargo, precisa que no indica que desde la interrupción de dicho término empieza a correr el plazo nuevamente, por lo menos no expresamente.
Indica que la prescripción permite la consolidación de una situación jurídica por defecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho o perturbando una renuncia o abandono a un determinado derecho; en el ámbito penal la prescripción consiste en la cesación de la potestad punitiva del Estado después de transcurrido el período de tiempo fijado por ley, operando tanto para la acción, aplicación y ejecución de la pena, lo que supone que opera en el ámbito del derechos sustancial (prescripción de la pena) y el derecho procesal (prescripción de la acción penal), habiendo considerado ambas el legislador boliviano; puesto que en el ámbito penal tiene su fundamento en el principio de seguridad jurídica y la preservación del derecho fundamental del imputado o procesado a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, lo contrario significaría una situación de incertidumbre e indeterminación. Conforme a ello esa indeterminación e incertidumbre provocaría la inactividad estatal o la falta de diligencia debida en el ejercicio del ius puniendi, vulnerando los principios de seguridad jurídica, atentando el valor supremo de justicia, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, quedando completamente definido que la inactividad o negligencia del Estado en la persecución penal lesiona el derecho fundamental que tiene toda persona imputada por la comisión de algún deleito de ser juzgada y procesada en un plazo razonable, y para evitar esa situación de indeterminación se creó la figura de la prescripción si bien se refieren al ámbito penal es siendo aplicable a los disciplinarios; además, de ser dicho instituto considerado como un medio de defensa.
Conforme a ello se evidencia que la norma establece que la prescripción se interrumpe con la iniciación del proceso disciplinario; sin embargo no señala de manera expresa que desde ese momento se compute nuevamente el término de la prescripción, pues la falta de especificación no es un medio idóneo para lograr mayor celeridad, ni garantizar mejor los derechos de los disciplinados, al contrario se tendrá la vulneración absoluta y sistemática del debido proceso, la presunción de inocencia de manera sistemática al sustanciarse procesos disciplinarios de forma indefinida, violando el principio de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, pues al no especificar que una vez interrumpido el proceso disciplinario empieza a correr nuevamente el plazo de la prescripción, siendo una limitación al derecho al debido proceso en su vertiente a ser juzgado en un plazo razonable, por otra parte en cuanto a la proporcionalidad strictu sensu tiende a establecer si el grado de afectación del derecho fundamental se encuentra justificado por el fin perseguido, en ese sentido al dar un tiempo indefinido a la tramitación del proceso disciplinario una vez que es interrumpida la prescripción con el inicio del proceso disciplinario no se encuentra justificado, pues implica una situación sumamente grave y desproporcional para todos los procesados.
Por otra parte señala que, al no establecer que una vez interrumpido el plazo de la prescripción con la iniciación del proceso disciplinario, vulnera derechos fundamentales al debido proceso, porque permitiría que una vez iniciado el proceso disciplinario este se torne en indefinido, desconociendo la presunción de inocencia, la defensa, pues conforme transcurre el tiempo existe dificultad de recolección de medios probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia, convirtiendo dicho instituto en uno de mera existencia y no de resultados, conforme los estándares internacionales.
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