0540/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0540/2019-S1 Sucre, 15 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 23535-2018-48-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 01/2019 de 22 de mayo, cursante de fs. 333 a 336 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Irma Frecia Viscarra Vda. de Blacutt contra Oscar Chávez, Presidente; Ricardo Pérez Andrade, Vicepresidente; e, Benjamín Mendoza Pardo, Vocal, todos miembros del Directorio de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL); Miguel Ángel Zambrana Aguilar, Representante del Comando General; David Walter Tarqui Chuquimia, María Elizabeth Gomez Reyna Representantes de Sargentos, Cabos y Policías (SS.CC.PP.) y Administrador del Servicio Activo; y, Santos Llapacu Quiroga, Representante de SS.CC.PP. y Administrador del Servicio Pasivo, todos de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 y 20 de marzo de 2018, cursantes de fs. 100 a 116 y 125 a 142 vta., y memorial de 7 de mayo de 2019 cursante de fs. 169 a 170, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de derecho habiente de su fallecido esposo René Manuel Blacutt Marañón, Oficial de la Policía Boliviana, la Comisión Nacional de Prestaciones previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, la benefició con la renta básica de viudez equivalente al 40% de la renta que por invalidez recibió su causante, así como la renta de orfandad a favor de sus hijos menores de edad a partir de julio de 1978; del mismo modo, el Fondo Complementario de Seguridad Social de la Policía Boliviana resolvió asignarle la renta complementaria de viudez y orfandad a partir de octubre del citado año.

Refirió que, sin solicitar ni efectuar trámite alguno fue favorecida también de manera directa con el pago del complemento económico al sector pasivo y derecho habientes de la nombrada entidad; sin embargo, el 2015 sin explicación alguna, dejaron de cancelarle dicho beneficio en mérito al Informe DBE/UCE/VORS 401/15 de 22 de septiembre de 2015 emitido por el área jurídica de Complemento Económico de la MUSERPOL, en cuyo listado de casos observados se la consignó como excluida ya que conforme al Reglamento General de Beneficio del Complemento Económico de la gestión 2015, debió acreditar un mínimo de dieciséis años continuos de servicio de su causante en la Policía Boliviana, además de presentar fotocopia de agradecimiento de servicios, requisitos que resultan imposibles de obtención y cumplimiento pues su cónyuge falleció en cumplimiento de sus funciones, luego de haber servido a la referida institución por diez años y seis meses.

Agregó que, hechas las observaciones pertinentes, mediante Informe DBE/UCE/VORS 42/17 de 24 de marzo de 2017, expedido por el Área Legal de Complemento Económico de la MUSERPOL, se le informó que se dispuso la suspensión del complemento del cual fue beneficiada por más de quince años de forma ininterrumpida, alegando que, en la gestión 2010, se canceló el subsidio del complemento económico como un reconocimiento de las funciones a lo largo de la carrera policial, mismo que no constituye una nivelación ni complemento a la seguridad social a largo plazo, debiendo ser cancelado al personal del servicio pasivo de la Policía Boliviana de manera inversamente proporcional; asimismo, cita una serie de normas administrativas por las que se dispuso la suspensión de este complemento, pese a que las mismas datan del 2013 para adelante concluyendo en la imposibilidad de dar curso a su solicitud de rehabilitación del pago, debido a que su fallecido esposo no acreditaba los dieciséis años continuos en la Policía Boliviana y -según entienden- no se le debió cancelar el complemento económico -el cual no forma parte del Sistema de Reparto ni del Sistema Integral de Pensiones-, ya que sólo beneficiaría a rentas en calidad de titular o derecho habiente por vejez, y no de derechohabiente por invalidez, incurriendo de ésta manera en imprecisiones y justificaciones erróneas.

Manifestó que, notificada con el citado Informe, el 18 de abril de 2017 interpuso recurso de impugnación, que fue rechazado a través de la Resolución Administrativa 20/2017 de 27 de igual mes, omitiendo en su fundamentación referirse a la naturaleza jurídica del complemento económico y respecto a la laguna jurídica existente con relación a los casos especiales de viudas excluidas de este complemento ante el fallecimiento en servicio de sus esposos con anterioridad a la acreditación de dieciséis años de servicios tal como ocurre en su caso particular, remitiéndose tan solo a las previsiones contenidas en el Decreto Supremo (DS) 1446 de 20 diciembre de 2012, respecto a los requisitos exigidos así como a la naturaleza extra social que decidieron otorgarle al tantas veces nombrado complemento económico.

Señaló que, a fin de hacer prevalecer el derecho social adquirido y consolidado como titular en calidad de derecho habiente, interpuso recurso de revocatoria el 14 de junio de 2017, que mereció la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 022/2017 de 6 de julio, por el cual el Director General Ejecutivo de la MUSERPOL confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, manteniendo firme y subsistente el Informe DBE/UCE/VORS 42/17, reiterando la vigencia del DS 1446, junto a una interpretación sesgada, imprecisa y acomodaticia respecto a la relación existente entre el complemento y la esfera social, modificándose una vez más los requisitos exigidos para la obtención de éste beneficio, pues ya no se exigiría la densidad de los dieciséis años continuos al servicio de la Policía Boliviana, pudiendo ahora ser acreditado de manera discontinua. Asimismo, ratificaron que otro de los motivos por los que se encontraría excluida de ese beneficio económico radica en que es derecho habiente en curso de pago de la prestación que por invalidez le hubiera correspondido a su causante, reiterando que el complemento económico no formaría parte del Sistema de Reparto ni del Sistema Integral de Pensiones, así como por la falta de cumplimiento de los requisitos.

En ese contexto, el 25 de julio de 2017 presentó recurso jerárquico, que fue resuelto a través de la Resolución de Directorio 33/2017 de 25 de agosto, que confirmó la Resolución Administrativa impugnada, dando por bien hecho lo resuelto en las Resoluciones impugnatoria y de revocatoria, es decir, consintiendo la retroactividad de la norma, vulnerando de esta manera el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) que expresamente determina que toda norma es para lo venidero y la retroactividad se aplica en temas de carácter social laboral y penal cuando beneficie al reo y no así para anular o dejar sin efecto un derecho consolidado y aplicar de manera retroactiva un Reglamento que afecta sus derechos.

Consiguientemente, la aplicación del DS 1446, junto a los Reglamentos Generales del Complemento Económico por gestión aprobados por las respectivas Resoluciones de Directorio, debieron ser aplicados con posterioridad a su sanción, es decir, a partir de la aprobación del respectivo Reglamento de la gestión 2012, y no así a aquellos complementos otorgados con anterioridad, por lo que, el accionar y las determinaciones que asumieron las autoridades administrativas de la MUSERPOL vulneraron y restringieron su derecho social adquirido, pues por el principio de irretroactividad de la ley no correspondía ser aplicado a su caso en calidad de derecho habiente de su fallecido esposo al pertenecer al sector pasivo en calidad de viuda desde el 1978, percibiendo este beneficio por más que quince años, máxime si se considera un derecho de orden social debidamente protegido por la norma constitucional correspondiendo ser rehabilitado sin objeción alguna conforme previsión contenida en el art. 109 de la CPE.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela alegó la vulneración de su derecho a la seguridad social en conexitud a los derechos de orden social, a la no discriminación, a la vejez digna y a la garantía de irretroactividad de la ley; citando al efecto los arts. 14, 45, 67, 68 y 123 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de mayo de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 327 a 332, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela se ratificó en su demanda tutelar y ampliándola manifestó que, si bien la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, dispone que se ingresará al análisis de la última resolución por ser la de cierre, que en éste caso sería la Resolución de Directorio 33/2017; empero, su petitorio está orientado a solicitar la nulidad desde el Informe DBE/UCE/VORS 401/15 que suprime el complemento económico, pues de nada serviría la nulidad del último actuado que por lógica deviene de una serie de actos lesivos.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas